Auditor General exhorta a las Contralorias a revisar contratación del PAE

La Auditoría General de la Nación solicitó a las Contralorias revisar la contratación realizada a través de la Bolsa Mercantil en un programa tan sensible y con tan escasos recursos como el PAE

«Las contralorías deben verificar exhaustivamente los análisis realizados por las entidades que contratan bajo esta modalidad, con el fin de comprobar la existencia de estudios previos serios que determinen que el adquirir tales servicios en bolsa, se hará en mejores condiciones, que si se hace por fuera de ella»‘ enfatiza el auditor Nacional, Carlos Rodríguez Becerra.

Añadió Rodríguez Becerra que “el utilizar esta clase de mecanismos de contratación, dificulta el ejercicio del control fiscal por cuanto los contratos que se realizan con el operador del PAE, no son contratos estatales, sino contratos de derecho privado que suscribe el corredor de bolsa, los cuales no son rendidos en las cuentas que las entidades territoriales les rinden a las contralorías, así como tampoco son subidos en el SECOP. Los contratos rendidos corresponden a los de corretaje”

Según información suministrada por la Bolsa Mercantil, durante las vigencias fiscales de 2016 a 2018, se realizaron unos 34 procesos de contratación mediante la utilización de este
mecanismo de selección de contratistas, que involucran recursos públicos por más de $520.000.000.000 de 14 entidades que acudieron a la Bolsa, y de los cuales giraron por
concepto de comisiones y costos bursátiles asociados una cifra cercana a los $4.600.000.000, es decir alrededor del 0,94% sobre el total contratado, valor con el cual se hubieran podido suministrar unos 2.100.0001 complementos alimenticios adicionales para la población infantil.

«Este porcentaje no incluye la comisión que paga el proveedor del servicio a la firma  comisionista que lo representa ante la Bolsa Mercantil y que constituye un cargo adicional al costo del programa», señaló la Auditoría General de la Nación.

El auditor Nacional, Carlos Rodríguez Becerra, señaló que «la Auditoría no cuestiona la legalidad de dicho procedimiento contractual, pues no existe duda de que el mismo se encuentra debidamente establecido en las normas de la contratación pública del país e, incluso, en algunas oportunidades implica mayor agilidad en la solución de conflictos contractuales y menores tiempos de interrupción del servicio, en los eventos de incumplimiento por parte de los proveedores del mismo».

Además, el funcionario del orden Nacional agregó que «lo que llama la atención es el alto porcentaje de comisiones y gastos asociados en que incurren las entidades públicas, dados montos representativos de los recursos que se involucran en el programa»

Rodríguez Becerra puntualizó que «no tiene justificación que las entidades tengan que acudir a un tercero (Bolsa Mercantil), para que realice la contratación pública, cuando cuentan con la estructura administrativa necesaria para llevar acabo los procesos de contratación a través de aquellos mecanismos que no generan costos adicionales».