Motociclistas rechazan día sin moto con marcha pacífica

Mediante diez puntos, los lideres del gremio de mototaxistas de Santa Marta se pronunciaron después de conocer el decreto impuesto por la alcaldía de esta ciudad. Los conductores rechazan las medidas y saldrán a marchar marchar.

Este fue el comunicado textualmente.
1. La ciudad de Santa Marta es la deshonrosamente pionera en la adopción de medidas en contra del gremio motociclistico en la ciudad. Tal cantidad de medidas se traducen no solo en el fracaso de las implementadas anteriormente sino que además muestran un distrito con una autoridad débil que se muestra inexperta y poco práctica al momento de solucionar las problemáticas ciudadanas.

2. En la ciudad somos aproximadamente 40.000 motocicletas, ciudadanos honestos y trabajadores que utilizamos dicho vehículo para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, luego no podemos ser tildados todos como mototaxistas, sicarios y atracadores, pues tal irrespeto a nuestras personas es logrado mediante las disposiciones acusadas, estamos siendo tratados como tal, perseguidos en nuestra cotidianidad como criminales e ilegales, trato manifiestamente contrario al Derecho Constitucional al buen nombre.

3. Asimismo sea de recordar que en la ciudad existen aproximadamente 2.500 mototaxistas, número que considerado frente a las 40.000 motos que circulan en la ciudad, se estaría hablando que las prestadoras del servicio de transporte ilegal no superarían el 6% de estos rodantes, así las cosas, no puede brindarse un trato restrictivo a 37.500 motociclistas en afán de perseguir a 2.500, tal determinación es abiertamente desproporcionada, injustificada, que atenta contra nuestros Derechos Constitucionales de libre circulación por las vías (a lo que pagamos impuestos).

4. Desde el pasado mes de junio se renovó el convenio entre el distrito y la policía nacional en materia de tránsito, lo que permitió que miembros adscritos a la especialidad de tránsito y transporte retomaran funciones administrativas y sancionatorias en la ciudad. Seguidamente, y solo unos días después, dicho cuerpo policial creció en un 100% recibiendo 30 nuevos policías de esta especialidad, los cuales son apoyados por el cuerpo de reguladores y agentes de tránsito, es decir, la ciudad tiene el lujo de coexistir dos autoridades de tránsito, que además son apoyadas por otras especialidades de la policía nacional e incluso por soldados del ejército nacional. Con ello se resalta que la ciudad está en plena capacidad de atacar la ilegalidad y la criminalidad que se vale en algunos casos de las motocicletas para cometer actos contrarios a la ley, luego no debería entonces adoptarse este tipo de medidas en la ciudad, pues quienes incumplen las normas deben ser sancionados en virtud a ella, y no ser todo el gremio el excluido y perseguido para evitar hechos aislados.

5. El decreto expedido halla dos justificaciones que llevaron a su concepción. La primera de ella es la accidentalidad. Al respecto sea de manifestar que accidentes de tránsito se registran todos los días en todas las ciudades del mundo. La nuestra no es ajena, no obstante si sea de recordar que tan solo el pasado mes de junio se registraron 6 muertes en accidentes de tránsito, ninguna de ellas en motocicleta. Ahora bien, la grafica presentada en el decreto, ilustra que en el primer trimestre de 2017 y 2018, el orden de accidentalidad involucraba en un 50% las motocicletas, no obstante una lectura a las mismas cifras indican primero que un 50% no es una cifra determinante, al tiempo que el otro 50% involucra otros vehículos, por no mencionar que no se debate en las cifras la responsabilidad de quien genera un accidente, porque los motociclistas somos las principales víctimas, no victimarios, y como tal se nos debe garantizar la seguridad y la movilidad, entonces no se entiende como a otro tipo de vehículos no se les imponen medidas similares.

Así las cosas, miente el decreto al decir que la medida se toma “(…)dado los últimos hechos donde esta clase de vehículos se han involucrado en accidentes trágicos(…)”.

6. Igualmente miente el decreto al afirmar que “(…)así como la afectación a la movilidad, congestión en el tránsito vehicular, la potencial afectación de las vías(…)”, por cuanto la congestión en las vías las producen los carros, camiones, taxis y buses. No se requiere ser un experto físico para determinar que por ejemplo 15 carros producen mas congestión que 15 motos. Y es que para clarificar el error en el que se encuentra la administración en promedio el espacio que ocupa un automóvil, es el mismo que en masa ocupan 3 motocicletas, así las cosas, diáfanamente se presenta que tipo de vehículo realmente causa congestión en las diferentes vías.

7. El segundo justificante halla en materia de seguridad, en cuanto a homicidios ilustra el decreto que en el primer trimestre de 2017 ocurrieron 21 casos y en 2018 24. Ahora, estas cifras en momento alguno señalan la participación de la motocicleta, luego la cifra son solo números que en nada se relacionan con la circulación de mas de 120.000 usuarios de la motocicleta.

Ahora bien, en los primeros días del presente mes de julio, en la ciudad se han registrado 10 homicidios, y de acuerdo a informaciones otorgadas por el secretario de seguridad y el propio ministro de defensa nacional, las mismas obedecen a disputa de territorio entre bandas criminales, luego los samarios somos ajenos al objeto de dichas actividades ilícitas, más aun lo es el gremio motociclista, pues es una guerra entre bandos, de los que no pertenecemos.

Frente a los hurtos, igualmente en ascenso en cifras, sea de considerar que este delito no se comete solo en motocicletas, y en su mayoría se comete a pie. ello se deduce incluso frente a las cifras presentadas en el decreto aludido, en la cual solo se presentan números, pero jamás se menciona que las mismas han sido cometidas en motocicletas. Y es que frente al hurto no puede desatenderse el fenómeno de la migración de venezolanos que cada vez son más en la ciudad y cada vez más se asocian a esta clase de actividades delincuenciales.

Finalmente frente a estos puntos es menester manifestar que las autoridades en la ciudad deben mantener una posición activa frente al delito, no se trata simplemente de restringir la movilidad de los ciudadanos, sino garantizar de manera proactiva que todos compartamos espacios de desarrollo y cotidianidad, sin ser simplemente marginados como pretende el decreto. La ya diezmada percepción de seguridad entre la ciudadanía no mejora con comparendos de tránsito. Mejora con capturas y con desarticulación de bandas.

8. La ciudad no está preparada para abandonar siquiera de manera parcial la motocicleta, el transporte público no está en capacidad de movilizar 120.000 nuevos usuarios durante estas jornadas. Basta con recordar hasta hace un año atrás donde la medida funcionaba, eran días donde los buses excedían el ya sobrecupo, las personas llegaban tarde a sus responsabilidades, los tracones primaban, el caos se apoderaba de la movilidad. La medida era tan inútil que primeramente se pasó de dos a solo un día sin moto y luego totalmente abolida. Dicho de otro modo, la ciudad presenta en medidas de tránsito un retroceso de por lo menos 8 años.

Y es que la misma no ha sido bien recibida en la ciudadanía, basta con que se revisen las redes sociales oficiales y las de los medios de comunicación para leer el rechazo e inconformismo de los samarios ante la medida, tanto de los usuarios de las motocicletas, como de quienes no se relacionan con este tipo de vehículos.

9. Llama poderosamente la atención que la medida adoptada hoy por la administración es exactamente igual a la solicitada hace apenas una semana por ASOTRADISMAR, gremio de empresarios de buses de la ciudad. Y es que justamente fueron estos empresarios que solicitaron la implementación de dos días sin moto al mes, pero no precisamente para evitar accidentalidad en la ciudad, sino mas bien que la misma tiene una exclusiva intención económica a favor de su negocio.

Retomando la cifra de 40.000 motos en la ciudad, en promedio cada una de ellas sirve a 3 personas, incluido el conductor (no considerando mototaxistas), es decir que de las motocicletas si sirven alrededor de 120.000 personas, que es lo mismo que hablar de casi el 25% de la población total de la ciudad (490.000 habitantes para 2018 según el DANE).

Si se impide a estas 120.000 usar la motocicleta y ser direccionadas al uso de transporte público, específicamente bus, y en consideración al costo del pasaje de $1.800, estos nuevos 120.000 usuarios traerían en cada jornada nuevos ingresos por valor de $216.000.000, luego en las dos jornadas del mes el gremio de buses en la ciudad recibiría adicionales a sus jugosos ingresos $432.000.000.

Es decir, el decreto que restringe la circulación de motos, permite que el grupo de empresarios transportadores reciba más ganancias y rentabilidad, mientras que los usuarios de las motocicletas, que por cierto somos las clases mas bajas (media y baja) tendríamos que hacer un gasto adicional de manera mensual, y dado que el departamento del Magdalena es el cuarto departamento con mayor pobreza económica en el país, según el DANE, el hecho de que la administración facilite las rentas de un grupo de empresarios, frente a los intereses de 120.000 personas, contraría totalmente los postulados de un Estado Social de Derecho, cuyo presidente designó personalmente al hoy alcalde quien facilita este despropósito en contra de los intereses de los más pobres de la ciudad. Que ruin, que reprochable el pensar tal atrocidad.

Señor alcalde, se entiende el afán de evitar accidentes en las vías, de mejorar la seguridad y acabar con la prestación de un servicio de transporte ilegal, pero la adopción en ese decreto es desproporcional, absurda, margina directamente a 120.000 samarios usuarios de las motocicletas, se nos afecta gravemente al gremio motociclístico con tal propósito, la ciudad cuenta con un cuerpo solido de policías y soldados, la articulación de las autoridades debe ser encaminada a la protección de todos los ciudadanos, no simplemente marginar a unos para hacer más rentable un negocio.

Los samarios tenemos la necesidad de movilizarnos, trabajar, estudiar, etc, y la motocicleta es el medio en el cual nos desplazamos a estas obligaciones, no puede siquiera pretenderse excluirnos como actores viales para pasar al plano de usuarios del servicio ofrecido por un grupo de empresarios, en un Estado Social de Derecho los ciudadanos somos el fin mismo del Estado, y no un simple medio, las garantías deben ser brindados a todos los ciudadanos y los motociclistas somos igualmente ciudadanos, con los mismos derechos que cualquier otro, pero no podemos ser los únicos cargados con los deberes que impone la exclusión y la marginación por parte del decreto expedido y reprochado.

Las autoridades deben perseguir y amonestar con las ya existentes leyes a quienes trasgredan la paz y la tranquilidad de la ciudadanía, pero dicho propósito solo se logra con un verdadero actuar proactivo, que va mas allá de la fácil restricción y exclusión de un gremio solido y numeroso en la ciudad, la administración no puede simplemente sacar del camino a cerca del 25% de la población de la ciudad, luego sus políticas deben igualmente garantizarnos seguridad, mas allá de la hoy tristemente segura persecución.

En tales términos la comunidad motera se permite solicitar se reconsideren los términos del decreto 258 del 17 de julio de 2019, y en su lugar se reversen tales disposiciones, en consideración a lo anteriormente manifestado. De igual forma se solicita la conformación de una mesa de dialogo con las autoridades y los miembros de la comunidad motera Santa Marta, en el lugar y fecha que ustedes planteen, a fin de ser escuchados y que el trabajo de la administración escuche y considere los intereses del gremio al cual pertenecemos, ya que a hoy solo somos considerados con fines de persecución, y desatendidos como ciudadanos objeto de derechos.