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El paquidérmico regalo del gobierno del cambio

Opinión Caribe

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Lo que prometía convertirse en un proyecto de gran envergadura, terminó reducido en estructuras que amenazan con caerse, materiales regados, terrenos enmontados, y el más crudo de los casos, una comunidad que exige que le respondan. El proyecto de los CDI – Ludotecas de Ciudad Equidad y Bonda, han sido crónicas de fracasos anunciados.

Gennys Alfonso Álvarez

El período de transición de gobierno entre Carlos Caicedo y Rafael Martínez albergaba grandes esperanzas para la sociedad de Santa Marta, estaban listos para arrancar una serie de proyectos que prometían solucionar el problema de atención a la primera infancia. Nació en abril de 2015 la idea de construir dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) – Ludotecas en Bonda y Ciudad Equidad, con unos diseños particulares, llamativos y exóticos, ya que los materiales utilizados para este tipo de construcción eran sui generis, pues, hasta los datos y expertos consultados indican que en Colombia no existe una estructura en exteriores con estas características de elementos.

Las edificaciones habían sido presupuestadas para entregar 6 meses después del inicio de la obra, es decir, que por muy retrasada que estuviera la ejecución, todo debió estar listo a principios de 2016. ¿Qué ocurrió? Es lo mismo que se preguntan los afectados.

El contrato celebrado por medio de licitación pública tuvo desde el principio una serie de inconvenientes en relación con el material que se pretendía utilizar, asimismo, la inestabilidad del Contratista y la Interventoría, las cuales fueron cambiadas cuando ya empezaba a tomar otro rumbo el proyecto. Inicialmente se establecieron dos fases o frentes para el desarrollo del trabajo. El primero, está situado en el corregimiento de Bonda en un terreno baldío, el cual era utilizado por la comunidad para recrearse ya que ahí funcionaba un parque y una cancha de fútbol, y aunque era muy frecuentado del terreno aún no se conoce su titulación, es decir, se construyó sobre terrenos de nadie, por lo cual todo está perdido. Tal afirmación está sustentada en lo expresado por el gerente de Infraestructura del Distrito, Armando Parrales.

Una segunda etapa compone este rompecabezas, las edificaciones erigidas en Ciudad Equidad, donde a diferencia de Bonda parece haber más estabilidad en las estructuras prefabricadas, y tal vez haya menos pérdidas de material; pero, aunque el panorama sea diferente, la situación es la misma: no fue entregada en el tiempo establecido.

LO CONTRACTUAL

El contrato número 191 tenía por objeto la construcción de los CDI, pero, hoy, cuarenta y nueve meses después las obras no han sido funcionales. La obra fue contratada por cerca de los $6.954 millones de pesos y aunque hasta la fecha no se han realizado adiciones presupuestales, sí se han aprobado ocho prórrogas, y quizá lo más relevante del caso es que el valor pagado por la obra es equivalente al 90 %, y la ejecución real no supera el 50 %, quedando un faltante por cancelar del 10 % y tales sumas son mínimas para acabarla.

“El proyecto fue pronosticado desde el principio para ser en el futuro una obra inconclusa, puesto que a un mes de haber iniciado las construcciones en 2015 ya se había emitido una alerta temprana de que el presupuesto inicial no iba a alcanzar, ya que el ajuste y la modificación de diseños y materiales, indicaban que el monto contratado había sido sobrepasado”, aseguraron Armando Parrales y Jorge Díaz, segundo contratista de la obra.

“El proyecto quedó sin plata”, precisó Díaz al referirse al estado en que encontró la obra después de asumir la labor como contratista, pues el primero había cedido la tarea al compás de la liquidación de la interventoría. La obra duró año y medio en suspensión y en este lapso lo erigido fue corroído por la lluvia y el sol. “A mí no me aprobaron unas adiciones para culminar la obra. Había un CDP aprobado por $3.250 millones de pesos, no sé por qué la administración no quiso terminar el proyecto, parece que en el camino se arrepintieron. Hubo una mala planificación desde el principio”, subrayó el contratista.

Por su parte, el alcalde Rafael Martínez, ante los señalamientos de presuntos sobrecostos y fallas en la planificación de esta y otras obras en el Distrito, se defendió aludiendo a un permisivo margen de error que le conceden los otros proyectos logrados sin aparente contratiempo.

“¿Qué porcentaje es cuatro de cuatrocientos? El mínimo. Esto lo digo para señalar que sí ha habido un número de proyectos que han tenido problemas en comparación con un mundo de obras por toda la ciudad. Ningún gobernante está exento de que haya dificultades, o bien, por contratistas irresponsables o bien con la ejecución de los diseños. Frente a los CDI, el doctor Parrales debe saber que a estas alturas yo lo hubiese entregado, lo que pasa es que ellos no quieren asumir riesgos. Siempre he dicho que estas obras necesitan dos adicionales, que en la medida en que estén justificadas técnica, presupuestal y jurídicamente, se deben hacer. Esos recursos llegaron aprobados en marzo cuando yo no estaba en la Alcaldía”, explicó a Radio Galeón de Cracol el hoy suspendido burgomaestre.

Lo manifestado por el doctor Martínez contrasta con la información suministrada por Jorge Díaz, quien asumió la función de contratista aduciendo unas promesas hechas desde la administración local en 2018. Díaz discrepa con ‘Rafa’ en la insistencia de una negativa del administrador del gasto en aprobar el dinero prometido, razón que tiene hoy en un dilema las ilusiones de cerca de quinientos niños.

DOS CONTRATISTAS, DOS INTERVENTORÍAS Y AHORA LA PLATA NO ALCANZA

En el desarrollo de las obras se decidió por parte de la Alcaldía la liquidación de la primera interventoría después de haberle cancelado cerca del 12 % del valor del contrato, dato denunciado por el concejal José Mozo. “Explíquenme qué pasó con el dinero que se pagó al primer contratista, ese 90 % de los recursos. Cuestiono el pago de la primera interventoría, esa misma que recibió el 12 % del costo total de la obra. Esto me parece que es un hecho sospechoso. ¿Dónde estuvo la planeación?, aquí hay unos presuntos sobrecostos que se deben investigar”, denunció Mozo.

De esta manera ocurrió la cesión de contratista, pasando de la firma Unión Temporal a manos de empresa representada por Jorge Díaz, una empresa familiar de quien por fuentes extraoficiales se conoce su participación directa en las obras de la calle 22 y la intervención a la planta física del Instituto Magdalena en el distrito de Santa Marta. Para sorpresa de todos, a falta de uno, los CDI tuvieron dos actores diferentes en el desarrollo de la contratación.

Al primero le cumplieron con el dinero, pero, este según las obras, no le cumplió a la comunidad; mientras al segundo lo tienen de un lado para el otro y lo convencieron con propuestas quimeras que hoy lo mantienen en una crisis económica. Según Díaz, las peticiones del dinero que en teoría se tenía presupuestado las exigió por tres ocasiones, pero, no obtuvo respuestas, por lo cual se vencieron los tiempos para aprobar los CDP.

“El 5 octubre de 2018, hice la primera solicitud de recursos. La segunda la hice antes de acabarse el 2018, como en noviembre, y la tercera a inicios de este año. Las ludotecas no se han terminado no por culpa del contratista, sino de la administración que nunca aprobó las adiciones de recursos, así las cosas, todo indica que no las querían acabar. El proyecto se quedó sin plata. A mí no me contrataron para acabar el proyecto, sino para dejarlo en obra negra, porque no me quisieron aprobar el adicional. A la fecha se han invertido $8.227 millones. La verdad es, que si no hay una adición, la obra no puede finalizar”, señaló Jorge Díaz. El contratista afirmó, también, que en la inversión real del dinero las obras están en un 119 %, incluyendo los recursos entregados al primer contratista y lo que Díaz ha invertido.

De acuerdo con el dinero que hace falta para culminar la obra, Rafael Martínez manifiesta, que no alcanzó a firmar el aprobado de esa adición e indica que el actual gobierno encargado ha mostrado su negativa en hacerlo. “A ellos les interesa mantener esas obras así para decir que fuimos un desastre. Pero ahí están los recursos, solo es mirar los informes de interventoría y listo. El doctor Rugeles y su gerente de Infraestructura ya hacen parte del problema y el día que me toque responder ante un órgano de control, yo muestro mis cartas, muestro el presupuesto y digo que a la fecha yo no era el ordenador del gasto, y ellos tendrán que responder. Infortunadamente la ciudad pierde y la obra sigue parada”, expresó el Alcalde. Para Martínez la medida de suspensión impuesta obstaculizó la finalización de obras que llevaban dos y tres años a la espera de ser entregadas.

EL CAOS VISTO EN PRIMERA PERSONA

OPINIÓN CARIBE consultó una fuente técnica que estuvo en el sitio de trabajo, inspeccionado el porqué de los atrasos y la ‘folclórica’ elección del material que fue utilizado para esta obra. En primera instancia, la planificación inicial de la obra sufrió una serie de modificaciones debido a los materiales y diseños.

Las ludotecas son una construcción en madera, el nombre específico de este elemento es OSB, una especie de aserrín prensado susceptible cuando se expone al sol y agua, esto iba encima de una estructura metálica que hacía las veces de esqueleto y que para el caso de Bonda, según el referente técnico, se cometieron errores por desconocimiento del producto. Por las características de los materiales hubo un cambio urgente, lo que ajustó los valores, los cuales no alcanzaban porque superaban la inversión inicial. Es decir, la construcción inició con base en unos precios y posteriormente se descubrió que no iba a alcanzar la plata.

“El OSB es el mismo producto con el que hacen los guacales para transportar artículos que van a ser enviados en viajes largos. Ese material es muy costoso, tan así que debe ser importado de países como Chile, porque si se compra aquí es bastante caro. A los Díaz les tocó comprar una parte de ese material aquí en Santa Marta. La primera vez que fui a la obra descubrí que había un desconocimiento de cómo se debía trabajar con el OSB, y las mismas disposiciones de diseño indicaban que las paredes debían llevar una cubierta de estuco, pero este producto es húmedo y puede dañar las estructuras. No se contemplaba una impermeabilización de las cubiertas. No me atrevo a decir que ese no era el material, pero sí opino que las obras en OSB son muy costosas y para exteriores es muy riesgoso construir con ello. Algo que aún no me explico y nadie me pudo decir, era por qué la obstinación en OSB y no se permitió el uso de otro material como superboard, que es más resistente y más económico”, explicó la fuente consultada.

Otro de los datos conocidos es la falta de la red contra incendios, suena increíble, pero según esta fuente, en las Ludotecas no existía este sistema, lo que permite establecer que a pesar del material utilizado no fue pensado un sistema para contrarrestar un posible incendio.

Tampoco se tuvo en cuenta que las estructuras de metal no podían estar sujetas directamente al piso, ni tampoco se debían soldar para unir las piezas, ya que eran propensas a la corrosión. “Lo que me llamó la atención cuando conocí la obra de Bonda fue que las bases levantadas tenían un movimiento exagerado que supera la flexión que debe llevar toda obra, y como es de dos plantas, es más notorio ese detalle. Era difícil darle estabilidad”, expresó el experto consultado.

Como la obra debía hacerse en ese material, lo poco que se había pegado comenzó a caerse debido a la descomposición. “El sol y el agua que pudo caerles hizo que se dañara lo que estaba montado en Bonda. En Ciudad Equidad pasó lo mismo, pero a menor escala”, puntualizó la fuente técnica.

“EL ALCALDE JUGÓ CON NUESTRAS ESPERANZAS”: COMUNIDAD DE BONDA

“La comunidad ha sido saqueada, el Alcalde jugó con nuestras esperanzas y con las emociones de todos los que pensamos que con esta obra íbamos a unificar todos los hogares infantiles y a darle una mayor formalidad a la educación. Está desmotivada la comunidad. Este proyecto por el momento deja un impacto negativo, porque al ser un lote prácticamente abandonado y lleno de maleza, produce inseguridad; este lote hoy es foco de delincuencia, la gente tiene temor de pasar por ahí. Hoy creemos que no fue una buena decisión haber cedido este terreno, por lo menos antes había un parque, pero hoy no hay nada”, manifestó Saúl Martínez, líder de la comunidad de Bonda, el sitio más afectado por el atraso de las obras.

Otra de las sorpresas de las obras no entregadas es una supuesta biblioteca que se construiría al pie del CDI en Bonda con los mismos materiales ya empleados, “hasta en esos nos quedaron mal”, señaló Alexánder Serrano, miembro de la Junta de Acción Comunal.

“Cuando se puso la primera piedra se estipuló que la obra fuera entregada en abril de 2016, por lo menos eso fue lo que nos dijeron, se cumplió el plazo y de allí para acá hubo un detrimento económico, desde entonces, todo ha sido un caos. Yo empecé a denunciar las irregularidades de la obra, pero vi unos opositores que estaban a favor de la Alcaldía y no decían nada, creo que lo que esta gente quería era la foto porque creyeron que esto se iba a solucionar, y miren qué foto se están llevando. En unas sucesivas reuniones nos decían lo mismo, que el 31 de diciembre lo iban a entregar y en ese son, han transcurrido 4 años. Nadie decía cómo iba el avance de obra, por lo que se pudo observar, solo irresponsabilidad e improvisación”, aseguró Nilson Ramírez, edil de la Localidad 1.

Lo expresado por Ramírez esbozaba, además de un conflicto provocado desde lo exterior, una disyuntiva entre los líderes del sector, algunos motivados por el exacerbamiento político, defendían los ideales de la Alcaldía.

“Ahora que están estos materiales en el piso, uno se da cuenta que nada de lo que se prometió, hoy está cumplido, debemos esperar lo que arroje la serie de investigaciones, porque para eso están los entes de control. Lo que queremos es que la obra se termine sin importar quién sea el alcalde, porque el tema no puede ser político. ¿Cómo hago para no decir la verdad y ocultar que aquí hay un detrimento económico?”, preguntó Ramírez.

CONTROL EXCEPCIONAL POR PARTE DE LA CONTRALORÍA

El representante a la Cámara por el Magdalena, Hernando Guida Ponce, le pidió a la Contraloría General de la República, ponerle especial lupa a algunas obras del «gobierno del cambio», en donde se presume un detrimento del erario público. Este control se ejercerá también sobre los CDI de Bonda y Ciudad Equidad. El auto fue admitido el 02 de julio y se fundamenta en 15 hallazgos administrativos, 14 con presunta incidencia disciplinaria, 6 con presunta incidencia penal y 4 fiscales por valor de $933.411.043.

De las investigaciones disciplinarias se encargan los entes de control, pero mientras estas siguen su trámite, las afectaciones no cesan, por lo contrario, pareciera que se erigió un elefante con pinta de ludoteca.

 

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