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El desarrollo negligente de las obras del cambio

Opinión Caribe

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“Ya uno no cree lo que dicen” es la frase constante entre los ediles de las localidades de Santa Marta, quienes han tenido que hacer las veces de paño de lágrimas de las comunidades, que se quejan y piden la terminación de las obras prometidas. ¿Quién peca, la Alcaldía o el contratista?

Gennys Alfonso Álvarez

Sandra Granados Ramos

Wendy López Picón

El representante a la Cámara, Hernando Guida Ponce, presentó una proposición a la Comisión IV de la Cámara de Representantes, que fue aprobada por unanimidad. En esta solicitaba a la Contraloría General de la República control excepcional en la Alcaldía de Santa Marta a obras llevadas a cabo durante los periodos Carlos Caicedo Omar y Rafael Martínez.

El representante señaló en su solicitud, que “los samarios hemos sufrido por la falta de planeación y la improvisación en la ejecución de las obras Lo único que hemos presenciado es investigaciones de la Fiscalía por manejos poco transparentes de dichos recursos”. Por lo anterior, pidió revisión y resultados respecto a la ejecución del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) e investigar obras inconclusas como el estadio de fútbol Sierra Nevada, el coliseo de Gaira, la construcción del Centro de Desarrollo Infantil – Ludotecas Bonda y Ciudad Equidad y el Centro de Vida para el Adulto Mayor. Obras que los ediles y líderes de las comunidades tienen presentes todos los días.

Dicha solicitud fue aceptada por la Contraloría a través de un auto administrativo, con el objeto de establecer presuntas irregularidades contra el patrimonio público, durante los periodos de los siguientes alcaldes: 2012, 2013, 2014 y 2015 de Carlos Caicedo; y 2016, 2017, 2018, 2019 de Rafael Martínez.

PUESTOS DE SALUD

La remodelación de 5 puestos de salud de la ciudad de Santa Marta ha estado en el ojo del Gobierno Nacional por las presuntas irregularidades que han rodeado su ejecución, y el hecho de tumbarlos todos al mismo tiempo, generando un traumatismo para la población samaria que quedó sin ninguno de ellos para ser atendida.

El contrato de remodelación por valor de $6.537 millones para los puestos de Salud de Mamatoco, La Paz, Taganga, ‘María Eugenia’ y Bastidas fue firmado en octubre de 2014 durante la administración del exalcalde Carlos Caicedo.

Dicho contrato, adjudicado por medio de una convocatoria pública a la empresa Mediredes S.A.S. tuvo que ser liquidado por los incumplimientos denunciados por las veedurías ciudadanas. No obstante, el 23 de noviembre de 2016, el alcalde Martínez entregó la responsabilidad de concluir el proyecto al mismo contratista inicial, pero con otra razón social, en este caso, Unión Temporal Construyendo Salud Santa Marta 2016 por la suma de $5.863 millones.

En medio de líos jurídicos, financieros y contractuales reiniciaron las obras en mayo de 2017 con un plazo de finalización de diciembre de ese mismo año, que nuevamente se incumplió.

FUNCIONAMIENTO A MEDIAS

La realidad actual es que los puestos de salud, según denuncia el presidente de la Veeduría Ciudadana, Edilfonso Orozco, funcionan a medias, “tumbaron 5 puestos de salud: La Paz, ‘María Eugenia’, Mamatoco, Taganga y Bastidas, de esos solo funcionan a medias el de La Paz, ‘María Eugenia’ y Bastidas, porque el de Mamatoco y Taganga está en obras todavía, no los han entregado”.

De igual modo, Juan José Vargas, presidente de la Junta de Acción de Comunal, JAC, de Bastidas, aseguró, que los ciudadanos interpusieron 72 denuncias con las cuales lograron que el Distrito entregara el puesto de salud aún con carencias de infraestructura e insumos médicos. “Nosotros fuimos los que presionamos al Distrito para que nos entregara el centro de salud, porque Bastidas sufría sin él y lo que nos entregan es una obra a medias”.

El presidente de la Veeduría Ciudadana da a conocer, además, que le ha pedido al gerente de la ESE ‘Alejandro Próspero Reverend’ que cierre el puesto de salud de Bastidas por las condiciones en las que se encuentra, “hicimos hace poco un recorrido con el subgerente administrativo de la ESE, quienes tienen la intervención de los puestos de salud por parte de la Supersalud, y le pido al Gerente que cierre el puesto de salud de Bastidas, porque se encuentra en situación delicada de salubridad; los médicos atienden a los niños con malos olores que emanan de las redes de alcantarillado que salen de los sifones; hay una parte del techo que se cayó; la red contra incendios tampoco está certificada, hay áreas donde los aires acondicionados no funcionan, por tanto, se debe cerrar por emergencia sanitaria”.

Por su parte, el Puesto de Salud de La Paz fue entregado y funciona con deficiencias, como lo denuncia el Edil de la Localidad 3, Diego García Camargo, “presta un servicio medianamente bien; hay problemas con los aires acondicionados, de insumos, situación expuesta por los mismos pacientes. Atienden partos en el centro de salud, que no cuenta con un alcantarillado sanitario, por su poza séptica, lugar en el que se vierten los residuos sanitarios de aguas residuales”.

El edil García Camargo afirma, que si no se le hace el mantenimiento constante, producirá que esa agua se salga y ocasione un problema de salud en ese sector.

Los puestos de salud de Mamatoco y Taganga son los que han llevado la peor parte, “en Taganga pasa lo mismo que pasó en La Paz, pues esos centros de salud los demolió Carlos Caicedo en 2015 sin permiso del Ministerio. Solo hasta el 14 de abril de 2017 me respondió el Ministerio para decir que les habían dado el aval para construir. Para el caso de La Paz se adecuaron nuevamente los diseños que ellos ya tenían cuando el Ministerio les dio el aval para agregar el ascensor que no estaba dentro del presupuesto y los diseños”.

Según lo que plantea el Edil de la Localidad 3, hubo una mala planificación, porque no pidieron antes de tumbar la estructura, el aval del Ministerio de Salud, que es el encargado de aprobar e indicarle al Distrito si lo que se va a construir está bien o no y hacerles correcciones a los diseños. “Nadie puede construir un centro asistencial sin el permiso del Ministerio de Salud y Protección Social y en Santa Marta demolieron cinco y al mismo tiempo; dejaron sin oferta de servicio de salud a la ciudadanía y los enviaron a unas casas arrendadas pagados con plata de impuestos de los samarios”.

MAMATOCO SIN SALUD

El caso del puesto de salud de Mamatoco es una de las obras que más preocupa a los habitantes de la localidad 1. Pasaron de tener un centro de salud medianamente en buen funcionamiento, a no tener donde curar a sus enfermos. La comunidad ha llamado reiteradas veces a los ediles de la localidad por este tema, porque desde que se demolió este centro de salud en 2016, aún sigue en obras.

Carlos Arango, edil de la Localidad 1, manifiesta ampliamente su preocupación desde el inicio de su periodo constitucional al respecto, “desde 2017 nos hemos reunido en varias oportunidades para saber cuándo se entrega la obra y siempre nos dicen que dentro de dos meses y vemos que cada vez la situación se agrava”.

Hasta el momento, el centro de salud de Mamatoco es un ‘elefante blanco’ más de este gobierno, puesto que, tres años después de su demolición aún no se sabe cuál es el futuro de esta obra. En 2016 a la localidad 1 se le hizo una solicitud de brindar $1.000 millones con el fin de remodelar y terminar el puesto de salud de Mamatoco y el de ‘María Eugenia’.

Los ediles no estuvieron de acuerdo con esta decisión de sacar dineros del Fondo de Desarrollo Local, sin embargo, Carlos Arango cuenta que el alcalde Rafael Martínez, fundamentado en un decreto nacional acogió este dinero y nunca se vio el destino de los recursos, “este dinero se tomó arbitrariamente en contra de la decisión de los ediles y hasta el momento nadie sabe a dónde fue a parar”.

Luego, se asumieron otros compromisos del rubro de salud de la localidad, asignando el monto de $700 millones y que presuntamente fue utilizado para los puestos de salud. “Realmente no existe voluntad política para que las obras avancen, porque ya uno no cree en lo que le dicen. La última reunión que hubo con la Secretaria de Infraestructura, en ese momento Ingris Padilla, no fue a la reunión y envió a unos funcionarios, comprometiéndose que para finalizar el año 2018, el puesto de salud de Mamatoco iba a quedar terminado”.

Uno de los tantos problemas de los habitantes del barrio Mamatoco y aledaños es que ahora no tienen a dónde ir en caso de urgencias, debido a que el puesto de salud se trasladó a un centro provisional en San Pedro Alejandrino, el cual le corresponde a la localidad 2. “Así trabajara a medias, nos sacaron un puesto de salud de la localidad y encima lo trasladan. El de Bastidas funciona a medias y el de Bonda se cae a pedazos”, denunció el edil.

PUESTO DE SALUD DE GAIRA… OTRA HISTORIA

El puesto de salud de Gaira es otra historia. En abril de 2016 fue demolido el centro de salud inicial, porque se encontraba dentro del trazado de la doble calzada Ciénaga – Santa Marta, pero Ruta del Sol II compró los lotes y con esos recursos se iba a poner la primera piedra del nuevo puesto de salud.

“Ni Juan Pablo Diazgranados, ni Caicedo, hicieron algo para que el puesto de salud se reubicara antes de su demolición, sabiendo desde 2009 que la vía iba a pasar por ahí y debían tumbarlo. Además, se especula que son $500 o $1.000 millones los que dio la Ruta del Sol por el lote que aún la Secretaria de Salud no responde para informar en dónde están”, aseveró Diego García Camargo, edil de la localidad 3.

El centro de salud fue demolido y funciona provisionalmente en el antiguo Club de Leones de Gaira, ubicado en la carrera 14 con calle 12, y su estado es lamentable. La infraestructura está en pésimas condiciones, las salas de espera no cuentan con sillas, no hay abanicos, incluso los aires de los consultorios están dañados y los médicos deben atender a los pacientes bajo las fuertes temperaturas que se registran en la ciudad.

“Ese centro de salud no tiene ruta de evacuación, no tiene ruta de escape, las paredes presentan humedad, no cuentan con los requisitos para atender a un ser humano, poniendo en riesgo la salud de las personas. No hay insumos, los enfermeros y médicos guardan los insumos para la venta, hay casos de turistas que manifiestan que han comprado insumos por $30 mil, como un suero”, asegura el edil García.

Han pasado casi cuatro años desde que se demolió el puesto de salud, y según lo que manifiesta Diego García, apenas en marzo del año pasado fue que se presentaron los diseños para la construcción de uno nuevo, y estos fueron rechazados por el Ministerio de Salud porque no cumplían con los requisitos mínimos requeridos para que pueda emitirse concepto técnico, por consiguiente, fue devuelto a la Secretaría de Salud Distrital desde el 19 de abril de 2018.

Este oficio del Ministerio se conoce en respuesta a un derecho de petición instaurado por el edil Diego García, quien solicitó especial acompañamiento a este proceso durante la reciente visita del ministro Alejandro Gaviria, pero los gaireros siguen sin su centro de salud.

La población manifiesta estar cansada de los servicios deplorables que prestan en el centro de salud provisional, “los médicos de consulta externa no tienen aire, el médico tuvo que traerse un abanico de su casa para tener ventilación porque ese consultorio es un horno; para hacerse una citología tienes tu que comprar el especulo, esto lleva mucho tiempo así, no hay insumos, no hay nada”, aseguró Alba Herrera, habitante de Gaira.

“Aquí los médicos no prestan sus servicios por falta de materiales y herramientas, a veces uno viene con dolores y lo más básico que es una aspirina, no se encuentra, una inyección tampoco, a nosotros nos ha tocado salir a comprar gasas para curar una herida, aunque son elementos económicos, pero no hay nada de eso. Deseamos que los altos dirigentes nos colaboren, que puedan hacer un centro de salud en mejores condiciones, el pueblo gairero lo merece”, agregó Noris Berrío, residente de Gaira.

ESTADIO SIERRA NEVADA

El estadio Sierra Nevada es otra de las obras que se encuentra sin terminar, el contrato se firmó por $52.449.607.914 en octubre de 2016, para ser entregado en 12 meses, es decir, en octubre del 2017, pero a la fecha va por $83.000.000.000 y aún no ha sido terminado. Al escenario deportivo, ubicado en el sector de Bureche, a las afueras de Santa Marta, le hacen falta luminarias, terminación de los camerinos, las cabinas de prensa, zonas de seguridad para los aficionados y vías de acceso.

El presidente de la Veeduría Ciudadana, Edilfonso Orozco, denuncia, que desde que inició el cerramiento del estadio no los han dejado ejercer su derecho como veedores, “no hemos tenido acceso al estadio, tenemos restricciones por parte de los que mandan allá. De acuerdo con la Ley No. 850 nosotros estamos facultados para hacerle seguimiento a las obras y al Alcalde, donde hay recursos públicos ahí debemos estar nosotros velando por ello, pero en este caso, hemos encontrado ese obstáculo”.

Además, agregó, que “el contrato del estadio Sierra Nevada ronda los $83 mil millones, y $33 mil millones no aparecen en el Secop, ni como adición. Este contrato, según lo manifestado por el Alcalde, se encuentra en proceso de liquidación, es decir, el contratista no cumplió con la obra por eso se hará la liquidación del contrato, por tanto, se entraría a buscar una nueva licitación para terminar la parte que falta”. El veedor Orozco asegura, que le han solicitado a la Alcaldía que informe sobre los contratos que no se encuentran en el Secop, pero han recibido respuestas a medias.

COLISEO DE GAIRA

El primer contrato para la remodelación del Coliseo de Gaira fue firmado por el exalcalde Carlos Caicedo el 28 de octubre del 2015, con la firma MCI Ingenieros Constructores por un valor de $2.682 millones. Al contratista se le adelantó el 50 por ciento del dinero y el restante sería entregado a medida que la obra avanzara, por lo que debía entregarse el 31 de diciembre. Pero antes de que venciera el plazo de ejecución, el 18 de diciembre de 2015 se solicitó la primera prórroga de seis meses adicionales dando lugar al primer otrosí.

Posteriormente, ya durante la administración del alcalde Rafael Martínez, el 21 de junio de 2016 se firmó un segundo otrosí para efectos de ampliar por cinco meses más, es decir, hasta el 20 de noviembre de 2016. Después, se firmaron tres otrosíes adicionales, incluida una adición por $1.340.536.123 del 30 de abril del 2017. Con esta adición del 49.98 por ciento respecto al contrato original, se completaron $4.022.929.626.

“Para el 10 de noviembre de 2017 se programó la inauguración del Coliseo, y ese día pegó un aguacero y puso en evidencia los defectos que tenía dicho escenario deportivo, ese día llovía más dentro del Coliseo que afuera y se prendieron las alarmas y comenzamos a exigirle al Alcalde y al contratista que repararan la cubierta del Coliseo de Gaira, porque el piso de madera podría verse afectado por la humedad”, afirmó el edil de la localidad 3, Diego García Camargo.

Sin embargo, pese a las observaciones de los ediles y los habitantes, se realizaron los Juegos Bolivarianos, instalaron un cuadrilátero de boxeo en el coliseo y durante las actividades hubo días que llovió y el cuadrilátero se mojó, por lo que optaban por secarlo a cada rato con un trapero. En 2018 el piso de madera lo levantó la humedad, el contratista se apersonó del caso y cambió algunas partes de esta, incluyendo algunas láminas de la cubierta y las cosas comenzaron a mejorar.

“Luego de los arreglos, cuando llovía había goteras, el contratista mandaba funcionarios o un obrero para que se montara y echara brea y siguiera tapando los agujeros, es decir, el Coliseo de Gaira hoy, en su cubierta, lo que tiene es un reparcheo con el que intentaron subsanar el defecto de la cubierta”, agregó el edil García.

El Coliseo luego de los Juegos Bolivarianos estaba cerrado al público, hasta que el primero de junio de este año por gestión de la comunidad y de los ediles, lograron que se abriera al público, “eso se logró a través de varias luchas, exponiéndoles que era necesario que se abriera porque los jóvenes de Gaira no tienen escenarios deportivos, porque solo cuentan con la cancha ‘Pedro León Acosta’ y ahora con el Coliseo”, aseveró García Camargo.

Por su parte, el Concejo de Santa Marta aprobó unos recursos por el orden de $260.000.000 millones para cubrir el coliseo en sus laterales, porque también le estaba entrando agua, pero a la fecha esa obra de los laterales va prácticamente por la mitad, no han ido más las personas que contratadas para dicha labor.

No obstante, el jueves 15 y viernes 16 de agosto, se evidenció como cae a cántaros el agua cuando llueve en el coliseo; estamos en 2019 y se observa que las reparaciones que se hicieron no fueron suficientes y no dieron abasto para evitar que el agua se filtre en el escenario deportivo.

“Hoy lo que estamos haciendo es un llamado al Alcalde, al Gerente de Infraestructura, que por favor llamen al contratista y le exijan que se cumpla la póliza. Necesitamos que arreglen todos los defectos del Coliseo de Gaira, necesitamos un coliseo de 30, 40, 50 años, no de 5 y 6 meses, porque ahora viene la lluvia y ese Coliseo con sus pisos de madera no va a aguantar esos aguaceros. Son $4.300 millones que se están tirando a la basura si no se hace la gestión ahora”, puntualizó García Camargo.

Además, señaló, “recibimos el coliseo así por la necesidad que tenían los jóvenes, niños y adultos de utilizar este escenario deportivo para el fin recreativo, teníamos 4 años de verlo ahí sin poder usarlo, y este año con el acompañamiento de la comunidad del sector, de algunas personas que practican deporte, logramos que el Gerente de Infraestructura se acercara y se comprometiera con nosotros a resolvernos dicha situación.”

SEDE DE LA JAL LOCALIDAD 1, ¿CON SOBRECOSTOS?

Los ediles de la localidad 1 Carlos Arango y Edmar Cantillo han observado y analizado distintos proyectos contratos e inversiones que se hacen con cargo al Fondo de Desarrollo Local, detectando algunas presuntas irregularidades que se realizaron en ciertas inversiones. Ellos detectaron que pueden existir sobrecostos en los elementos de dotación de la sede, como también en lo relacionado con la intervención de la obra civil.

“Estamos preocupados algunos ediles de la localidad por este tema de la obra de la sede de la JAL localidad 1, fue un contrato que se firmó el año pasado y debía terminarse en diciembre de 2018, pero se le dio una prórroga hasta abril de 2019 y a la fecha, mes de agosto, aún no se ha entregado, no sabemos qué ha pasado y no tenemos conocimiento de qué va a pasar con ella”, comentó el edil Carlos Arango.

Los ediles de la localidad sesionan desde hace meses, pero en teoría, el contrato no ha sido liquidado por completo. “En el momento de la entrega vamos a recibir algo que no está nuevo o que se ha deteriorado, como micrófonos y paredes”, expreso el Edil.

El contrato de obra pública No. 022 del 29 de octubre de 2018 de compra de muebles, enseres, papelería equipos e insumos para adecuación y remodelación de la Junta Administradora Local 1 Cultural Tayrona San Pedro Alejandrino aún no se ha terminado. El valor inicial de la obra fue de $295.083.759 millones y se le adicionó el valor de 4145.983.474 millones. El término de ejecución fue de dos meses y se debió terminar el 31 de diciembre de 2018. Luego el 4 de febrero de 2019 se prorrogó el contrato hasta el día 14 de marzo de 2019. Posteriormente, el 14 de marzo de 2019 nuevamente se prorrogó hasta el 20 de abril de 2019.

Los sobrecostos en los insumos de la sede de la localidad 1 son evidentes, puesto que Carlos Arango y Edimar Cantillo decidieron hacer un comparativo de precios de los bienes contratados con los precios pactados que están en el contrato, con dos empresas ampliamente reconocidas en la ciudad, dando como resultado lo siguiente:

En el contrato está adjudicada una silla gerencial de escritorio por $2.380.000 y la más cara que se investigó con una referencia parecida fue de $279.990; la diferencia abismal fue de $2.100.010.

Otro de los bienes que aparecen en el contrato es una computadora portátil Celeron 4gb 14” LED puerto USB, DVD con un precio de $3.959.000 y la misma computadora en un almacén reconocido costaba $1.099.000; la diferencia es de $2.860.000.

Una cámara digital 10MP se encuentra en el contrato por un valor de $1.900.000 y en el precio investigado por los ediles se encuentra en $420.000 pesos; hay una diferencia de $1.400.000.

Tal como se aprecia, en solo tres bienes de los contratos, se evidencia un presunto sobrecosto que supera el valor comercial y real del bien, que en la realidad comercial colombiana se encuentran a menor precio.

RECURSOS DESVIADOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL

Como es sabido, la Ley de Distritos No.1617 de 2013, es el marco legal de todo el accionar de las localidades, esta es la fuente directa para el desarrollo de las funciones de las autoridades tanto distritales como locales, por ello y en virtud de esta norma se estableció que las localidades tendrían un Fondo de Desarrollo Local, el cual sería autónomo y cuyo ordenador de gastos debía ser el Alcalde Local de la respectiva localidad, es decir, quien podría establecer o decidir sobre las inversiones con cargo a los recursos de estos Fondos de Desarrollo Local serían los alcaldes encargados de estas localidades, tal como lo indica el Artículo 61 de la Ley mencionada.

Para el caso en concreto, el único facultado legalmente para contratar con recursos sería el alcalde local Héctor Visbal, sin embargo, quien ordena el gasto, a través del contrato No. 022 de 2018 es el alcalde Distrital Rafael Martínez, vulnerando así, lo establecido en la Ley y perjudicando de manera importante los recursos de toda una localidad.

La veeduría conformada por cuatro ediles de la localidad Édgar Mercado, Edimar Cantillo, Nilson Ramírez y Carlos Arango, es la encargada de reclamarle a los entes territoriales que ha pasado con un contrato que tenía plazo de ejecución de dos meses y ya han pasado 10 y todavía no se ha entregado. “El silencio presuntamente permisivo por parte de las autoridades públicas, administrativas y sancionatorias nos preocupa, puesto que no se han iniciado actuaciones o denuncias en torno a esta presunta anomalía”, expresó el edil Carlos Arango.

¿Y EL CDV PARA EL ADULTO MAYOR DE BASTIDAS?

El Centro de Vida para el Adulto Mayor, CDV, es un proyecto orientado a proponer espacios de interacción entre adultos mayores al brindarles una atención especial, está encaminado a mejorar el proceso del envejecimiento, mediante el desarrollo de programas socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de vida para un envejecimiento activo a los adultos del barrio Bastidas.

La construcción del CDV se formalizó el 15 de diciembre de 2016 a través del contrato de obra No. 09 entre la Alcaldía y el Consorcio CDV 2016 representado por Jorge Alberto Vilariño Amalfi, por un valor inicial del $2.919.744.290. La fecha de inicio del contrato según el documento fue el 7 de marzo de 2017. El contrato iniciaría el 7 de marzo de 2017 y tenía fecha de entrega el 7 de octubre de 2017, hoy lleva 29 meses de ejecución y aún no se encuentra en funcionamiento.

SUSPENSIONES DE LA OBRA

A un mes de haber iniciado las obras, se dio la primera suspensión el 20 de abril de 2017 por un tiempo de 30 días, debido a la solicitud hecha por la directora de la Casa de la Justicia que solicitó a la Gerencia de Infraestructura la disponibilidad de 1.000 metros en el terreno para una futura Casa de Justicia ubicado en la Calle 11 No. 33-93 barrio Bastidas.

Al cambiar de lugar la ubicación de la edificación, el contratista manifestó a la interventoría que el terreno presentaba problemas de estabilidad debido a las condiciones especiales del suelo, por lo que fue necesario estudiar alternativas para la estabilización del mismo, estas fueron: el relleno y estabilización, reemplazo simple del material, pilotes y micropilotes.

Luego del reinicio de la obra el 20 de mayo de 2017, el 4 de noviembre de ese año, posteriormente, se hizo la segunda suspensión por 15 días, debido a la necesidad de ajustar los estudios hidrosanitarios y tanque subterráneo, porque no contaba con red de ventilación, así mismo, el contrato se reinició el 20 de noviembre de 2017.

El 22 de marzo de 2018 se realizó la suspensión del contrato de obra para agilizar los trámites ante Veolia y presentar por parte del diseñador unas mejores alternativas al diseño de iluminación natural del Centro de Vida con una fecha estimada de superar esta situación hasta el 10 de abril de 2018.

El mismo día que la obra fue reiniciada, 20 de noviembre de 2017 el contrato tuvo una adición de $1.344.893.168 por concepto de obras adicionales necesarias para garantizar la funcionalidad de la obra contratada y estableciendo como plazo máximo de ejecución del contrato hasta el 31 de marzo de 2018.

Ad portas terminar el año 2017, exactamente el 28 de diciembre, se firmó un Acta de Adición entre Jimena Abril, alcaldesa encargada; Sander Rodríguez, gerente de Infraestructura; Jorge Miguel Guevara, director en Contratación; y Jorge Alberto Vilariño del Consorcio CDV 2016 en el que él una prórroga para entregar la obra el 31 de marzo de 2018 y se le reconoció el valor de $794.354.236.000 correspondiente a mayores cantidades de obras.

El contratista encargado entregó la obra al Distrito el pasado 21 de diciembre de 2018, a la fecha, según la denuncia ciudadana aportada por Juan José Vargas, no cuenta con dotación y su deterioro es progresivo. La dotación del mobiliario para los diferentes espacios que debe tener esta obra está avaluada en $1.000 millones más, es decir, que el sobrecosto de la obra es el doble de la obra inicial. La comunidad del barrio Bastidas se encuentra a la espera de la entrega de este espacio de disfrute para los adultos mayores.

UNA OBRA SIN DOLIENTE

En nombre de Juan José Vargas, presidente de la JAC de Bastidas, la comunidad denuncia y hace un llamado al Distrito para que esta obra sea entregada lo más pronto posible, pero en óptimas condiciones, “necesitamos el encerramiento del lugar, puesto que al lado de la construcción del centro de vida queda ubicada la zona de tolerancia del barrio, en donde llegan todo tipo de consumidores y expendedores de drogas. Los abuelos necesitan un espacio digno donde realizar sus actividades y aún no lo hemos recibido”.

Según lo manifestado por Juan José Vargas, los vecinos de la construcción de este espacio para el adulto mayor son los encargados de manejar los turnos de seguridad en las horas de la mañana, porque como se encuentra abandonada la obra, personas de la zona de tolerancia del barrio pueden robar algunos de los elementos que allí se encuentran.

Además, el presidente de la Veeduría Ciudadana, Edilfonso Orozco agregó, que “lo primero que encuentran en el Centro de Vida de Bastidas es una poza que tenía mucho relleno, a la cual le hicieron unos estudios de suelo por un valor de $1.500 millones, estos se perdieron, porque cuando se los entregan al contratista, afirma que no le sirven, que deben volverlos a hacer porque esos eran del año anterior, por tanto, aseguró, que no iba a trazar un proyecto con base en unos análisis anteriores, sobre todo, porque esa tierra es movediza y fue tratada con relleno”.

A LA ESPERA DE LA ENTREGA

Según el presidente de la JAC de Bastidas, le informaron a la comunidad hace unas semanas que la obra será entregada en el mes de octubre, decisión en la que no están de acuerdo, puesto que el 27 serán las próximas elecciones y no quieren que la gente se confunda y se alegre, a sabiendas que esta obra debió entregarse hace meses.

“No queremos que se entregue con pantallas, sillas, ni ningún evento especial, no queremos que se tome como un fortín politiquero en la entrega de octubre, sino que se le haga entrega a la comunidad en un acto sobrio y formal antes de las elecciones”, expresó Juan José.

A pesar de los sobrecostos en esta obra, no se tuvo en cuenta el acceso que aún no se ha pavimentado para las personas discapacitadas; la poza que se encuentra al lado es un foco de infección para los que visiten este CDV.

¿DE QUIÉN ES EL PECADO?

El presidente del Concejo, Jaime Linero Ladino, hace unas apreciaciones sobre las particularidades de la selección de contratistas en el marco de las licitaciones públicas, proceso empleado por la Alcaldía de Santa Marta en los trámites que respectan a las principales obras de infraestructura.

“Los contratistas no los escoge el Alcalde a dedo, sino que se da a través de un proceso. No solo para el caso del ejecutivo, sino también cualquier persona que en su cargo ejecuta un presupuesto y se hace una convocatoria pública, se presentan varios proponentes y quien cumpla con los requisitos habilitantes del proceso a licitar, ese entra a ganarse el contrato. De acuerdo con la Ley 80 de 1993 y el Estatuto de contratación, la selección la hace un comité”.

Por otro lado, el cabildante dejó clara la misión de un alcalde una vez que se da la firma del contrato. “En la ejecución del contrato, es preciso aclarar, que si un contratista incumple las cláusulas contractuales, las viola o no está cumpliendo con la misma, la Administración puede aplicar la figura de la caducidad del contrato o aplicarle la póliza de cumplimiento que ellos tienen para garantizar los recursos públicos. En caso concreto, si el contratista falla, lo más lógico del ejecutivo es atacarlo por medio de los mecanismos que ya se conocen, claro está, que se debe investigar si existe alguna justificación para que no haya un avance en la obra o el proyecto”.

El pecado en las licitaciones públicas no está en la elección, que de acuerdo con los soportes presentados muestra ser una opción conveniente para el contrato, sino que está en la tardía reacción en el ordenador del gasto en tomar las medidas disciplinarias que la jurisprudencia nacional le otorga para hacer cumplir las obligaciones de quien se niega a cumplir lo contractual.

Una obra con más de tres años de atraso y que no haya un pronunciamiento del gobernante, abre un espectro de especulación y opiniones. ¿Los contratistas fallan porque no hay un desembolso juicioso de los recursos, tal como se fijan en la firma del contrato? de ser así, esta sería una de las razones, según Linero Ladino, para que no se proceda con sanciones económicas al ‘infractor’.

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