¿Sin ejecución presupuestal?

“La ciudad se paró”, fue una de las primeras afirmaciones del alcalde Rafael Martínez al volver a la Alcaldía. Con eso quiso decir que la ejecución presupuestal se detuvo con la llegada de Andrés Rugeles, sin embargo, hay cifras de 2019 que demuestran lo contrario, la ejecución presupuestal a la salida del Alcalde encargado fue superior a la de 2018.

Daniela Pirela Wisman

El pasado 4 de abril de 2019 será un día recordado por la Alcaldía del Cambio en Santa Marta, fue este día en el secretario de Transparencia del Gobierno Nacional, Andrés Rugeles, tomó posesión como alcalde encargado de Santa Marta en la Notaría Primera de la ciudad, tras la designación por parte del presidente Iván Duque, a través del Decreto No. 570 del 1° de abril de 2019. A partir de este día, la terna enviada por el Movimiento Fuerza Ciudadana, al cual pertenece el alcalde electo Rafael Martínez, quedó a un lado.

Fueron unos cuatro meses en los que Andrés Rugeles estuvo encargado de la Alcaldía, designación derivada de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio que el juez Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, Álex Vila Farelo, le interpuso al alcalde Rafael Martínez, luego de que el fiscal Salustiano Fortich Medina solicitara la medida por irregularidades en la contratación de los puestos de salud y peculado por apropiación.

Pero sin duda alguna, el día glorioso fue el 22 de julio, día en el que el juez Primero Penal Municipal, José Gutiérrez Bonilla, revocó la medida impuesta contra el Alcalde de Santa Marta. El 23 de julio Rafael Martínez retornó a la Alcaldía y tomó las riendas nuevamente. Ese día señaló, que, “he estado por fuera 7 meses: tres de la vez pasada y cuatro de ahora. No hemos podido gobernar con tranquilidad y avanzar mucho más. ¿Imagínense si no nos hubiesen perseguido como lo han hecho?, pero hemos avanzado y hoy en solo cuatro meses vemos los resultados de la ciudad que recibimos, si alguien quería vería una foto del pasado, ya vio cuatro meses”.

¿SE FRENÓ LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL?

El alcalde Rafael Martínez hizo unas aseveraciones en medios de comunicación cuando regresó a su despacho, en ese sentido afirmó que Andrés Rugeles y su equipo habían frenado la ejecución presupuestal como evidencia de que alrededor del Plan de Desarrollo había toda una orquestación para que su ejecución fuera a un menor ritmo.

Dijo el Alcalde, que “traíamos un plan de desarrollo, programas y proyectos que venían con buen ritmo y algunos incluso este año simplemente se repetían. Desafortunadamente, estos cuatro meses por fuera lo dijimos, la ciudad se paró, los programas se pararon, los proyectos se pararon y el Plan de Desarrollo se frenó completamente”.

Una fuente técnica consultada por OPINIÓN CARIBE puntualizó, que si se revisan las ejecuciones presupuestales de al menos los últimos 7 años hay una clara evidencia de que en el primer semestre tan solo se compromete entre el 25 y el 35 por ciento en promedio del presupuesto.

Es decir, que los primeros semestres son de marcha lenta y eso puede explicarse en que el Distrito no ha logrado superar su capacidad de planeación, es decir, “si uno comienza la anualidad mirando a ver qué es lo que va a comprometer, cuáles van a ser las realizaciones, posiblemente esos seis primeros meses del año se perderán. Pero si se tuviesen competencias e institucionalidades fuertes en materia de planeación, muy seguramente desde que arranca del año existiría la posibilidad de comprometer el presupuesto”.

De igual forma, añade la fuente consultada, que si se revisan los reportes que genera la Secretaría de Hacienda de Santa Marta y que son enviados a la contabilidad nacional a través del Formulario Único Territorial, FUT, “se observa que en los últimos 7 años los primeros semestres han tenido una pobre ejecución presupuestal. Entonces, no se trata de que el alcalde encargado Andrés Rugeles vino y quiso ejecutar menos, por lo contrario, si uno mira las cifras de 2019 encuentra que fueron superiores a la ejecución presupuestal de 2018”.

¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO?

De acuerdo con la fuente consultada, el presupuesto es lo que se presupone ejecutar en términos monetarios. “Anualmente el alcalde es dotado de recursos para gastar o invertir durante el año, naturalmente la ejecución y el gasto obedece a lo establecido en el Plan de Desarrollo aprobado el año anterior por el Concejo”.

Entonces, cuenta con recursos disponibles y lo ideal sería tener el dinero en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Planeación los proyectos. Pero lo que regularmente ocurre, no solo en Santa Marta, sino en la mayoría de los municipios de Colombia, es que tienen capacidades de planeación limitadas, tienen el dinero y los proyectos no están. Mientras, hay una población necesitada de inversiones para solucionar las necesidades de cosas duras como infraestructura, y también inversión blanda, tales como actividades culturales, deportivas y todo aquello que no se materializa en cemento y ladrillo.

“Muchos de los cuestionamientos que nos hemos hecho en los últimos años, es que las obras presentan inconvenientes: retrasos o adiciones. Esto no es de ahora, es decir, por lo menos tenemos 8 o 7 años de estar evidenciando el mismo fenómeno, por tanto, ello indica, que tenemos debilidades en planeación, que no son coyunturales, que están arraigadas a la administración y considero que no hemos hecho suficientes esfuerzos por superarlas”, explicó la fuente técnica.

¿CÓMO SE AFECTA LA COMUNIDAD?

Desde luego, al darse adiciones y demoras en la ejecución de obras y proyectos hay una comunidad que se ve afectada. “Si no se planea correctamente, puede que las soluciones no estén acordes con las necesidades de la población o lo que usted hace cuesta muchísimo más y esos recursos que se invierten adicionalmente en esa obra, harán falta para otras cosas. Esto se traduce en que no hay eficiencia y efectividad en el gasto, y naturalmente esa pérdida conlleva a que va a haber unas necesidades colectivas no atendidas”, precisó la fuente.

¿QUÉ LE FALTA A LA ADMINISTRACIÓN?

La administración pública esta definida como un cuerpo especializado, y de acuerdo con la fuente de consulta, a la administración publica de Santa Marta le ha faltado eso, especialización. “Más técnicos y de pronto, menos políticos. Históricamente siempre ha habido una fuerte tensión entre lo técnico y lo político. De hecho, hemos visto como algunos exfuncionarios de algunos meses o años atrás han migrado hacia otras propuestas políticas porque no se han sentido cómodos dentro de la presente administración y eso lo que denota es que precisamente lo técnico y lo político están en constante fricción, no se sienten entendidos, no son armonizadas las visiones y por eso se dan esas rupturas”.

El plano ideal sería que se privilegiara a lo técnico antes que lo político. “Si se tuviera más fuerza en lo técnico y racional, se identificarían mejor las necesidades y todas las capacidades de inversión se fueran hacia las soluciones. ¿Cómo cuáles? Servicios públicos, inseguridad, empleo, pobreza y si miramos entonces las estadísticas de la ciudad, presentadas por colectivos como Santa Marta Cómo Vamos, miramos que parecería que las necesidades fueran para un lado y las inversiones para otro. Es decir, que no hay priorización en ese sentido, entonces se pensaría que las decisiones no se han tomado de manera racional, sino de manera política”, precisó la fuente de consulta.

LOS AUDIOS, ¿UN EJEMPLO?

Por los medios de comunicación y las redes sociales circularon unos audios en los que aparentemente se escucha una conversación entre el exalcalde Carlos Caicedo y el alcalde de turno Rafael Martínez. En la supuesta conversación hablan y toman decisiones en cuanto a movimientos internos de la Alcaldía para favorecer una campaña.

Decisiones que involucran la movilización de personas que han estado ligadas a procesos de la administración como los comités de parques. Partiendo de esto, la fuente consultada precisó, que “más allá de las connotaciones penales que pueda tener dicha interceptación, se puede suponer que la inversión se ha ido a escenarios deportivos y parques por temas políticos, y no es que no se necesitaran parques o escenarios deportivos, sino que en la jerarquía de necesidades podría haber otros sectores de inversión que debían atender de manera privilegiada y no estos”.

Además, que si a la comunidad se le hubiese preguntado y un gobierno que se denomina ciudadano hubiera construido presupuestos como lo indica la ley con las comunidades, estas tendrían la opción de escoger, pero aquí lo que parece es que de un solo lado se decide en qué invertir. “Este es un reproche hacia las alcaldías locales, las cuales se crean como un paso o una estrategia de profundización de la democracia para lograr una democracia participativa y no representativa”.

NO HAY VISIÓN COLECTIVA DE CIUDAD

De acuerdo con la fuente consultada, las alcaldías locales deben liderar el proceso de construcción de los presupuestos participativos y eso no se ha hecho. “Por eso, se ha permitido que las decisiones de inversión no la decidan las comunidades, sino unos dirigentes que pueden estar equivocados o no”.

El Departamento Nacional de Planeación, DNP, enseña a los territorios una metodología para construir sus planes de desarrollo y estos tienen un capítulo de diagnóstico y uno de estrategia. En ese diagnóstico el DNP dice que se debe ubicar al territorio y analizar dónde existen un déficit mayor en relación con la media nacional, “si uno mira los capítulos de diagnóstico de los últimos planes de desarrollo, uno encuentra el ejercicio medianamente correcto, se identifica que las necesidades están en servicios públicos, empleos, pobreza, vivienda, pero lo que uno no encuentra es una correspondencia entre lo que ahí se identificó y la inversión, entonces ¿dónde estamos fallando? Pues en la inversión y, ¿por qué? Porque no se ha hecho un ejercicio de presupuesto participativo y esa participación debe ser de los colectivos comunitarios, las universidades, el sector privado y otros niveles de gobierno como la Gobernación. Por tanto, lo que aquí falta por construir es esa visión colectiva de ciudad y esa división ha sido un obstáculo para que las inversiones se dirijan de manera correcta”, puntualizó la fuente técnica.

EN OTRAS CIUDADES SÍ SE VIO EL CAMBIO

La fuente consultada por OPINIÓN CARIBE agrega, sin querer significar que Barranquilla sea el ejemplo perfecto, sí ha habido un cambio y las apuestas de inversión han sido recibidas de manera correcta y hay unión entre Alcaldía y la Gobernación del Atlántico. “Las inversiones han apuntado al desarrollo de la ciudad, al crecimiento del empleo, a ser una ciudad competitiva en el contexto regional y nacional y en eso, nosotros no nos hemos destacado. Por lo contrario, el ciudadano de a pie puede ir a Valledupar y ver como se ha transformado positivamente y digamos que dentro de ese vecindario regional, nosotros hemos crecido, pero a un paso más lento”.

Entonces, precisa que estamos comparativamente rezagados, “para hablar del rescate financiero de Santa Marta se debe hablar del nivel nacional. Todas las ciudades estuvieron quebradas y no fue un producto de malas administraciones, sino del modelo centralista que había en el país y cuando ese modelo quiso dar el paso a descentralización hubo unas delegaciones que no estuvieron acompañadas de recursos y eso hizo que las ciudades, en general, se quebraran”.

Barranquilla salió hace pocos años de la Ley 550 al igual que Valledupar, “estas dos ciudades pasaron ese momento histórico, lograron el quiebre y un despegue muy importante. Nosotros logramos salir de la 550, entre otras cosas, por las buenas prácticas y lo aplicado por las administraciones anteriores en materia de pago y esa fue una cosecha que encontró la administración de Carlos Caicedo, hicieron a un lado la concesión de impuestos, pero en el caso de Barranquilla, cuando se deshace de la concesión de impuesto en el año 2008, los ingresos comienzan a crecer de una manera vertiginosa, despegaron, pero a todo vapor, nosotros nos deshicimos de R&T en el año 2015, que fue un año de transición y en 2016 se dio un crecimiento importante de ingreso y de ahí en adelante parece que nos hubiésemos olvidado de esa maquinita que se llama Hacienda Distrital, que le mete toda la gasolina al despegue del Distrito y no fortalecimos Hacienda y ahí estamos, con un crecimiento paupérrimo e insignificante en los tributos, particularmente los de industria, comercio y predial”.

Y no debería decirse que fue por Andrés Rugeles, de acuerdo con la fuente consultada, todo radica en que no se fortaleció la Hacienda haciendo uso de un mecanismo extraordinario que el Concejo le entregó al alcalde Martínez en 2016 para modernizar la administración pública, “esto se traducía en un incremento en la planta y debió dirigirse racional y estratégicamente en áreas como Hacienda, pero, ello no sucedió. Hoy, desperdiciada esa oportunidad, veo que contratan 90 personas por prestación de servicios que no es lo mismo, que incluso puede entrañar muchas ilegalidades”.

¿QUIÉN SANCIONA?

La primera sanción que debe ocurrir, de acuerdo con lo señalado por la fuente técnica consultada, es una sanción de la ciudadanía hacia la administración publica que no respondió a sus expectativas y que no pudo satisfacer sus necesidades, “esta debería ser la principal sanción. Parece inexplicable que la administración pública no satisfaga de manera correcta las necesidades de la población y esta continúe respaldándolo. Uno diría, si no responde a mis necesidades, pues debería castigarla”.

Por otro lado, el DNP tiene unos indicadores de eficiencia y en la medida que no se cumpla y no sean satisfactorios, los recursos que vienen de transferencia de la Nación hacia el Distrito son diezmados en razón a esa menor ejecución. “Es decir, que el próximo año vamos a recibir proporcionalmente menos recursos por ese castigo, si no alcanzamos a ejecutar lo que tenemos. Si los recaudos son menores y los gastos, entonces hay una menor eficiencia fiscal y es castigada por el DNP y sufre la población sin lugar a dudas”. Lo anterior indica, que sí hay recursos en la ciudad, pero ha fallado la forma como se planifica y se lleva a cabo todo aquello que fue proyectado para el desarrollo de la ciudad.