¿Por qué la justicia cojea?

La evolución de los procesos judiciales a los que se enfrenta el exalcalde y líder del movimiento Fuerza Ciudadana ha estado plagada de ‘ruidos’ que se resumen en presuntos sobornos, maniobras dilatorias de muchos años y cuestionables actuaciones de jueces, magistrados y fiscales. A pesar de todo, Carlos Caicedo se muestra ante la sociedad samaria y del Magdalena como una víctima de la corrupción de ‘los de antes’ y se considera a sí mismo como el héroe de una Santa Marta que para él no era nada antes de su llegada al poder.

Unidad investigativa

Grandes proyectos han iniciado en Santa Marta como la Megabiblioteca (proyecto investigado por la Fiscalía e inconcluso), los costosos pozos para la solución del agua (investigados por la Fiscalía por presunta corrupción) y entre tantos se suma el ‘ambicioso’ estadio Sierra Nevada, el mismo que el alcalde Rafael Martínez, cuyo jefe político es Carlos Caicedo, afirmó que estaría listo para finales del año 2018 y que el domingo 29 de septiembre, en medio de un clásico entre el Unión Magdalena y Junior, colapsó tras un fuerte aguacero que cayó en la ciudad.

Ante lo sucedido, el Alcalde dijo que hacía responsable de lo ocurrido al contratista por las fallas registradas en el sistema de bombeo de drenaje que no funcionaron ante la emergencia y que llevó al aplazamiento del segundo tiempo del encuentro. “Hacemos responsable al contratista por lo sucedido ya que el estadio no se ha recibido 100 por ciento. Todos los costos asociados a la solución de esta problemática que no se puede volver a repetir, recaerá sobre el mismo contratista”.

La Contraloría General de la República señaló que, “desde el pasado 30 de julio iniciamos control excepcional al estadio Sierra Nevada de Santa Marta por solicitud del entonces alcalde (e) Andrés Rugeles. El 11 de octubre entregaremos resultados sobre lo encontrado”.

Todo indica que en las últimas semanas antes de las elecciones se conocerán los hallazgos de la Contraloría y el Caicedismo espera la decisión con respecto a este caso que es tan solo uno de los tantos que envuelven a los miembros de Fuerza Ciudadana, como es el caso de Carlos Caicedo, líder del movimiento y quien ha ejercido el control absoluto de la administración distrital; primero como alcalde (2012 – 2015); luego en el periodo 2016 – 2019 de Rafael Martínez (a quien hizo elegir). Actualmente, adelanta campaña a la Alcaldía con su candidata Virna Johnson y a la Gobernación, con él como aspirante a ocupar ese cargo.

Sin embargo, en su proceso como alcalde y luego como exmandatario de la ciudad, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, poco a poco han comenzado a develar el entramado de corrupción en que está sumida la Alcaldía de Santa Marta en los dos últimos periodos (2012 – 2019).

CAICEDO Y SUS PRINCIPALES INVESTIGACIONES

La ciudadanía, medios de comunicación y redes sociales han denunciado de manera permanente los abusos y actos de corrupción de Caicedo y su equipo de confianza. Los principales hitos de esta situación son los siguientes:

El 4 de octubre de 2016, la Contraloría General de la República adelantó un Control Excepcional entre convenios suscritos entre la Alcaldía de Santa Marta y la entidad sin ánimo de lucro La Perla Cultural. Se encontraron 15 hallazgos administrativos de los cuales 14 correspondían a presunta incidencia disciplinaria, 6 con presunta incidencia penal y 4 fiscales por $933.411.043. Asimismo, en contratos sobre obras de infraestructura hubo 29 hallazgos administrativos de los cuales 27 tenían presunta incidencia disciplinaria, 15 con presunta incidencia penal, 1 para indagación preliminar y 11 fiscales por $29.023 millones de pesos.

El 21 de diciembre de 2016, la Contraloría General de la República alertó al Gobierno Nacional por las irregularidades que se estaban presentando en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE. La Contraloría del Magdalena dio apertura a un Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal por $1.206 millones, donde los presuntos responsables eran el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo, la secretaria de Educación de la época, Íngris Padilla, y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Asoalimentarce. Los hechos investigados estaban relacionados con deficiencias en la planeación para la contratación del PAE, mayores valores en el precio de la ración desayuno y almuerzo, respecto a los precios pagados por el Ministerio de Educación Nacional en las mismas vigencias y al mismo contratista Asoalimentarce.

El 14 de noviembre de 2017, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia al alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y ordenó su suspensión por tres meses por presuntamente influir en procesos electorales de carácter político partidista. El mandatario tuvo que responder por los mensajes en Twitter y las acciones en favor del aspirante a la Presidencia de la República por un grupo significativo de ciudadanos, Carlos Eduardo Caicedo Omar, representados en reiterados trinos donde elogiaba la gestión de su antecesor.

El 28 de noviembre de 2017 Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta, quien en ese momento estaba suspendido por la Procuraduría y el exalcalde de Santa Marta y en ese momento aspirante a la Presidencia de la República, Carlos Caicedo, fueron detenidos dentro del proceso que adelanta la Fiscalía por las presuntas irregularidades en la construcción de las obras de la Calle 22, los puestos de salud y la red de parques del Distrito. Los centros de salud de La Paz, Taganga y el IPC La Candelaria, fueron demolidos durante la administración de Carlos Caicedo, sin que hasta la fecha se hayan terminado, pese a la inversión por 6.537 millones de pesos.

El 25 de julio de 2018, la Fiscalía Seccional Magdalena radicó una solicitud de audiencia de imputación y medida de aseguramiento en contra del exalcalde Carlos Caicedo, por el delito de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, relacionado con la Red de Parques de esa ciudad. De acuerdo con la investigación, en su condición de alcalde para el año 2015, habría quebrantado el principio de planeación en los contratos 390 y 413 de 2015, al adicionar los dos contratos por valores de $25.443’324.330 y $13.476’017.575, respectivamente; cuyo objeto era la adecuación de 25 parques en él contrato 390 y 15 en él contrato 413.

El 20 de diciembre de 2018, la Contraloría General de la República en desarrollo del Control Excepcional ya mencionado de 2016 adelantó dos juicios fiscales a Caicedo y otros por daño patrimonial por convenios firmados con la fundación La Perla en 2015. El daño patrimonial es el siguiente: mediante auto 553 diciembre 20/2018 por $246.272.847. Mediante auto 554 diciembre 20/2018: $64.622.061. Total: $310.894.908

El 1 de febrero de 2019, un Fiscal de Derechos Humanos resolvió la situación jurídica de Carlos Caicedo, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, luego de encontrar evidencias que lo vincularían con el crimen del estudiante de la Universidad del Magdalena, Hugo Maduro, hecho ocurrido el 26 de mayo del año 2000 en la ciudad de Santa Marta.

El estudiante fue víctima de un atentado en su residencia, ejecutado por Gelmet Sait hincapié De la Cruz y Luís Carlos López Castro, quienes al parecer pertenecían al grupo de los ‘Urbanos de Santa Marta’ de las AUC al mando, en ese tiempo, de Hernán Giraldo Serna y Giovanni Navarro Ordóñez. El homicidio habría sido ordenado como consecuencia de las denuncias por corrupción en el interior de la institución educativa interpuestas por Maduro Rodríguez.

Asimismo, de acuerdo con las evidencias recaudadas, el fiscal de conocimiento cuenta con testimonios sobre la presunta entrega de contratos de Caicedo Omar a grupos paramilitares cuando se desempeñaba como rector de la Universidad del Magdalena durante el período 1996 – 2006.

El 11 de febrero de 2019, la Fiscalía seccional Magdalena imputó el delito de peculado por apropiación a favor de terceros a Virna Johnson, fórmula de Carlos Caicedo a la Alcaldía de Santa Marta, por presuntas irregularidades en el pago de recursos para las obras de la calle 22 o avenida Santa Rita.

El 21 de marzo de 2019 fueron cobijados con detención domiciliaria el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez; el exgerente de la Empresa Social del Estado, Edgardo Charris Salcedo; y el contratista Jesús Enrique Navarro Brito, mientras que el exalcalde de la ciudad, Carlos Caicedo Omar, y otros dos procesados deberán comparecer en libertad a la acusación presentada por la Fiscalía.

El 3 de abril de 2019, la Procuraduría General de la Nación sancionó, en primera instancia, con destitución e inhabilidad de 12 años al exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo (2012 – 2015), por irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción de cuatro pozos profundos que suministrarían agua potable a la capital del Magdalena, por un valor de $1.085 millones.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, el exfuncionario, luego de la declaratoria de calamidad pública en la ciudad por la sequía que afrontaba, suscribió de forma directa el contrato con una firma que no tenía la idoneidad ni la experiencia requerida para cumplir con las características técnicas que exigía esa obra.

Como resultado, el contratista incumplió el contrato, ya que uno de los pozos no podrá entrar en funcionamiento por graves deficiencias en su construcción. Para el Ministerio Público, esa situación vulneró los principios de la función administrativa y de la contratación con recursos públicos. Por esos hechos, también fue destituido e inhabilitado por 11 años el exgerente de Proyectos de Infraestructura de Santa Marta, Efraín de Jesús Vargas Corvacho (enero – octubre de 2014), quien tuvo a su cargo la realización de los estudios previos.

Estos son anticipos de cuentas pendientes si se eligen candidatos a punto de ser judicializados; un caos administrativo, que llevará a vacíos de poder, confusión, conflictos y desaceleración de la inversión y un solo resultado, tiempo perdido.

¿QUIÉN ES CARLOS CAICEDO?

Carlos Eduardo Caicedo Omar es oriundo de Aracataca, Magdalena, terminó sus estudios en el Liceo Celedón, espacio en el que se destacaba como líder estudiantil. Luego, partió hacia la ciudad de Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad Nacional, lugar en el que también ejerció su liderazgo e hizo parte de la creación del movimiento de la Séptima Papeleta, el cual impulsó la Constitución de 1991. Fue candidato a la Constituyente y según él, fue vocero de paz en el proceso entre el Gobierno y la Corriente de Renovación Socialista, CRS.

Sin embargo, hay quienes señalan que es desmovilizado de la CRS que pertenece al Ejército de Liberación Nacional, ELN, y lo hizo en el año 1991 en los Montes de María, paradójicamente, al poco tiempo, comienza a trabajar con personajes vinculados a escándalos por parapolítica como Eduardo Dávila Armenta, quien fue uno de sus padrinos políticos, al igual que el exgobernador del Magdalena, Jorge Caballero, con quien trabajó como director de Atención de Desastres, personajes de familias tradicionales de la ciudad y que hacen parte de ese grupo de corruptos al que él llama: ‘los de antes’, los mismos que lo apoyaron e impulsaron.

RECTOR, A LAS BUENAS O A LAS MALAS

Carlos Caicedo le vendió en campaña a los samarios la idea de que cuando llegó a la Universidad del Magdalena esta estaba en crisis, en ruinas, sin oferta académica, los trabajadores con la moral por el piso y los estudiantes desertando, pero el dirigente sindical y activista Armando Restrepo, señala, que con la llegada de Caicedo se desencadenó la época oscura de la Unimag, “fueron años de robos, intimidaciones, amenazas, declaratorias de insubsistencia a trabajadores, expulsión y desplazamiento de estudiantes, acciones terroristas y los asesinatos de un estudiante de pregrado, Hugo Maduro Rodríguez; un vicerrector de extensiones, Julio Otero Muñoz; y el decano, Roque Morelli Zárate”.

De acuerdo con Armando Restrepo, luego de la llegada de Caicedo se conocieron amenazas e intimidaciones contra exrectores como Zully David Hoyos y Alfredo Correa De Andreis, quien posteriormente fue asesinado en la ciudad de Barranquilla. Además, la posesión de Carlos Caicedo fue sin el cumplimiento de los requisitos exigidos dando lugar a la modificación de ellos, de inmediato.

4 AÑOS Y 8 MESES PRIVADO DE LA LIBERTAD

Cuando Carlos Caicedo cumplía con sus funciones de rector en la Unimag, se conocieron ciertas irregularidades en materia laboral, que finalmente desencadenaron una sentencia condenatoria en su contra. En 2004, cuando resultó electo Trino Luna a la Gobernación del Magdalena, se dice que su primer acto fue citar a Caicedo y pedirle contratos y puestos, a lo que Caicedo se negó y Luna procedió a empapelarlo.

Caicedo fue suspendido de su cargo desde el 18 de agosto de 2006, luego que la Fiscalía 12 de la Unidad Nacional Anticorrupción lo acusara del pago ilegal de la sanción moratoria e intereses a 47 docentes por valor de 3.600 millones de pesos. Durante su defensa aseguró, que esa transacción se hizo con el visto bueno del Tribunal Administrativo del Magdalena, que aprobó el acuerdo, al determinar que beneficiaba a la universidad y a los profesores.

En octubre de 2007, un juez lo condenó a ocho años de cárcel y la apelación estuvo engavetada 18 meses en el Tribunal del Magdalena hasta que la aparición de un pasquín en el que se decía que Caicedo le había dado plata a cada uno de los magistrados para que lo absolviera hizo que el caso fuese trasladado a la capital, en donde fue absuelto de toda culpa por la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá, luego de cuatro años y ochos meses librando una dura batalla ante los tribunales de justicia.

DE DEFENSOR A ACUSADOR, UN CASO RECIENTE

Al escándalo de los sobornos se le suma un caso reciente ocurrido en la Alcaldía de Santa Marta en cabeza del alcalde Rafael Martínez, quien contrató los servicios profesionales de Oriana Russo Manjarrés, hija del fiscal 11 especializado Álvaro Russo Pardo, casualmente el encargado de llevar el caso por presunta corrupción administrativa, en contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en la obra de la Megabiblioteca, por el que es señalado el líder político del movimiento significativo de ciudadanos Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, además de otros miembros del mismo que han hecho parte del gabinete de Secretarios Distritales en los periodos 2012 – 2015 y 2016 que terminará en diciembre de 2019 y al que pertenece el burgomaestre de los samarios.

Álvaro José Russo Pardo es un reconocido abogado de Santa Marta y fiscal delegado para una de las investigaciones que tiene abierta Carlos Caicedo, sin embargo, este mismo jurista hace varios años fue el defensor de su ahora acusado en un proceso por el delito de peculado cuando se desempeñó como rector de la Universidad del Magdalena. Los alegatos que lideró el hoy fiscal Russo Pardo en ese proceso, correspondiente a 2007, permitieron que Carlos Caicedo fuese absuelto.

La Megabiblioteca, actualmente, es materia de investigación por parte de la Fiscalía y pese a que ya se ha estipulado la fecha para hacer la formulación de imputación y pedir medida de aseguramiento para los responsables, el proceso no se ha llevado a cabo. El pasado 8 de noviembre de 2018 se citó a la primera audiencia sobre la Megabiblioteca, pero este proceso fue aplazado y de acuerdo con el fiscal Álvaro José Russo, porque la mayoría de los indiciados no se presentaron a la diligencia, a pesar, que su despacho solicitó desde el 28 de septiembre de 2018 al Centro de Servicios Judiciales, que se hicieran las respectivas citaciones.

La audiencia fijada para el 10 de septiembre a las 9:00 de la mañana también contó con la misma suerte y el Centro de Servicios Judiciales informó, que “no se puede llevar a cabo porque al juez que le corresponde el trámite de esta se encuentra de compensatorio legalmente concedido por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, mediante acta del 27 de agosto de 2019”, y hasta el cierre de esta edición se desconoce la nueva fecha de la audiencia. Todo parece dilatarse en el proceso de esta obra que hoy tiene control excepcional de la Contraloría General de la República.