De aplazamiento en aplazamiento

Tanto Carlos Caicedo como Rafael Martínez y Virna Johnson, entre otros, de los principales miembros del movimiento Fuerza Ciudadana, han tenido y tienen en estos momentos líos judiciales con algo en común, los constantes motivos para aplazar las audiencias programadas, ya sea por parte de los jueces, fiscales, abogados o los indiciados. A continuación, una bitácora de algunos de los casos.

Daniela Pirela Wisman

Los medios de comunicación locales tienen algo en común al momento de titular una noticia que hace referencia a algunas de las audiencias a las que han sido citados los miembros de Fuerza Ciudadana, incluyendo a su líder político y actual gobernador electo del Magdalena, Carlos Caicedo; los títulos de las noticias se han vuelto casi que monótonos: “Vuelve y juega”, “Crónica de un aplazamiento anunciado”, “¡El colmo!” y “¡Otra vez!”. ¿Y en la sociedad? Pues el comentario hace referencia a que ya se sabía lo que iba a suceder. Esto se debe a los largos procesos que han terminado así, en un aplazamiento inesperado y esperado.

APLAZADA AUDIENCIA POR LA MEGABIBLIOTECA

El caso más reciente ocurrió el pasado 9 de diciembre, día para el que, fijada la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra del gobernador electo del Magdalena, Carlos Caicedo y otros por las presuntas irregularidades en la contratación de la Megabiblioteca, pero esta no se realizó.

El aplazamiento correspondió a una confusión en las instalaciones donde se iba a desarrollar la audiencia, debido a que mientras los representantes de los sindicados acudieron a una sala, el Fiscal y el Juez del proceso acudieron a otra, estos últimos al esperar por 20 minutos y ver que no llegaban decidieron levantar acta y manifestar que no acudieron las partes quedando aplazada.

APLAZADA AUDIENCIA DE VIRNA JOHNSON

Para el 28 de noviembre estaba dispuesta la audiencia preparatoria de la alcaldesa electa de Santa Marta, Virna Johnson Salcedo, pero fue aplazada por el Fiscal, quien aseguró tener un encuentro de fiscales en Bogotá. El delito por el que se le acusa a la alcaldesa electa es el de peculado por apropiación, el cual fue imputado el pasado 11 de febrero de 2019 por la Fiscalía General de la Nación, debido a irregularidades cuando cumplía con sus funciones como gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público, Setp.

La investigación desarrollada por la Dirección de Fiscalías Seccional Magdalena señala, que el 5 de febrero de 2015 se destinaron 13.000 millones de pesos, a través del contrato Número LPN-001 suscrito entre el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, Setp, y el Consorcio Setp Santa Marta 2015, para adelantar la obra de la Avenida Santa Rita o calle 22 de la capital de Magdalena.

El ente acusador evidenció que Virna Johnson Salcedo, en su calidad de gerente del Sept para ese entonces, habría ordenado pagar actas parciales de obras del contrato por más de 10 mil millones de pesos al citado consorcio, a cuyo representante legal, O.A, le dictaron medida de aseguramiento de detención domiciliaria por estos hechos.

Además, tales actas, según la Fiscalía, tenían las firmas de interventoría falsificadas. Mauricio Alberto Santos Reyes, quien fungió como interventor, fue capturado el pasado 10 de noviembre de 2017. Cabe mencionar, que durante el proceso investigativo, la Fiscalía logró establecer que el contratista cobró más de 2 millones 500 mil pesos de obras que no ejecutó, apropiándose así de los recursos; sin embargo, posteriormente, los dineros fueron devueltos al Setp.

Hasta el momento se desconoce la nueva fecha de la audiencia, pues el Juzgado tiene hasta el 19 de diciembre para estipularla. Es importante tener en cuenta que este mismo día inicia la vacancia judicial que culmina en la segunda semana de enero. Asimismo, informaron en el Juzgado, extraoficialmente, que la agenda está apretada hasta el mes de abril del próximo 2020. Ello indica, que la Alcaldesa electa tomará posesión de su cargo, luego de ser elegida por los samarios con más de 130 mil votos, y deberá enfrentar el proceso que tiene con la Fiscalía por las irregularidades detectadas cuando era Gerente del Setp.

Pueden suceder dos cosas: la primera, que se le compruebe que es inocente de los delitos que le fueron imputados; en segundo lugar, puede verse Santa Marta envuelta en lo mismo que sucedió con Rafael Martínez, un alcalde que fue separado de su cargo y que ha protagonizado muchos aplazamientos de audiencias, ya sea por motivos de la Fiscalía, jueces, abogados defensores o por algunos de los indiciados, pero que llevan a la dilatación de los procesos.

APLAZADA PARA EL 2020 AUDIENCIA DE CARLOS CAICEDO Y RAFAEL MARTÍNEZ

El pasado 14 noviembre de 2019 fue aplazada la audiencia preparatoria en contra del alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y el gobernador electo del Magdalena, Carlos Caicedo, investigados por presunta celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, en el caso de cinco puestos de salud; esta vez por solicitud de uno de los abogados defensores.

“La doctora Raquel García solicitó una suspensión o aplazamiento de la audiencia a razón de que su progenitora estaba en delicado estado de salud. Con base en ello, la Fiscalía y el Ministerio Público encontraron razonables esa solicitud y el Juez decidió suspender la diligencia y reiniciarla el 16 de enero a las 8:30 a.m.”, afirmó Luís Carlos Torregrosa, abogado defensor de Carlos Caicedo y Rafael Martínez.

Esta audiencia preparatoria estaba dispuesta para que la Fiscalía contestara las observaciones que en su momento realizó la defensa, eso es lo que corresponderá hacer al Juez en el marco de la próxima audiencia que está prevista para el mes de enero de 2020, si algo extraordinario no ocurre. En este proceso también están vinculados los exgerentes de la ESE ‘Alejandro Próspero Reverend’, Jesús Charris Salcedo y Gregorio Domínguez Fonseca; así como los contratistas, Carlos Slebi Palacio y Jesús Enrique Britto.

El alcalde Rafael Martínez, el gobernador electo Carlos Caicedo y los otros cuatro funcionarios, son investigados por presuntas irregularidades en el proceso de contratación de los puestos de salud de los barrios La Paz, Taganga, Mamatoco, Bastidas y del IPC La Candelaria, celebrados en octubre de 2014 y enero de 2015, durante la administración de Carlos Caicedo, a través de la ESE ‘Alejandro Próspero Reverend’, por valor de 6.537 millones de pesos.

Las seis personas investigadas por las supuestas irregularidades detectadas en la contratación de los puestos de salud de Santa Marta (Magdalena) fueron acusadas formalmente por la Fiscalía General de la Nación el 24 de agosto de 2018, como presuntos responsables de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

El material probatorio y la evidencia física en poder de la Fiscalía indicaron, que durante la alcaldía de Carlos Caicedo Omar (2012 – 2015), se habrían presentado irregularidades en las etapas precontractual, contractual y de liquidación del contrato Número 004 de 2014, que contemplaba la construcción de cinco puestos de salud en Santa Marta, en los sectores de Bastidas, La Paz, Mamatoco, Taganga y La Candelaria.

Las obras fueron pactadas por un valor inicial de 6.537 millones de pesos y quedaron inconclusos cuatro de los centros médicos. Posteriormente, ya en el periodo del alcalde Rafael Alejandro Martínez, el distrito de Santa Marta suscribió el contrato Número 007 de 2016, que ascendió a 5 mil millones de pesos y tenía como propósito adecuar y terminar tres de los puestos de salud que quedaron pendientes en la anterior administración, en los sectores de Taganga, La Paz y La Candelaria. En los dos contratos mencionados, además de incumplimientos en la ejecución, la Fiscalía advirtió un presunto peculado superior a los 4.000 millones de pesos.

Una línea de tiempo sobre este proceso de acuerdo con la Fiscalía:

– 28 de noviembre de 2017: capturados seis (6) de los presuntos involucrados, entre ellos el alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, y el exalcalde, Carlos Eduardo Caicedo Omar.

– 29 de noviembre de 2017: el fiscal de conocimiento imputó a los procesados por contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

– 30 de noviembre de 2017: la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los detenidos y el Juez de Control de Garantías se abstuvo, por considerar que no se corrió traslado de los elementos materiales probatorios a los defensores ni al delegado de la Procuraduría. Dicha decisión fue apelada por el fiscal del caso y el representante del Ministerio Público.

– 20 de febrero de 2018: el Juzgado 1° Penal de Conocimiento decretó la nulidad parcial de lo actuado y pidió al Juez de Control de Garantías permitir el traslado de los elementos materiales probatorios a las partes involucradas en el proceso.

– 19 abril de 2018: la Fiscalía General de la Nación solicitó al Juez de Control de Garantías fijar fecha para nueva audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.

– 8 de mayo de 2018: Fiscalía presentó escrito de acusación ante el Centro de Servicios Judiciales de Santa Marta.

– 24 de agosto de 2018: se cumplió la audiencia de acusación contra ocho procesados. Se fijó como fecha para audiencia preparatoria el día 30 de octubre de 2018.

– 15 de marzo de 2019: luego de varias programaciones, suspensiones y aplazamientos desde la fecha de solicitud de la nueva audiencia de medida de aseguramiento (19 abril de 2018), el Juez de Control de Garantías resolvió la situación jurídica de seis de los investigados. La defensa presentó un recurso de reposición y en subsidio apelación. La Fiscalía presentó recurso de apelación contra la decisión que negó la imposición de medida contra Carlos Caicedo y otros.

– 18 de marzo de 2019: por dificultades de orden público en las cercanías del Juzgado, entre otros motivos, fue aplazada la audiencia en la que el Juez pretendía resolver la petición de la defensa e iba a dar por concluida la diligencia.

La audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento en contra del exalcalde Carlos Caicedo, además de otros, por la Megabiblioteca, ha sido aplazada
varias veces. El delito en este proceso es el de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

APLAZADA, NUEVAMENTE, AUDIENCIA DE LA MEGABIBLIOTECA POR DESCANSO DEL JUEZ

El pasado 10 septiembre de 2019 fue aplazada la audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento en contra del exalcalde Carlos Caicedo y otros; esta vez, porque el Juez del caso se encontraba de descanso. Es importante resaltar, que el delito en este proceso es el de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, por lo que el fiscal seccional 11, Álvaro Russo Pardo fue exhortado a citar a las víctimas, sin embargo, al no llevarse a cabo la diligencia se informó que el proceso judicial iba a ser reprogramado.

Este suceso generó todo tipo de comentarios, luego de que se conociera que la Alcaldía del distrito de Santa Marta, en cabeza del alcalde Rafael Martínez, contratara los servicios profesionales de Oriana Russo Manjarrés, hija del fiscal Álvaro Russo Pardo, encargado de llevar el caso de la Megabiblioteca por presunta corrupción administrativa, específicamente, en contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, y de las cuales las audiencias han sido aplazadas.

El contrato tenía fecha de adjudicación del 23 de septiembre del presente año, con objeto de prestar servicios profesionales para la formulación de planes y actividades dirigidas a fomentar la gestión cultural en el distrito de Santa Marta por valor de $12.500.000. El contrato aparece en el Secop en el Proceso PS1173-2019.

Hasta el momento, se desconoce la nueva fecha de la audiencia, lo que se informó al final de la diligencia que no se llevó a cabo, fue, que “no se puede llevar a cabo por cuanto el Juez a quien le corresponde el trámite de esta se encuentra de compensatorio legalmente concedido por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, mediante acta del 27 de agosto de 2019”.

Es importante señalar, que el 30 de diciembre de 2014 se firmó el proceso de licitación 006-3014, por el cual se disponían $10.044.972.349 pesos para la construcción de la Megabiblioteca Fase I, en predios de la Institución Educativa Distrital Normal San Pedro Alejandrino. La suscripción se hizo entre Carlos Caicedo, alcalde en turno, y el consorcio Mega Instituciones, con fecha de inicio de labores el 16 de enero de 2015 para ser entregada 5 meses después, es decir, en junio del mismo año.

La Fase II fue contratada el 24 de agosto de 2015, para ser entregada en 120 días, con una inversión inicial de $6.988.000.000, siendo el consorcio Ingeniería e Interventorías el responsable de la obra, pero en la actualidad, los trabajos en esta etapa se encuentran suspendidos. De esta forma, parecía indicar, según las fechas, que todo debía estar disponible para el disfrute de los samarios a inicios de 2016, pero, ello no ocurrió así. Hoy, lo prometido en diseños y gastos no está acorde con la realidad.

Para el proyecto se aprobaron sucesivas adiciones para ambas fases que alcanzan $10.040.982.825 de pesos, por lo que hasta el momento y si no se hacen otras adiciones al Distrito, se han invertido $27.074.996.200 en la construcción de la Megabiblioteca, sin sumar la contratación de amueblamiento interno y adquisición de equipos de tecnología.

¿AUDIENCIA DE RAFAEL MARTÍNEZ Y CARLOS CAICEDO QUEDÓ PROGRAMADA PARA EL 13 DE AGOSTO?

El 16 julio del 2019, luego de que el Fiscal 41 de la Unidad de Anticorrupción, Salustiano Fortich Medina, solicitara al juez de Conocimiento, Jairo Villalba, el aplazamiento de la audiencia del alcalde suspendido de Santa Marta, Rafael Martínez y otros implicados, se confirmó que el proceso se llevaría a cabo el 13 de agosto en horas de la tarde.

La petición del Fiscal se sustentó en que los cuadernos del expediente de Rafael Martínez fueron trasladados al Juzgado Primero Penal para que fallara sobre la apelación interpuesta por la defensa, en relación con la detención domiciliaria que en esos momentos cumplía el alcalde suspendido de la ciudad.

Esta audiencia era por las presuntas irregularidades en la construcción de los puestos de salud del Distrito por las que son investigados el Alcalde actual de Santa Marta y el Gobernador electo del Magdalena. Ese día los procesados no hicieron presencia en la sede de la Fiscalía y se esperaba que en el mes de agosto la situación judicial de Rafael Martínez y Carlos Caicedo fuera definida por el Juez que lleva el caso, que ha sido uno de los más polémicos en Santa Marta, sin embargo, no haya sucedido nada al respecto.

APLAZAN AUDIENCIA DE ÍNGRIS PADILLA POR PROBLEMAS DE SALUD

El 28 mayo del 2019 se aplazó la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento programada para las 3:00 de la tarde en contra de Íngris Padilla, integrante del Movimiento Político Fuerza Ciudadana y quien se desempeñó en varios cargos dentro de la Administración Distrital. El procedimiento fue aplazado por solicitud de su defensa.

El Juez Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Alexánder Farelo, tomó la decisión de postergarla, porque el abogado, Luís Carlos Torregrosa, manifestó que su cliente presentaba una excusa médica por quebrantos de salud. Íngris Padilla llegó en compañía de su esposo y a los 10 minutos salió caminando del centro de servicios judiciales.

Cabe decir, que Padilla es procesada por falsedad en documento público y peculado por apropiación a favor de terceros por supuestas irregularidades en la contratación para las dotaciones de la Alcaldía de Santa Marta en 2016. En su momento fungía como Secretaria General. El contrato fue entregado a la empresa El Manicomio S.A.S., ubicada en Sincelejo.

Por estos hechos fue privada de su libertad Carmen Esther Paternina Pacheco, de quien se conoció era la representante legal, decisión a la que se le interpuso el recurso de apelación por parte de la Fiscalía por presuntas inconsistencias en la contratación.

El proceso que fue adelantado por un Fiscal de la Dirección Seccional Magdalena se relaciona con las irregularidades presentadas en el contrato Número 006 del año 2016, mediante licitación pública, suscrito entre Manicomio S.A.S. y la Alcaldía de Santa Marta por 840 millones de pesos, para dotar de uniformes y calzado a los funcionarios de esa administración distrital. Sin embargo, se estableció que el objeto del contrato no se cumplió, se entregó ropa informal y con precios excesivos.

Dada su renuencia a comparecer al proceso, Paternina Pacheco fue capturada el pasado 6 de febrero de 2019 en Sincelejo, Sucre, por servidores del CTI de la Fiscalía y trasladada a Santa Marta para las audiencias de judicialización.

La excontratista no aceptó los cargos de peculado por apropiación, en concurso heterogéneo de contrato sin cumplimento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público imputados por el ente acusador. Hechos por lo que también fueron investigadas la exalcaldesa de Santa Marta (e) Jimena Abril De Angelis y la ex secretaria general de la Alcaldía, Íngris Padilla, quienes para la época de los hechos ostentaban tales cargos y fungían como supervisoras del contrato.

La Fiscalía radicó en su momento la solicitud de audiencia de imputación contra las exfuncionarias, de la siguiente manera: Jimena Abril De Angelis deberá responder por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Íngris Padilla será imputada por peculado por apropiación en favor de terceros en concurso con falsedad ideológica.

El exalcalde Carlos Caicedo, el alcalde Rafael Martínez y cuatro personas más son investigados por la demolición y construcción de los centros de salud en Santa Marta.

APLAZADA AUDIENCIA DE ACUSACIÓN EN EL CASO DE LOS CENTROS DE SALUD

El día 11 julio de 2018 se informó que para el próximo 24 agosto a las 8:00 a.m. fue aplazada la audiencia de acusación que se iba a realizar hoy en contra, entre otras personas, del exalcalde distrital Carlos Caicedo y el mandatario actual, Rafael Martínez.

Según Luís Carlos Torregrosa, abogado suplente de Caicedo y Martínez, la medida fue tomada por una omisión de la Fiscalía Seccional, que no informó al Juez Tercero de Conocimiento que uno de los acusados, de quien no reveló el nombre, no podía asistir debido a que se encontraba con medida de aseguramiento domiciliaria.

La decisión del Juez fue tomada con el fin de que cada uno de los acusados pudiera presentarse a esta audiencia. En lo que tiene que ver con los repetidos aplazamientos, el abogado de la defensa afirmó, en su momento, que en este caso en particular el aplazamiento no tenía nada que ver con la defensa.

APLAZADA AUDIENCIA CONTRA CAICEDO Y MARTÍNEZ PARA ESTUDIAR PRUEBAS DE LA FISCALÍA

En 29 mayo de 2018 fue aplazada la audiencia de continuación del proceso de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el exalcalde, Carlos Caicedo y el actual mandatario, Rafael Martínez. En esta oportunidad el abogado Luís Carlos Torregroza, quien representaba los intereses de la defensa, solicitó el aplazamiento de esta diligencia que se llevaría a cabo en el edificio Galaxia para permitirles a los diferentes sujetos procesales conocer los elementos materiales de prueba de la Fiscalía que están sustentando la pretensión de medida de aseguramiento.

Por su parte, la Fiscalía General, en este proceso que se cursaba desde diciembre de 2017, solicitó la detención en un centro carcelario de los implicados en las presuntas irregularidades en la construcción de los puestos de salud que fueron demolidos en distintos puntos de Santa Marta. Frente a lo anterior, el abogado de la defensa adujo, que “no existe ningún fundamento legal para que sus clientes estén privados de su libertad”.

Se aplazó la audiencia en contra de Íngris
Padilla por supuestas irregularidades en el
contrato entregado a El Manicomio S.A.S.

APLAZADA AUDIENCIA CONTRA CAICEDO Y MARTÍNEZ

El 16 de mayo de 2018 fue aplazada la continuación de la audiencia contra el exalcalde Carlos Caicedo; el alcalde Rafael Martínez y cuatro personas más, por la ausencia del Juez, proceso judicial que se llevaba a cabo por la demolición y construcción de los centros de salud en Santa Marta.

Es importante recordar, que esta audiencia, en la cual se debía continuar con el proceso de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, fue aplazada debido a la inasistencia de la Juez encargada del Juzgado Octavo Penal de Control de Garantías, Mónica Vivas Guerrero. Esta era la cuarta vez que se posponía el proceso con el cual la Fiscalía busca definir responsabilidades del alcalde Rafael Martínez, el exalcalde Carlos Caicedo, y cuatro personas más, investigadas por presunta corrupción.

La audiencia, por tanto, quedó fijada para el próximo 16 de julio a las 9:00 a.m., en donde se esperaba que asistieran todas las partes dentro de este proceso y se llegara a una decisión, sin embargo, en párrafos anteriores ya se describió lo que sucedió el día para el que fue reprogramada la diligencia.

Estos son tan solo algunos de los casos en los que se han aplazado los procesos judiciales de miembros del movimiento Fuerza Ciudadana. Está claro que los abogados se preparan para defender a sus clientes, sin embargo, a veces también para dilatar los procesos, con el objetivo de garantizarles a sus defendidos que las diligencias más importantes (imputación o medida de aseguramiento) sean aplazadas.

¿CUÁLES SON LAS FORMAS MÁS COMUNES DE ESAS ESTRATEGIAS DILATORIAS QUE USAN LOS ABOGADOS?

La Fiscalía General de la Nación se dio a la tarea de enumerarlas:

Cambio de abogados: se da al designarse varios abogados defensores diferentes en distintas oportunidades procesales, lo que genera que los funcionarios (jueces) decreten varios aplazamientos, con el fin de que cada nuevo defensor pueda tener el tiempo necesario para estudiar el respectivo caso.

Petición de aplazamiento y reprogramación de audiencias: se da cuando el apoderado solicita por cualquier situación ajena al proceso que se aplace una audiencia ya programada en determinada fecha o cuando deja de asistir a una audiencia previamente programada, lo que obliga a que sea reprogramada.

Proposición de conflictos de competencia: se da cuando el apoderado propone un conflicto de competencia sin ningún fundamento jurídico, lo que implica la disposición de tiempo para resolverlo.

No traslado de los detenidos: se origina por la no comparecencia del interno a las audiencias señaladas y a través de su abogado manifiesta no presentarse por desobediencia civil o, en caso contrario, se presenta el detenido, pero no se presenta su abogado defensor. Razón por la cual se suspende o aplaza una determinada audiencia.

Solicitud de recusación y nulidades: se produce cuando el defensor presenta un escrito de recusación o nulidad sin ningún fundamento jurídico con la finalidad de ganar tiempo para la libertad del procesado o para dilatar el proceso.

Peticiones reiteradas e innecesarias: se presenta cuando el apoderado y/o su defendido realizan reiteradamente peticiones sobre el mismo asunto que ya se ha resuelto conforme a los parámetros establecidos en la ley. Por ejemplo, la inclusión o no de víctimas en el proceso.

Remisión varios detenidos: se da cuando los abogados defensores se aprovechan de las falencias de los centros de servicios judiciales, para truncar la solicitud de comparecencia de todos los procesados en un caso concreto.

Renuncia de abogados: cuando los defensores renuncian en etapas procesales importantes. Por ejemplo, en las audiencias de imputación de cargos o de solicitud de medida de aseguramiento.

Interposición de habeas corpus, acciones de tutela o controles de legalidad: muchos abogados interponen estos recursos, muchas veces inocuos, innecesarios, superfluos y sin fundamento jurídico.

Solicitud de pruebas en el exterior: cuando los abogados solicitan pruebas que no resultan fundamentales en la investigación y que por el trámite que conlleva su práctica generan dilación en la actuación penal.

Solicitud excesiva de pruebas y ausencia de colaboración en la práctica de las mismas: ocurre cuando el apoderado solicita variadas pruebas, con miras a que esta etapa ocupe un mayor tiempo. Además, cuando se dejan de aportar los datos necesarios que faciliten la práctica de las pruebas. Por ejemplo, lugares en los que pueden ser ubicados los testigos.

Ausencia de notificación de los defensores: ocurre cuando los defensores se niegan a acudir a notificarse personalmente, lo que genera que, transcurrido un tiempo prudente, se deba designar un defensor de oficio.

FALTA DE JUECES CAUSA RETRASOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES DEL MAGDALENA

De acuerdo con el magistrado del Magdalena, Jairo Saade Urueta, la justicia en el Magdalena es excelente, sin embargo, tiene necesidades que son de carácter urgente, como la creación de más cargos de jueces especializados, jueces penales municipales para el control de garantías, “insistimos al Consejo Superior de la Judicatura, pero hay muchas restricciones presupuestales a nivel nacional”. En este sentido, debido a la carencia de empleados y de jueces se restringe el número de decisiones, se presentan los atrasos judiciales o se fallen decisiones importantes en ciudades como en Bogotá, como es el caso del fallo que declaró nulidad contra el acto de designación de Andrés Rugeles como alcalde encargado de Santa Marta.

Así transcurren los procesos judiciales en contra de los principales miembros del movimiento Fuerza Ciudadana, de aplazamiento en aplazamiento. Algunos por parte de los jueces, la Fiscalía que, aunque enumera las razones de atrasos más usadas, también se excusa y pide aplazar las audiencias; abogados defensores o algún tipo de dificultad fortuita por la que esté pasando algunos de los indiciados. Lo que sí es cierto es que la sociedad necesita respuestas y sentencias, ya sean positivas o negativas, eso queda a un lado, lo que en realidad piden los samarios es que la justicia funcione y garantice el desarrollo del territorio.