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Lección sin aprender

Opinión Caribe

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Por: Rafael Castañeda Amashta

El lunes pasado, se cumplieron seis años de la absurda tragedia ocurrida el 14 de mayo de 2014, en el municipio de Fundación, donde murieron 33 niños y un adulto. Era el mediodía de un caluroso domingo, cuando en el bus que transportaba 43 niños ocurrió una explosión, generando un incendio que provocó la muerte de los niños, cuyas edades estaban entre los 2 y 13 años.

Esa aterradora escena, junto con los angustiosos gritos y fuertes llantos de los niños, generaron dolor, angustia y sufrimiento a los familiares, a los habitantes de la población, a los colombianos y al mundo entero. La noticia se regó como un río crecido, por todo el país y el mundo, generando manifestaciones de solidaridad y apoyo a los familiares de las víctimas.

Una fatalidad similar había ocurrido en Bogotá, el 28 de abril de 2004, donde 21 niños del colegio Agustiniano Norte, que se transportaban en un bus escolar, murieron aplastados por una máquina trituradora de asfalto, de aproximadamente 50 toneladas de peso.

Es por esto que el Ministerio de Transporte, a través de la Resolución 4101 del 28 de diciembre de 2004, adoptó el Plan Nacional de Seguridad vial, el cual contiene las políticas y directrices en esta materia. A la fecha, dicho documento es letra muerta en gran parte del territorio nacional, ya que muchos municipios no cuentan con los planes locales de seguridad vial y la falta de prevención y el desacato a las normas de tránsito, es el factor común, al momento de conducir un vehículo en nuestro país.

Según datos procesados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial – ONSV, con base a los registros proporcionados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Colombia, entre enero y marzo de 2020 se registran de manera preliminar 1445 fallecidos. Esta cifra comparada al mismo período de 2019, representa un aumento del 6.4%, lo que equivale a 87 víctimas fallecidas adicionales, en el que los jóvenes entre 20 y 30 años, aportan la mayor cantidad de muertos.

En el trimestre de abril a junio de este año, esas cifras van a disminuir, debido al aislamiento preventivo obligatorio. Aun así, en el período del 25 de marzo hasta el 12 de abril, en pleno confinamiento por la pandemia, se registraron 66 fallecidos en accidentes de tránsito en el país, según cifras preliminares de la Policía de Tránsito. Es por esto, que los Alcaldes y Gobernadores, deben desarrollar acciones de prevención y control, que permita contener el fenómeno de la siniestralidad vial en sus territorios.

Es una tarea urgente aplanar la curva de la tragedia vial y para lograrlo, es necesario sensibilizar a todos los actores viales, enseñarles sus deberes y derechos, para que formen hábitos y comportamientos seguros, que contribuyen al bienestar colectivo.

Es necesario que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se descentralice y distribuya a las entidades territoriales, recursos del Fondo de Prevención Vial, para la realización de campañas, en donde a partir de la lúdica y la pedagogía se divulguen conocimientos de prevención vial, que contribuyan a una menor siniestralidad en el país.

Por la tragedia de Fundación, un Juez de la República condenó por los hechos a dos personas, por el delito de homicidio culposo agravado. Sin embargo, los familiares de las víctimas y la sociedad en general, siguen a la espera que las entidades públicas, servidores del Estado y personas naturales, que de una u otra manera pudieran tener responsabilidad en el hecho, también paguen por la omisión al permitir la circulación del vehículo en condiciones técnicas deplorables.

Es una vergüenza lo que ocurrió en Fundación, pero es consecuencia de que lección no aprendida, lección repetida.

Twitter: @RafaelCastane
Facebook: Rafael Castañeda Amashta

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