“El PAE tiene de padrino al Gobernador”: Veeduría

La polémica adjudicación del PAE en el Magdalena seguía su curso con dos proponentes, pero al parecer fue detenida transitoriamente mientras se resuelve una recusación presentada por uno de los oferentes.

Los medios de prueba arrimados de la solicitud de recusación demuestran que, existe un interés irregular en la adjudicación del presente proceso. Uno de los proponentes, la Unión Temporal Nutrimagdalena, cuya propuesta se encuentra con causales de rechazo e inhabilidad, es habilitada en un hecho jurídico sin precedentes, siendo razón de ésta decisión, según dan cuenta los medios de prueba, que Funcionarios, ex funcionarios y contratistas se relacionan a través de su cercanía política, su entrañable amistad o sus intereses creados en tomo a este proyecto.

La cuantía a contratar para el suministro alimentario de los niños magdalenenses asciende a la suma de $44,026,171,790, sin embargo es curioso que solamente haya dos proponentes en el proceso de Licitación LP001-2020 que cuenta con un presupuesto considerable, dentro del cual el proceso exige dentro de sus pliegos condiciones muy restrictivas como por ejemplo el perfil de una nutricionista coordinador que sea especialista en nutrición clínica y/o infantil y/o en salud familiar con experiencia además en 2 contratos en los cuales el presupuesto sumado sea superior al 50% del presupuesto oficial, es decir superior a 22.000 millones de pesos, algo que a simple vista es poco cumplible para algún interesado, lo que deja en entredicho la transparencia del proceso, denota que se estructuro para favorecer a alguien.

Ante esto, el Veedor Ciudadano y Coordinador de la veeduría nacional ‘NO a la corrupción’, Arnulfo Molina denunció varias irregularidades que inmiscuyen a los proponentes del PAE y a relaciones personales y políticas que tienen los oferentes con el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.

John Valle ex Secretario de Planeación de Caicedo, Karen Becerra y Mayra Daza son las personas que estarían detrás de UT Nutrimagdalena, pero que ahora legalmente está representada por apenas un joven de 26 años llamado Luis Danilo Ordóñez Campo, pero que, en el año 2018, Jhon Valle Cuello fue el representante legal de la Unión Temporal interllanos 2018, la misma fue conformada en su oportunidad casualmente por Fundahed y Vitalimentos SAS.

Según el veedor ciudadano; Arnulfo Molina los señores de Vitalimentos SAS, están participando en la adjudicación de un PAE en Valledupar y han sido los ganadores durante 3 años consecutivos. Por otro lado, en el Meta se ganaron un contrato honroso y ahora participan por la ‘tajada’ del Magdalena.

Cabe destacar que, uno de los requisitos para ser oferente del contrato es tener la situación militar definida, a lo que Luis Danilo Ordoñez, al momento de la propuesta presentó una certificación del Distrito Militar No 15, sin embargo se deja sobrentendido que la liquidación se encuentra pagada, pero que se debía continuar con el proceso de liquidación de la cuota de compensación militar, por lo tanto la situación militar del joven Ordoñez Campo para la fecha de presentación de la propuesta no estaba definida, pero es curioso que la propuesta fue aceptada sin ningún problema.

Más irregularidades en el PAE

Las especificaciones que se requieren para adjudicar a una empresa el PAE, son extrañamente muy específicas y da la curiosidad que estas dos empresas son los únicos que tienen esas especificaciones, sin embargo la oferta que hizo UT Nutrimagdalena, se realizó sin que se contara con el aval de un ingeniero que tuviera relación con el objeto del contrato posible para adjudicar y a su vez el mismo debía estar debidamente inscrito y con su tarjeta profesional vigente. Es decir, que para un tema tan sensible que es la alimentación escolar, la UT Nutrimagdalena no fue diligente con una obligación legal que se encuentra establecida en la ley 842 de 2003. De lo anterior se deduce a que, no obstante la administración departamental no haya establecido el aval de un ingeniero, por ser un precepto legal la misma debe entenderse incorporada a todos los proceso licitatorios y como consecuencia de la falta se debió rechazar la propuesta.

En este sentido, la veeduría ciudadana ha realizado las diferentes observaciones para el pliego de condiciones y existen muchas inconsistencias.

Rafael Martínez, al parecer también tiene injerencia en la contratación del PAE, debido que hay una connotación de cercanía del ex alcalde con Mayra Daza representante legal de Fundesvi, el cual tuvo en su mano varios contratos.

La Fiscalía ha tipificado a las contrataciones del PAE como carteles de corrupción, por eso con esta recusación, el trámite de la licitación, incluso la audiencia de adjudicación, se debe suspender hasta cuando el Procurador Regional de Magdalena resuelva lo que sea de su cargo.