Una Radiografía al Proyecto del “Nuevo” Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta

Por: Edgar Jafet Hernández

Mas vale tarde que nunca, reza el popular refrán que todos hemos escuchado alguna vez, refrán que en materia de administración publica se ha popularizado tanto como uno igual de lamentable; “roban, pero hacen”.

Retomando la idea del primero de los mencionados refranes, debo destacar que finalmente y después de casi nueve años de espera, Santa Marta asiste esperanzada a lo que esperamos, sea la última etapa de aprobación del proyecto de revisión ordinaria, del Plan de Ordenamiento Territorial que regirá en la ciudad en el mejor de los casos, durante los próximos 12 años y no los casi 21 que ha permanecido en vigencia el POT Jate Matuna, aprobado en junio del año 2000. 

El citado proyecto de revisión ordinaria, cual majestuoso documento técnico viene siendo estructurado desde los albores del poder del movimiento fuerza ciudadana, cuando el hoy Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, irrumpía en la política local eligiéndose alcalde, dicho sea de paso, con una votación histórica. Recientemente el Gobernador nos recordaba vía Twitter como, en efecto el proyecto de revisión ordinaria del POT viene siendo estructurado desde sus épocas de burgomaestre, pasando también por los cuatro años de Gobierno de su fiel escudero Rafael Alejandro Martínez, hoy secretario de infraestructura Departamental. 

Durante el inexplicablemente largo periodo de estructuración se celebraron múltiples contratos y se involucraron a diversos actores en la ejecución de las distintas etapas del proyecto, desde empresas consultoras, pasando por diversos programas de las naciones unidas en especial; El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos (ONU-Hábitat), inclusive se contó con la participación de la prestigiosa Universidad de Nueva York y su instituto de gestión urbana, de estos hechos han dado cuenta algunos portales de noticias de la ciudad, haciendo eco de denuncias y preocupantes cuestionamientos, especialmente a la contratación celebrada. 

Pero como esta opinión no busca especular sobre hechos ya denunciados y que corresponde a autoridades judiciales desvelar, orientaremos la discusión hacia aspectos técnicos y normativos que se encuentran consagrados dentro del proyecto de POT y que consideramos revisten la mayor importancia, pero que lamentablemente fueron tratados superficial o erróneamente en el proyecto acuerdo presentado al Concejo Distrital, proyecto que sin mayores modificaciones ya fue aprobado en comisión del cabildo samario y que al parecer superara sin dificultades las discusiones restantes. 

No se trata, como algunos podrían pensar de un caprichoso embate al proyecto del POT y al movimiento político fuerza ciudadana, es necesaria la aclaración porque la realidad samaria y magdalenense ha demostrado que cualquier cuestionamiento, critica, o voz disonante, por más objetiva que resulte, sobre políticas promovidas por dicho movimiento, es automáticamente graduada de “ataque”. Hecha la anterior salvedad, desde este espacio no se cuestiona la intención de la actual administración en presentar un proyecto y perseguir su aprobación. Esa actitud refleja de hecho el cumplimiento de una obligación legal y constitucional, máxime cuando el proyecto presentado es una herencia de las dos previas administraciones Caicedo y Martínez.

Lo que en efecto se echa de menos y es lo que en ultimas se cuestiona, es que un proyecto que tiene casi una década en estructuración, además de multimillonarios recursos invertidos, avance hoy arrastrando notorias deficiencias. Si bien el objetivo es saldar una deuda histórica de las últimas administraciones distritales con la ciudad, además de por supuesto honrar una obligación legal y constitucional flagrantemente incumplida por los gobiernos de 2012 y 2016, hay que decir que no todo vale y no cualquier cosa sirve.

Dentro de los hallazgos más notorios en el proyecto en revisión por parte del Concejo Distrital, hemos identificado una serie de elementos que parecen no responder a una lógica de realización técnica de casi diez años, el grueso del documento y sus anexos está plagado de generalidades, y se queda corto en casi todo lo que se pensaría debe abordar, el que será el documento que defina la visión de ciudad para los próximos 12 años, en términos de que, como, cuando y donde.  

El asunto es tan delicado y salta a la vista que aspectos tan neurálgicos de un POT, como lo son sus determinantes hayan sido tratados de forma tangencial, en especial el componente de riesgos presentado en el proyecto de POT y sus anexos técnicos, dejan al descubierto la ausencia de estudios detallados, respecto de los riesgos que se encuentran determinados en el Distrito de Santa Marta. La alusión a los mismos en un nivel tan básico, no se compadece con un proceso de elaboración de casi diez años. 

La inadecuada gestión del riesgo, representada en el caso por la ausencia de estudios detallados, crea una situación inaceptable para los ciudadanos en una doble perspectiva, por un lado, el riesgo en sí, que conlleva desconocer con suficiente detalle cuales son estos y las formas correctas de mitigarlos, en caso de ser mitigables. En ese entendido, lo superficial y básico de los documentos alusivos al riesgo presentados al Concejo Distrital, insistimos no se compadecen con un proceso de elaboración de casi diez años. Con ese tiempo y los recursos invertidos deberían existir estudios detallados. 

Situaciones de desidia administrativa como la señalada han sido el caldo de cultivo propicio para que riesgos se materialicen y surjan tragedias, en especial, cuando herramientas que podrían servir en materia de prevención, como por ejemplo el control urbano, responsabilidad de las administraciones locales ha brillado por su ausencia en los últimos gobiernos, Santa marta es una ciudad que históricamente se ha caracterizado por su informalidad y la construcción no es la excepción.

La siguiente situación inaceptable y que es fruto de la aparente inexistencia de estudios detallados, consiste en la falta de seguridad jurídica que se crea en torno a los desarrolladores inmobiliarios en la ciudad, cuyos proyectos e inversiones se ven expuestos a situaciones de incertidumbre jurídica, financiera y técnica. En la practica y ante la ausencia de estudios detallados, la viabilidad de muchos proyectos generadores de centenares de empleos y dinamizadores de la economía local, terminan dependiendo de la voluntad y de los estudios, entregados por funcionarios locales bajo la forma de “viabilidades”. Esta situación abre una ventana a arbitrariedades y crea un escenario propicio para que fenómenos de corrupción y abuso de poder surjan.  

Todo lo anterior, responde a solo uno de los elementos estudiados en el marco de los documentos presentados a consideración del cabildo samario, existen profundas dudas frente a componentes como los servicios públicos y su real disponibilidad para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, el POT está plagado de menciones básicas a planes maestros cuya realización esta pendiente desde hace décadas y el documento se limita a mencionarlos, sin siquiera establecer una ruta clara hacia su consecución. 

Finalmente, y como es casi seguro que, el proyecto pase sin problemas las discusiones de plenaria del Concejo Samario, el llamado de atención a los cabildantes es para que sean conscientes de la gigantesca responsabilidad que recae sobre ellos y que al menos, en aspectos como el de riesgos, se hagan las salvedades del caso y se determinen responsabilidades para que, en el corto plazo, se realicen los estudios detallados que deberían estar presentes en un POT de segunda generación, como el que se pretende sea aprobado.  

Edgar Jafet Hernández, abogado especialista en derecho ambiental, territorial y urbanistico