¿Democracia o burocracia contra la Universidad del Magdalena?

Por: Cesar Barros

En la antigua ley de los baqueros texanos, todo aquel que se acercaba sin avisar era merecedor de un disparo, y si moría, no importaba. No había justicia, preguntas ni cruce de palabras, te ganabas un tiro solo por la mera sospecha de un posible acto contra la vida, la honra o la integridad del desapercibido.

Esta misma ley de ráfagas texana, se le aplicara a la Universidad del Magdalena el día 09 de diciembre del 2020, en el congreso de la República. A la Universidad, la llevaran a un paredón para dispararle por la simple sospecha de las percepciones de otros actores.

No existe fallo judicial, ni de otro ente de control para llevarla al congreso por “La visibilización e irregularidades del proceso de elección del Rector”, ni si quiera se le ha presentado un cuestionario previo, o ha existido una delegación de choque de la comisión séptima del Senado para averiguar qué está sucediendo en ella, se le invita al rector, a un grupo de estudiantes cercanos al Gobernador, al Gobernador y a la ministra de educación.

Si señores colombianos, 44 millones de habitantes en medio de una trágica pandemia, incertidumbre por una vacuna, asesinatos de líderes, inundaciones, abuso policial, recesión de la economía agraria e industrial, entro otros factores; y 4 senadores citan en el congreso con todo el derecho, a los miembros de la comunidad de la Unimagdalena para conocer la legalidad de la elección del rector. Y ojo no está mal, este es el ejercicio de la democracia.

La autonomía universitaria no se está vulnerando, sin embargo, nunca se había visto desfilar a una Universidad por estas causales en el Senado de la República, ni siquiera cuándo algunas, han sido tomadas por los paramilitares o clanes políticos. Lo que está pasando con la Unimagdalena, no es más que el camino por la sed de un juicio pronto, rápido, subjetivo y acomodado.  Recuerdo en una época, como nos toco rogar en el congreso para que nos ayudaran contra Trino Luna, si, rogar, solo Gustavo Petro salió en defensa de esa causa.

El proceso que eligió al actual rector Pablo Vera fue el mismo que se repitió con el actual gobernador, cuándo fue electo contra la candidata Sandra Rubiano Leyton, la candidata de Trino Luna siendo esté, el primer gobernador condenado por Parapolítica. Si, en ese entonces Carlos Caicedo dejó a la candidata por fuera de la contienda, gracias a todo el apoyo de la comunidad universitaria que sabía cómo defender la institución.

A Trino Luna, no le quedo de otra que nombrar a Carlos Caicedo de rector, en ese momento delego a Pablo Beltrán como presidente del consejo superior, porque este no quería verle la cara a Carlos Caicedo. Y vinieron de ese entonces, unas batallas muy duras, pero la Universidad pudo responder a ellas. Luego otros rectores encargados, otros en propiedad (electos), hasta que la universidad perdió su reflejo en la región, que pudo volver a recuperar durante la rectoría de Pablo Vera.

Los que somos egresados de la Universidad y fuimos líderes estudiantiles en ella, conocemos bien que el proceso no tuvo irregularidades, es más por primera vez en rector pide ser separado del cargo para no tener doble función y beneficiarse.

Lo que nunca habíamos visto, era tanto show mediático en medio de un candidato, medios locales y regionales haciendo cobertura, conciertos y celebraciones como si fuese un candidato al Concejo, Alcaldía, Gobernación o al Congreso. Sí, así es, candidato de la propia estrategia electorera, me pareció ver a los políticos tradicionales haciendo campaña, o como dicen en el Magdalena: “A los de antes”.

Ya en el 2018, el actual rector Pablo Vera había pasado por el Congreso, sí, a exigir recursos. La Unimagdalena y otras universidades regionales han mostrado indicadores de calidad y cobertura merecedoras del aumento del presupuesto.

Para esto, es que deberían los congresistas gastar tinta, o evaluar cómo se aumenta el presupuesto, o como las alcaldías y gobernaciones dejan de gastar dinero en un convenio o Universidades de Garaje. O revisar si, la estrategia que tiene la Alcaldía de Santa Marta por 3.245 millones de pesos con la Universidad tecnología de Bolívar es más efectiva, teniendo a la Unimagdalena con programas a distancia y presencial ahí en su propia ciudad y con mayor capacidad que la del Departamento de Bolívar. ¿Podría esta ser también, una proposición a la comisión séptima del senado?

Como entonces, estos legisladores no tienen una batería negativa de evidencias contra la Unimagdalena como es; el detrimento patrimonial, indicadores negativos de gestión, calidad, cobertura, actos judiciales u ordenes de jueces contra ella, no queda claro el por qué citan a los estamentos sin una investigación previa o una delegación que haya estudiado el caso de la Unimagdalena por parte de la comisión séptima del senado.

Incluso, entenderíamos mejor el tema si la Unimagdalena es un caso probado de corrupción, ilegalidades, baja calidad, vulneración a los derechos, ferias de contratos y burocracia; y entonces la comisión séptima del senado hace apertura de una investigación sobre lo que sucede en ella, y amplía el estudio al resto de universidades de Colombia, comenzando como proposición el cambio de la ley 30 de educación (1992).

Tampoco es claro, porque un grupo de senadores hacen una proposición de audiencia pública sin ser aprobada por la comisión y exigen que esta se haga en cierta fecha, sin que ella sea aceptada por esta célula legislativa en plenaria o constitucional permanente. Es raro este escenario legislativo, dan por cierta una proposición sin ser aceptada por su comisión natural.

Pero estamos en Polombia o en Macondo y todo es posible. La vicepresidenta del Senado Griselda Lobo Silva del partido de las Farc y los senadores del partido verde como Antonio Sanguino, tienen vínculos de cogobierno con funcionarios de su partido en el gobierno de Fuerza Ciudadana.

Un ejemplo de esto es que la esposa del senador Sanguino tuvo contratos en Santa Marta, y que el senador es investigado por la corte suprema por actos ya parecidos en Bogotá. El otro tema es que Franklin Carreño del partido Farc es el nuevo secretario de movilidad de Santa Marta. Situación que aplaudí en su momento, porque hay que darles la oportunidad a las Farc.

Mi pregunta es, ¿están haciendo un ejercicio de democracia, o un ejercicio de burocracia?, Cuál quiera que sea la pregunta o su respuesta, el Gobernador Carlos Caicedo, camina de tras de ella. No quiero pensar, que esto es un afán por debilitar el proceso de elección de rector, abrir escenario de tutelas y causas judiciales, que un juez detenga el proceso, y que luego se tenga que escoger terna, pero que previo a eso, se abran las elecciones de representantes y Fuerza Ciudadana tenga la mayoría en el consejo superior, escogiendo así, a su rector ideal. Y con esto todo el control político del Departamento.

Tampoco quiero pensar, que los senadores alternativos se están prestando para esto, porque estarían fracturando el ejercicio de los movimientos ciudadanos, estarían permitiendo que los ciudadanos desconfíen de ellos, y que luego en las próximas elecciones, los vean como políticos tradicionales que caminan a su antojo por el poder, y no por la transformación positiva del territorio nacional. Esta sería una gran fractura, es bueno revisar ahora e ir tomando distancia para que estos senadores caminen por la alfombra roja de los legisladores deshonrados y no votar más por ellos.

A los egresados, estar pendiente de la Universidad. A la universidad no se le puede permitir politizarla, ni que sus procesos sean un juego de mercado o contiendas electorales. El éxito de la universidad en su longevidad son atributos que se le suman a sus egresados.  Tampoco podemos caer en lógicas absurdas, que como el rector fue posesionado por Rosa Cotes, es de los Cotes, como tampoco se podría decir que Carlos Caicedo era de los Dávila o Caballeros porque estos los posesionaron en el cargo.