Inminente Paro de camioneros

Para este 15 de febrero, la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera hizo un llamado a todos los gremios productivos del país para llevar a cabo una movilización pacífica en rechazo a las medidas que se vienen tomando desde las concesiones de los peajes que resultaron en el aumento desmedido del precio de los mismos.

Esta decisión fue puesta en conocimiento de la comunidad, luego de llevarse a cabo una reunión virtual a la que asistió la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, la Viceministra de esta misma cartera, delegados de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y miembros de la Cruzada.

En el encuentro, según explica Eduardo Betancourt, presidente de la organización, fue imposible establecer una solución que no afectara la actividad económica camionera porque, de acuerdo con la ministra Orozco, “es imposible revisar el tema de las concesiones de los peajes en Colombia”, por distintos puntos en la contratación que el Gobierno Nacional, al parecer, no puede alterar.

La justificación que dan los funcionarios del Estado es que Ley les prohíbe intervenir en ese tema, dado que los contratos así fueron establecidos sin una forma legal de cambiarlos.

“En estos momentos tenemos 109 peajes concesionados y, al parecer, los contratos están viciados porque dicen que el concesionario puede subirle anualmente a la tarifa de acuerdo a las necesidades que consideren necesarias para recaudar el dinero de retorno en las utilidades que invirtieron en obras”, explicó Betancourt.

En ese orden ideas, el alza de los precios se convirtió en una decisión que determina únicamente la empresa, sin tener en cuenta la afectación que podría generar en los usuarios. Acorde con lo explica el presidente de la organización camionera, tras la reunión de las concesiones, hay peajes que reportan precios aumentados hasta en un 250% y 300%, como es el caso del que está ubicado en el sector de La Pintada, en Antioquia, que antes cobraba una tarifa de $16.600 y ahora pretenden subirla a $66.000.

“La pregunta que nos hacemos es: ¿Nosotros debemos pagar por las malas elecciones o los malos negocios que hicieron a puerta cerrada con el dinero del pueblo? No puede ser, porque esas vías las pagamos nosotros, principalmente los que vivimos del transporte de carga por carretera y los buses interdepartamentales”, manifestó.

Además, los precios afectarían también la capacidad de los trabajadores para el mantenimiento de estos vehículos de gran tamaño, pues si se pagan mayores tasas por concepto de peajes, disminuye la capacidad para otros gastos y también el margen de ganancia. A esto, se le suma que el Estado no ha podido garantizar la completa implementación del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga, SICE-TAC, una metodología que el gremio lleva diez años impulsando, a través de la cual se pueden medir los costos de la operación transportadora de acuerdo a las características propias de cada viaje, como la clase de camión, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de espera, cargue y descargue.

Aunque esta es una idea innovadora que podría darle forma al trabajo que estas personas desarrollan en carretera, todavía no es exigido como un requisito obligatorio para que el transporte de carga deje de perder las garantías básicas.

“Hacer transporte de carga en carretera en Colombia es muy difícil, sencillamente estamos trabajando a la oferta y demanda, y en esa situación estamos en desventaja porque el Gobierno no tiene una regulación del Parque Automotor, tenemos una oferta media de vehículos y la poca carga que sale, la tiene que llevar el que tenga los gastos más baratos”, declaró Betancourt.

Así mismo, el presidente de la Cruzada Nacional explicó que hoy en día esta actividad se ha convertido en un campo lleno de “canibalismo, sobreoferta y falta de garantías”, y que, por esto, la estructura del gremio se está desquebrajando y en cualquier momento desaparecerá, pues no sólo luchan con las tarifas de peaje, sino también con la de combustible, que hoy en día les representa el 43% de cada operación.

Por ejemplo, en la carga de un flete de un $1.000.000, $430.000, por obligación, deben ser invertidos en gasolina y los peajes representan un 19.5%, es decir, $200.000, en total el 62% del viaje. Ahora, si a eso se le suma el incremento que intentan aplicar para el derecho al tránsito, el precio superaría el del combustible y ascendería a más del 80% nada más por estos dos conceptos mencionados, lo que convertiría al transporte de carga en una labor insostenible.

Es decir, los camioneros sólo dispondrán con alrededor del 16% para mantener el equipo de trabajo, comprar llantas, hacer mantenimiento, pagar conductor y ganancia del viaje.

“Tal parece que esos estudios nunca los hicieron ni nos consideraron, sólo se fijaron en la parte contratante, no de dónde iba a salir el dinero ni quién lo iba a aportar, ni si nosotros teníamos la capacidad para pagar los peajes o no (…) Aquí, en lugar de ser competitivos nos ponen cada vez más trabas”, aseguró.

Por todo lo anterior, la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera considera que hay razones de más para convocar a todos los gremios del país a la movilización pacífica desde todas las ciudades de Colombia, dado que es una situación que afecta directa e indirectamente a toda la población, pues la comida y mayoría de la materia prima llega a las poblaciones por tierra, entonces, los costos de los elementos básicos también tendrán que elevarse. “Finalmente, todo cae sobre la persona que se gana el mínimo, quienes serán lo que tendrán que comprar las cosas a unos precios exorbitantes”.

Por la situación actual, Eduardo Betancourt asegura que los transportadores se encuentran en medio de un dilema, porque los fletes ya no representan ganancia y siguen trabajando por debajo de los precios del SIS-TAC, que, según su concepto, no está bien implementado.

Por otro lado, ya el Estado anunció la implementación de otras 36 casetas, también concesionadas, que sumarán a las altas tarifas ante las cuales se está formando este movimiento de rechazo.

En este contexto, explica que el “hombre camión” es una figura que se está disipando a gran medida, porque en el país sólo tienen para sostenerse las grandes flotas, sin tener en cuenta fueron los independientes quienes hicieron una industria del transporte por carretera y abrieron las trochas para el desarrollo esta operación.

“A esta industria el Gobierno la tiene en cuidados intensivos (…) Y tampoco se tuvo en cuenta a la gente que vive cerca de los peajes, no los que sean dueños de finca, sin las personas del común que suelen ser de escasos recursos económicos. Entonces, si a ellos les ponen punto de cobro costoso en cerca de 20 kilómetros, ¿qué va a hacer cuando necesite, por ejemplo, una libra de azúcar? Tiene que coger un bus, que eventualmente le va a recargar lo que cuesta el peaje”, explica, añadiendo que con esta estrategia hasta los más humildes tendrán que pagar sin una tarifa preferencial.

El objetivo es llegar a un punto en común con las concesiones y el Estado, para que no se implementen estos costos que terminarán acabando con el gremio y afectando la economía del habitante colombiano promedio. Hasta el momento no se habla de un paro, sino de una movilización que deje en claro el inconformismo existente y la inviabilidad de todas estas acciones llevadas a cabo sin consideraciones futuras.