Honorio, el sinsabor en la ESAP

En obra negra quedó la esperada sede de Santa Marta de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, que estuvo a cargo del hoy senador de la República, Honorio Henríquez, quien ejerció como director nacional de la entidad y tenía la responsabilidad de entregar a los estudiantes en la ciudad un edificio al que pudieran acceder y recibir las clases de manera cómoda y segura.

Sin embargo, la esperanza de ver concluido este proyecto quedó en palabras. La edificación, localizada en la Avenida del Libertador de la capital magdalenense, continúa sin terminar dejando ver la desidia de los funcionarios públicos en este territorio, cuyos habitantes se han tenido que acostumbrar, a las malas, a las obras inconclusas.

La construcción de esta estructura comenzó en noviembre de 2011 y, de acuerdo con el contrato, debía entregarse en diciembre del año siguiente, 2012. La inversión ascendió a $5.608 millones, incluidas las adiciones pues inicialmente se calculaban $2.830 millones para su culminación, con cinco prórrogas de tiempo que se extendieron hasta el 2014 y, sin embargo, el proyecto nunca fue terminado.

En el proceso estuvieron involucrados la firma interventora DPC Ingenieros SAS, el contratista Óscar Garzón Forero (inhabilitado en el 2016 por la Procuraduría para trabajar con el Gobierno Nacional durante cinco años) y el Fonade (hoy ENTerritorio), que estaba a cargo de la gerencia de la mencionada construcción.

El edificio es un ‘elefante blanco’

Acorde con la versión que los veedores estudiantiles entregaron sobre el evidente atraso, tal parece que los diseños que se utilizaron en un primer momento para la construcción no mostraban el cumplimiento de requisitos como sismorresistencia, lo que representaría un peligro para quienes entraran a hacer uso del edificio.

Cuando Elvia Mejía, actual gerente del PDET Sierra Nevada – Perijá, fue nombrada como directora de la ESAP en el 2013, recibió un proyecto inconcluso cuyos diseños, que ya venían con falencias, decidió modificar, cambiando la estructura base de seis pisos a ocho. El tiempo avanzó y la edificación mantenía su estado de atraso, el Fonade, sin embargo, recibió las obras y más adelante la Escuela tuvo que inhabilitar dicha estructura, ya desfinanciada, por la larga lista de fallas que presentaba sin posibilidades de recuperación sin demoler. En pocas palabras, se convirtió en un ‘elefante blanco’.

Mejía afirma haber sido quien apuró a los entes de control para que entraran a hacer seguimiento e investigación sobre lo que ocurría con la edificación en Santa Marta, que después de tres años seguía en obra negra.

En un principio, el contrato de construcción de la primera fase debía culminar en seis meses con seis pisos edificados con aulas de clases en cada uno, un tanque subterráneo y parqueadero. Pero en el 2015, con el proyecto ya suspendido, la Contraloría pudo verificar que habían faltas como daños en las placas y deformidades en las vigas que sostenían la infraestructura.

El documento que emitió el ente de control apunta a que los aparentes responsables de este detrimento fueron Germán Insuasty Mora, subdirector Administrativo y Financiero de la ESAP; Luís Eduardo Laverde Mazabel, subgerente Financiero del Fonade, así como la firma interventora y Óscar Garzón.

A pesar de los esfuerzos realizados por el grupo de veedores y la investigación adelantada por la Contraloría, en nada avanzó esta edificación. Lo último que se determinó fue la necesidad de demolerlo porque la base que ya estaba construida no es apta para usarla de forma segura y pondría en riesgo la vida de quienes allí ingresen.

Hoy en día, la ESAP ya cuenta con su propia sede inaugurada en el 2018, muy alejada de lo que se había planeado en un primer momento, pero aquel edificio construido a medias sigue erguido en la ciudad como muestra del despilfarro de recursos del Estado que ejecutaron unos cuantos funcionarios y que terminó afectando a un numeroso grupo de estudiantes que tuvo que prolongar por varios años la oportunidad de dar clases en un aula digna.

Conductas erradas en la dirección de la ESAP

En el 2013, la Contraloría General de la República dio inicio a un proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal, con Honorio Henríquez Pinedo como único implicado por conductas irregulares durante su periodo como director de la ESAP. A pesar no haber sido señalado como responsable en la investigación que el ente adelantó en Santa Marta, sí figura en los archivos de la entidad por las malas conductas que llevó a cabo mientras ejercía este cargo.

En el informe de 88 páginas, explican que el congresista habría incurridos en conductas omisivas tipificadas en la Resolución Orgánica número 5993 de 2008 y los artículos 100 y 101 de la Ley 42 de 1993, en el que se lee:

“Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado hasta por el valor de cinco salarios devengados por el sancionado, a quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita les hagan las contralorías, no rindan cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecida por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan la presentación de cuentas e informes”.

Tal parece que Henríquez no entregó a la Contraloría las cuentas solicitadas por la entidad el 26 de octubre de 2012, con el fin de certificar las cuentas fiscales de la ESAP en el 2010 y el cumplimiento de requisitos de “fondo y forma”.

Además del problema que carga su nombre por el edificio inconcluso, también se le adelantó esta investigación dado que un examen de auditoría realizado a la entidad determinó que no había cumplido con las obligaciones de gestión fiscal.

Entre los hallazgos, se encontraron inexactitudes de valores y numeración en la relación de los contratos, falta de verificación dentro del proyecto de adecuación y mantenimiento de edificios en el Plan de Acción de 2010, inexactitud en cuanto a la meta de personas capacitadas, ausencia de cuentas de los resultados de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo Institucional y datos falsos en el reporte de Cobertura de la Subdirección Académica, entre otras inconsistencias que fueron válidas para que la Contraloría iniciara oficialmente el proceso de sanción.

De igual manera, se reportaron faltas graves en torno a la adquisición o construcción y dotación de sedes, la adecuación y mantenimiento de edificios, adecuación y fortalecimiento del desarrollo institucional de las entidades públicas y organizaciones sociales, mejoramiento fortalecimiento de la calidad de los programas de educación, el mejoramiento Administrativo y Operativo de la ESAP Nacional, esto debido a que “no alcanzaron el resultado programado para la vigencia por deficiente planeación y falta de celeridad en las acciones, en contravía del principio de eficacia establecido en el artículo 8° de la Ley 42 de 1993”.

Entre otras cosas, también hubo hallazgos por concepto de falta de personal ya que se requerían alrededor de 197 cargos, adicionales a los que ya existían, para poder cumplir a cabalidad con todas las necesidades que tenían la ESAP durante el 2010. Los costos que calculó la Contraloría para cumplir con esto eran de $3.439 millones, sin embargo, hubo 2.368 contrataciones por prestación de servicios por un valor de $24.737 millones, lo que les permitió inferir que “no se estimaron todos los empleos ni los costos de personal adicional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 909 de 200426”.

Hubo además 771 contratos ejecutados y sin liquidar de los que se desconocían las prestaciones y contraprestaciones.

Adicionalmente, identificaron el pago de facturas no debidas y que iban en “contravía de las medidas de austeridad” por valor de $23.695 millones. Dichos gastos correspondían exactamente a: propinas ($3.237.000), grupo musical ($1.067.200), consumos no autorizados que incluían Old Parr, cocteles, vino, cerveza y langostinos ($558.961) valor reintegrado posteriormente; cena para personas no asistentes a un evento determinado ($1.000.000), pago por encima del número de asistentes en almuerzos en el Hotel Hilton ($9.048.000), traslado en lancha ($4.400.000 más $500.000 por la no cancelación oportuna), recorrido en yate y ceviche en la noche ($1.500.000) y alquiler de 649 sillas por encima del número de asistentes a un encuentro dado ($3.443.594).

Lo anterior, sumado a otros sobrecostos que especifica el documento, fueron pruebas suficientes para que la Contraloría emitiera una advertencia al exdirector de la ESAP, en la que aclararon que, de no presentarse los soportes totales de cada uno de los gastos señalados y el reintegro de las sumas por “conceptos indebidos carentes de soportes o por encima de los valores de mercado”, existiría un riesgo de daño patrimonial por parte del directivo de la institución.

En cuanto a la ejecución de presupuestos, informaron que una “baja ejecución en la Adquisición o Construcción y Dotación de Sedes Central y Territoriales de la ESAP, que sólo llegó al 45,3%”, resaltando que “se presentaron proyectos con 0% de ejecución como es el caso de la Adquisición, Construcción, Dotación de las sedes Territoriales de Boyacá, Huila, Tolima y Atlántico”, razón por la cual se verifico que no hubo una planeación presupuestal adecuada faltando a los principios que establece el Decreto 111 de 1996.

En total, fueron 38 hallazgos los que reportó la Contraloría del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, vigencia en la que Henríquez estuvo a cargo de la ESAP.

Su salida se dio en el 2012 y dos años después, en el 2014, entró al Senado de la República, una muestra de que las investigaciones y el presunto detrimento al patrimonio en el que pudo haber incurrido no fueron razones suficientes para sanciones ejemplares a quienes ocupan cargos públicos.

Y aunque lo ocurrido en el edificio en Santa Marta no habría sido responsabilidad suya, de acuerdo con lo que emitió la Contraloría luego de las indagaciones, sí quedó un sinsabor en los estudiantes y la comunidad samaria al percibir las fallas en las acciones de gestión por parte del entonces director que pudieron haber evitado un desenlace como el que se dio.

Hoy, desde el congreso, Henríquez representa al Magdalena, teniendo en su poder la oportunidad de dirigir beneficios a esta necesitada comunidad que durante años ha depositado su confianza en él, esperando poder ver algún el cambio que tanto necesita y que, por mucho tiempo, varios han prometido.