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La falta de sentido común lleva a Colombia a las calles

Opinión Caribe

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Dialogar y concertar acuerdos, es la única manera de acabar con las protestas manchadas por muertes, violaciones, heridos y desaparecidos.

Por: Evieth López Pinedo

Colombia, un país rico en recursos naturales, dueño de una ubicación geográfica envidiable y rodeada de dos océanos, además, cuenta con una exuberante riqueza en fauna y flora, paisajes hermosos, gente trabajadora y dispuesta a salir adelante, a pesar de todas las adversidades y el infortunio que ha tenido a lo largo de los años a causa del conflicto armado, la lucha contra las drogas, la injusticia social y los gobiernos corruptos. Han sido sesenta años de una constante batalla tanto política como social, que, al día de hoy, se vuelca hacia las calles buscando sanar heridas y atropellos a la clase trabajadora.
La población colombiana, en su mayoría los jóvenes, llevan tres semanas saliendo a las calles a protestar, a estos, se les ha unido diferentes gremios, grupos empresariales, indígenas y toda la sociedad civil en general que se ha sentido golpeada por el gobierno, los cuales se han burlado y mentido en la cara del país.

Durante la campaña electoral, el hoy presidente de la república predijo que en su gobierno se buscaría aumentar sueldos y reducir impuestos, mejores oportunidades de empleo para los jóvenes, economía naranja y diversas propuestas que parecían atractivas en su momento para las personas, pero que, a día de hoy, todo ha quedado en palabras y mentiras.

Aunque la gota que rebosó el vaso fue la reforma tributaria anunciada por el gobierno del presidente Iván Duque, que en vez de reducir impuestos los elevaría, y que condujo a las personas a salir a las calles, el inconformismo y disgusto social va más allá, por lo que ésta no es la única razón de las protestas en el país. El desempleo sigue en aumento y las pocas oportunidades de trabajo son el pan de cada día de muchos jóvenes. El mal manejo que se le ha dado a la pandemia del Covid-19, el incremento de la población en situación de pobreza monetaria, el asesinato de miles de líderes sociales en los últimos años, la idea de acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y a todo esto se le suma una nueva reforma a la salud que va en contravía con las necesidades del pueblo colombiano (reforma que por cierto será archivada y no verá la luz al final del túnel), son algunas de las razones de la gente para salir a las calles el pasado 28 de abril, y a día de hoy seguir luchando en ellas.
Pero estas protestas se han convertido en un brutal salvajismo por parte de las autoridades, que en muchas ocasiones han oprimido diferentes movimientos sociales pacíficos, provocando decenas de muertes, heridos y desaparecidos, y que se agudizó por un trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde menciona el “derecho de los soldados y policías a usar sus armas” haciendo referencia a la utilización de estas en contra de su mismo pueblo. Dicha expresión, va en total contravía de unas instituciones que juran proteger y salvaguardar la vida de toda la población civil del país. Además, se nota la doble moral del expresidente, quien, en tiempos anteriores durante las protestas en Venezuela, les pedía a las autoridades bajar las armas y no disparar contra la ciudadanía.
El desgobierno del país también se ve reflejado en la corrupción, que es otra piedra en el zapato para el presidente, esta le cuesta a Colombia miles de billones de pesos, dinero que al final termina saliendo de los bolsillos de los colombianos. La excusa para sacar una reforma tributaria nefasta es que no hay dinero, pero sí lo había para “salvar de la quiebra” a una empresa multimillonaria como Avianca, para comprar aviones de guerra, carros blindados o malgastarlo en un programa diario que nadie ve y que no aporta ninguna ayuda o solución a la pandemia del Covid-19.

Colombia eligió un gobernante que no ha sabido direccionar el país ni ha entendido la coyuntura social, política y económica que vive la población, cosa que quedó demostrada sacando a relucir una reforma tributaria que afectaría el bolsillo de los colombianos, en el peor momento de la pandemia.
Esto no se trata de dos bandos, de derechas e izquierdas, buenos y malos, policías contra ciudadanía y viceversa. Se trata de buenas políticas y malas decisiones que afectan al país. Las protestas y marchas son sinónimos de descontento, desgobierno y justicia social. La gente no quiere nada regalado como muchos piensan, la gente solo pide lo que por derecho el Estado debe proveerle: educación pública gratuita y de calidad, servicios de salud dignos, reformas que no afecten el bolsillo de la clase trabajadora, oportunidades de empleo y que se respeten los derechos humanos y la vida de los que luchan por estos.

Las marchas y protestas mientras sean pacificas deben seguir, esto hasta que el gobierno por fin los escuche y no decida acabarlas enviando a la fuerza pública a “mantener el control” de las ciudades, en vez de ir y concertar con diálogo las necesidades de un pueblo golpeado por la oligarquía pura y salvaje. Claro que no todos los policías y agentes del ESMAD son malos, ni tampoco hay que ocultar que en las marchas se infiltran personas ajenas a la lucha social, y que, por el contrario, se inmiscuyen en ella para afectar el bien ajeno y propagar el terror y el vandalismo, pero siempre son una pequeña minoría que no representan al verdadero país que quiere salir adelante y a unas instituciones del Estado que en su mayoría respeta y cuida al ciudadano.
Basta ya de retribuir todo lo malo que pasa en el país a la izquierda, quienes nunca han gobernado y no tienen la culpa de las malas administraciones de los últimos años en Colombia.

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