Alcaldía tendrá que dar fecha para la entrega de elementos de bioseguridad en colegios del Distrito

Luego de una acción de tutela interpuesta por el veedor ciudadano, Edilfonso Orozco Barros, el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta, ordenó a la Alcaldía Distrital informar la fecha en la cual serán entregados los elementos de bioseguridad requeridos en los distintos colegios de la ciudad, con el objetivo de retomar la presencialidad en las clases.

De igual manera, el fallo ordena a la administración anunciar cuándo serán instalados los equipos de lavado para la desinfección, de ser necesarios, en las instituciones. Esto, buscando mantener “la comunicación del proceso de cumplimiento de la Resolución No. 777 del 2 de junio de 2021”, emitido por el Ministerio de Salud, que estipula las medidas a adoptar en las jornadas de educación presenciales.

En la tutela interpuesta, Orozco Barros establece que “el 70% de los docentes que prestan sus servicios se encuentran vacunados. No obstante, lo anterior, los entes territoriales responsables no se encuentran organizando el retorno a clase de los niños de Santa Marta”, incurriendo en una presunta vulneración al derecho a la educación, esto incluso después de que el Ministerio de Educación, girara en agosto, noviembre y diciembre de 2020 los recursos destinados a garantizar el reingreso a la presencialidad.

Es por eso que la veeduría tomó la determinación de abordar las vías legales para que la Alcaldía del Distrito, por medio de la Secretaría de Educación, “proceda a suministrar a todos los colegios de Santa Marta, los elementos de bioseguridad necesarios para retornar a las clases presenciales; contratar más aseadoras en cada institución educativa para realizar con mayor rigurosidad los procesos de desinfección; que se ordene el regreso a clases en las instituciones que cuenten con todos los protocolos de bioseguridad”.

Sobre las acusaciones, la Secretaría en cuestión argumentó que los elementos de bioseguridad y de protección personal fueron adquiridos en la tienda Virtual Colombia y que, hasta el momento, se encuentran almacenados en las instalaciones de la Institución Educativa Distrital IED Simón Bolívar, de Gaira. Así mismo, alega que se llegó a un acuerdo con rectores para entregar estos materiales, lo que, a su concepto, “requiere un despliegue logístico, administrativo, contractual y financiero” por tratarse de “cantidades industriales”.

Aunque el juzgado descartó la vulneración del derecho mencionado, dado que la Secretaría de Educación afirma estar “adelantando las gestiones administrativas correspondientes, para garantizar un regreso a clase bajo condiciones de seguridad”, sí precisó que no fueron mencionados los términos del acuerdo al cual llegaron con los rectores, lo que genera una inseguridad jurídica por no conocerse a cabalidad el cronograma de actividad.

Lo anterior, sumado a la omisión que mostró el ente territorial para “establecer las pautas de entrega y demás circunstancias encaminadas a concretar el regreso a clases presenciales”, lo que denota “falta de interés”.

Es por eso que el Juzgado determinó ordenar a la Alcaldía y Secretaría de Educación informar al veedor sobre el proceso de entrega, en respuesta a la acción de tutela interpuesta y, así garantizar que se cumplan las precisiones tanto del Ministerio de Salud como de Educación para el retorno a la presencialidad.