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Región Caribe

Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra William Dau, alcalde de Cartagena

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaría contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, como también al director de Apoyo Logístico, Didier Torres, por presuntas irregularidades en cinco contratos que se suscribieron en el año 2020, para atender la emergencia del Covid-19.

De acuerdo a la Procuraduría Segunda delegada para la moralidad pública, los contratos fueron adjudicados con una papelería reconocida en la ciudad, donde se desarrolló un convenio especial de cooperación, «con una empresa española suscribieron por un valor inicial de $150 millones de pesos, por el primer mes; orden de compra #1 para compra de paquetes alimenticios y productos de aseo por mil millones 900.000 pesos, para la compra de 22.337 kits de alimento y aseo con la empresa Invercomer del Caribe».

Igualmente detallo que, «Un convenio de asociación por $397.735.803 para brindar asistencia integral a 23 adultos mayores, con el Hogar San Pedro Claver, firmado en abril 1; un convenio de asociación 004 – 2020 por $ 484.525.000, suscrito con la Corporación del Desarrollo Humano CORDESHU, firmado en marzo 24 del 2020. Además, se ordenaban la compra de paquetes alimenticios y productos de aseo por mil millones 900.000 pesos para la compra de 22.337 kits».

Esta denuncia fue interpuesta por el presidente de la veeduría Corposicial, Wilmer Sánchez, por presuntos sobrecostos en los contratos y contratación directa y también cobija al director de Apoyo Logístico, Didier Torres.

Sánchez indicó, “El alcalde junto al director de la Oficina de Apoyo logístico deberá presentar todas pruebas de los convenios, de los contratos y detallar la entrega de los kits de aseo, de los alimentos a los beneficiarios, para ver si es verdad que los recibieron, porque era una época donde en realidad la gente se estaba muriendo de hambre y de Covid-19″.

Según el veedor, no se entregó presuntamente el total de las ayudas a las personas beneficiarias, puesto que no hay soportes donde conste la entrega de esto. Sostuvo que, de llegarse a comprobar las irregularidades en los contratos se debe castigar con todo el peso de la ley a los que serían los responsables.

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