En fallo de segunda instancia, Consejo de Estado establece pérdida de investidura del diputado William Lara

Este lunes 20 de septiembre, el Consejo de Estado emitió un nuevo fallo de segunda instancia por medio del cual quedó establecida la pérdida de la investidura del diputado, William Lara Mizar, solicitada en el mes de mayo por la Procuraduría Quinta Delegada, teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo del Magdalena denegó el pasado 9 de septiembre de 2020 la solicitud hecha por Milton Cantillo Cadavid, excandidato a la Asamblea, quien instauró la denuncia.

El fallo tuvo su punto de inicio luego de que se comprobara que la Contraloría General del Magdalena mantenía vigentes procesos de responsabilidad fiscal en su contra, cuando participó con voz y voto en la elección del Contralor Departamental Encargado, el 1 de enero de 2020, lo que habría significado un conflicto de intereses sobre el cual no se pronunció el diputado.

Aunque Lara Mizar obtuvo un fallo favorable el año anterior, el proceso continuó su curso tras la solicitud de la Procuraduría, razón por la cual el Consejo de Estadio dio su veredicto.

“La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte solicitante en contra de la sentencia preferida el 2 de septiembre de 2020 por el tribunal Administrativo del Magdalena, mediante el cual denegó la desinvestidura del diputado de la Asamblea Departamental del Magdalena, señor William José Lara Mizar, elegido para el periodo constitucional 2020-2023”, se lee en el portal web del Consejo.

Hasta el momento de esta publicación, el documento no se puede visualizar debido a que tiene firmas pendientes, sin embargo, el tribunal aclara que será accesible tan pronto cuente con esos requerimientos.

William Lara Mizar fue alcalde del municipio de El Banco, Magdalena, en el periodo 2012 – 2015. Tras su salida del cargo, la Oficina Jurídica la Contraloría Auxiliar del departamento dio apertura a una serie de investigaciones en su contra por un presunto detrimento a las arcas públicas, que llegaban al monto de 1.037 millones de pesos.

Estas mismas indagaciones habrían representado el mencionado conflicto de intereses cuando participó en la escogencia del contralor delegado.