Hospital Universitario responde a las denuncias de la alcaldesa por el embargo de cuentas

La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, denunció ayer jueves en sus redes sociales nuevamente el embargo de las cuentas de Distrito por parte de la ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, según explicó, por el cobro de la atención prestada a la población pobre, vulnerable y migrante en este centro médico.

Esta vez, la mandataria señaló que el embargo fue realizado sobre los recursos destinados a la Tasa Prodeportes, así como los del pago de impuesto, con lo que se sustenta la inversión en programas sociales y las obras de infraestructura dentro de la ciudad.

Antes las acusaciones, Óscar Galves, Agente Especial Interventor de la ESE, se pronunció, asegurando que dicha acción de cobro se llevó a cabo en el ejercicio de todas las garantías jurídicas que concede la Ley colombiana.

De igual manera, negaron la existencia de alguna amenaza al debido proceso, apoyado en la existencia de fallos de tutela emitidos por el Juzgado Segundo Civil Municipal, así como el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta, en primera y segunda instancia.

“Sumado a lo anterior, las autoridades judiciales también determinaron que la medida de embargo decretada, tiene como finalidad sufragar los gastos en materia de salud que se le adeudan al Hospital, protegiendo el derecho fundamental a la vida y a la salud”, señaló la institución por medio de un comunicado de prensa, añadiendo que el ESE no ha dejado de prestar servicios a las poblaciones vulnerables a pesar del no pago por parte de la administración distrital.

Sobre ese punto específico, Johnson aseguró en sus declaraciones iniciales que, desde la Alcaldía, se ha intentado concretar acuerdos de pago “por lo que le corresponde desde el Distrito”, haciendo énfasis en que el cargo por la atención a la población migrante corresponde al Gobierno Nacional y que este último “aun no gira estos recursos”.

Por otro lado, el Agente Especial Interventor señaló que, con los recursos recuperados, “se ha venido dando oportuna atención a la población más pobre y vulnerable, y a la población migrante”, como parte del compromiso de la institución de brindar garantías para preservación de los mencionados derechos fundamentales.

Una situación idéntica se presentó en mayo de este 2021, cuando el Hospital llevó a cabo un primer embargo de cuentas por las mismas razones expuestas, lo que provocó el descontento de la mandataria, quien calificó el hecho como “una acción improcedente”, bajo el mismo alegato de que los recursos de la población corresponden al Estado.

En esa ocasión, la sanción se levantó en junio, tal como lo afirmó Óscar Galves, dando como evidencia la resolución publicada en las redes sociales del Hospital, que acompañó con un mensaje en el que invitaba a la alcaldesa a cancelar las deudas.