Denuncian “mico” en proyecto de ley anticorrupción que afectaría la libertad de prensa

El polémico proyecto de Ley 369, que hace tránsito por la Cámara cuyo ponente es el representante César Lorduy, ha encendido las alarmas de la Asociación de Medios Independientes, Ami) y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación quienes denunciaron por medio de un comunicado conjunto que dentro de la ponencia para último debate del Proyecto de Ley Anticorrupción hay un sorpresivo artículo que atenta contra la libertad de prensa.

Cabe recordar que el proyecto de ley anticorrupción busca adoptar medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción en Colombia. Fue radicada con el respaldo de los Ministerios Públicos y con el apoyo del gobierno de Iván Duque.

Esta sufrió cambios durante la ponencia para segundo debate, con la ponencia coordinada del representante César Augusto Lorduy, del partido Cambio Radical.  Sobre el final del informe de la ponencia, quedó expuesta una adición al Código Penal, establecido en la Ley 599 del año 2000. Allí se crea un nuevo delito: “Injuria y calumnia contra contra funcionarios o exfuncionarios públicos”.

Se trata del artículo 221a nombrado “Injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos” el cual indica, “el que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal.

Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la ley 906 de 2004.”

Por el “mico” incluso va más allá de estas sanciones: establece que el juez de control de garantías debe suspender o cancelar la personería jurídica, en caso de que quien cometa el delito sea su representante legal.

Para Asomedios, no hay una relación entre esa disposición con el objeto de la ley, que debería ser evitar actos de corrupción precisamente en el sector públicos que los funcionarios representan.

“La tipificación de los delitos de injuria y calumnia y la responsabilidad penal y civil extracontractual derivada de la comisión de los mismos aplica para todos quienes cometan esos actos en Colombia, sean o no funcionarios o exfuncionarios públicos o sus familiares, por lo que no se entiende tampoco la creación de un régimen especial o privilegiado en caso que los sujetos pasivos de tales delitos fueran estas personas”, sostiene la asociación.

Igualmente, Asomedios sostiene que este “mico” amenaza cualquier denuncia de posibles irregularidades en el sector público como lo hacen, por ejemplo, los medios de información.

Agregan que, “Que el fuero se extienda más allá de los periodos de servicio público con el mismo objeto, solo parece querer garantizar que jamás se denuncien actos o hechos que debieran ser denunciados, por temor a las consecuencias y costos de procesos judiciales en contra de medios y periodistas, es decir una modalidad legal de acoso judicial tendiente a la censura desde el poder público en cabeza de quienes lo ejerzan y sus familias”.

Finalmente, tras el rechazo anunciado por la Asociación Colombiana de Medios de Comunicación, varias organizaciones de prensa a nivel nacional e internacional se han sumado entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP quien pidió que se archivara el proyecto de ley.