Interponen tutela contra elección de Contralor Distrital por presuntas faltas graves

El pasado viernes 10 de diciembre, el Concejo de Santa Marta llevó a cabo la última fase del cronograma de actividades establecidas para la elección del Contralor Distrital, proceso en el cual resultó ganador el ciudadano Chadán Rosado, por una decisión unánime de 14 votos a favor, provenientes de igual número de concejales presentes en la sesión.

Sin embargo, el abogado Ariel Quiroga Vides confirmó hoy ante las cámaras de OPINIÓN CARIBE que contra dicha escogencia se interpuso una acción de tutela, al considerar que se incurrieron en faltas graves que violaron derechos fundamentales de Gladys Urquijo Ardila, quien estaba aspirando al cargo.

Quiroga explicó en entrevista con este medio de comunicación, que a pesar de que su apoderada, Urquijo Ardila, quedó de segunda en la prueba de conocimientos a la que fueron sometidos todos los candidatos, no resultó escogida para conformar la terna.

De acuerdo con su explicación, las elecciones de contralores territoriales deben regirse por la Resolución 0728 del 2019 de la Contraloría General de la Nación, que estableció una serie de pautas claras para ejecutar estos procesos, basados en principios de transparencia, publicidad, objetividad y seguridad jurídica, que, al parecer, no se cumplieron por parte del Concejo de Santa Marta en la contratación de la Universidad de Córdoba para los fines mencionados.

“Tenemos la Resolución 134 del 9 de noviembre de 2021, que dice básicamente que hay que reprogramar la fecha en la que se deben publicar los resultados de las hojas de vidas (…) porque ese mismo día, la Universidad de Córdoba, por un correo que no se conoció, le dice al Concejo ‘reprogramen porque hemos tenido problemas interadministrativos que nos impiden cumplir con el objeto del contrato’”, ante esto, el abogado asegura que nunca se especificaron los inconvenientes que imposibilitaban la entrega de resultados, a pesar de tratarse de un proceso público regido por la norma nacional.

Así mismo, aclara de que la resolución 138 del 17 de noviembre de 2021 vuelve a modificar la fecha, acorde con la corporación edilicia, debido a que “por llamada telefónica de la Universidad de Córdoba, se solicitó reprogramar toda vez que el dispositivo móvil en donde estaban las hojas de vida, no servía”.

“Estamos hablando de un contrato de miles de millones y que la universidad salga con la excusa, casi parroquiana de que no le sirve el dispositivo móvil, es inaceptable”, señaló. Frente a esta solución, el Concejo no habría presentado objeción alguna, por el contrario, procedieron a enviar nuevamente los documentos a la institución.

No obstante, en ese caso, la misma universidad advirtió que las hojas de vida no coincidían con las recibidas en un primer momento, razón por la cual solicitaron una revisión física de los papeles en cuestión, pero sobre estas acciones no hubo registro alguno.

“¿Por qué no coincidían? ¿Estaban cambiando información que no podía cambiarse respecto a la experiencia o la acreditación de alguien?”, cuestiona Quiroga.

Posterior a esto, la publicación de los documentos se reprograma otra vez por medio de la resolución 149 del 23 de noviembre de 2021, argumentando que se había ido la luz en el sitio en el que se encontraban los computadores de la Universidad de Córdoba, los cuales custodiaban la información.

“No tenemos el correo, no tenemos el audio de la llamada telefónica, no tenemos la prueba técnica que me demuestre que de verdad se fue la luz”, aseguró.

El envío de la información en cuestión, se estipuló para el 26 del mes anterior, a primeras horas del día, sin embargo, con la Resolución 148 del 29 de noviembre, quedó evidencia que los documentos se recibieron pasadas las 8:30 de la noche, excusados en que la Mesa Directiva del Concejo Distrital no había podido tener acceso a los archivos enviados por la universidad por “problemas técnicos”. Lo siguiente, fue la publicación de la terna con los resultados.

“No puede este proceso ser validado, ni siquiera por el propio Concejo que estuvo en plenaria votando por la escogencia del contralor, ante tamaña violación de derechos fundamentales. No hubo transparencia, no hubo publicidad, no hubo objetividad ni mucho menos seguridad jurídica”, reiteró, explicando a su vez que, tras una indagación, no se encontró el contrato 092, con que se formó el convenio interadministrativo entre la universidad y la corporación.

Por todas estas inconsistencias, se instauró la tutela en contra de este procedimiento, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes el pasado 9 de noviembre, aunque se solicitó una medida provisional, fue negada por la jueza en ese entonces. Quiroga pidió intervención inmediata de la Procuraduría Provincial y del Consejo Superior Seccional de la Judicatura, considerando que “no es normal que, solamente lo que definió la terna, que es la evaluación de las hojas de vida, se haya prorrogado cinco veces por motivos absurdos”.

“Uno no puede validar la elección de un personaje, con un proceso que claramente está viciado”, aseguró.

Se espera que, en el transcurso de diciembre, se conozca un pronunciamiento de fondo de los órganos encargados, sobre todo esta situación que hoy pone en tela de juicio la elección del Contralor en Santa Marta.