Los defensores no tenemos reconocimiento y mucho menos protección: Norma Vera Salazar

El terror y la inseguridad son factores que han venido insertándose en el Magdalena y Santa Marta, en medio de las ineficientes acciones llevadas a cabo por las autoridades locales, que no han podido implementar estrategias efectivas para garantizar el bienestar de los ciudadanos.

La primera semana de diciembre dejó en evidencia la falta de control que impera en el Distrito: la lideresa transgénero y defensora de Derechos Humanos, Cristina Cantillo, fue asesinada por sicarios en la noche del 7 de diciembre, cuando departía con familiares en la terraza de su casa, localizada en el barrio Ondas del Caribe. Aunque contaba con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección – UNP, otorgado por las reiteradas amenazas en su contra, no fue suficiente para salvaguardar su integridad y evitar el fatal desenlace que enlutó a toda una comunidad.

Pocos días después, Jennifer del Toro y Lino Pereira, ambos defensores de DD. HH., se vieron obligados a abandonar a ciudad, nuevamente por mensajes intimidantes con los cuales amenazaban con acabar con sus vidas debido a las acciones que venían desarrollando en distintos sectores de la ciudad en contra del reclutamiento y en defensa del medio ambiente.

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Sobre el tema, se pronunció recientemente Norma Vera Salazar, actual candidata al Senado de la República y quien también asumió el rol de defensora por las mujeres y niñas que fueron violentadas sexualmente por el exjefe paramilitar Hernán Giraldo. Acorde con Vera Salazar, Santa Marta permanece inmersa en una crisis de seguridad, los asesinatos, al día de hoy, se ubican en 154, convirtiendo al Distrito en la tercera ciudad con la mayor tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes.

Esta situación, se refleja también en lo que ella denomina como una “gran debilidad institucional”, por una política de seguridad y convivencia que no se estaría aplicando y que, además, no ha fortalecido las medidas para la disminución del reclutamiento de menores de edad, los asesinatos selectivos, el hurto a personas, residencias y locales comerciales.

Así mismo, hizo énfasis en el alto nivel de vulneración que existe en torno a los defensores de DD. HH., quienes, acorde con la definición de la Corte Interamericana, “son ciudadanos que enarbolan causas desde la sociedad civil sobre todo para la protección y bienestar de la ciudadanía”.

“En todo el país existe una debilidad en la política de seguridad y convivencia, los líderes sociales han venido cayendo sistemáticamente ante un llamado también angustioso de parte de Naciones Unidas. El caso de Santa Marta tiene varias aristas, primero, desde el proceso de movilización hemos venido insistiendo que no se han desmovilizado nunca las organizaciones neoparamilitares, que los criminales se han venido redituando a través de estructuras como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, que la advertencia sobre el Clan del Golfo la hemos venido haciendo hace más de dos años, que la lucha por el control del territorio asociado a lógicas criminales como el narcotráfico, el microtráfico, la extorción y ahora lógicamente la variación con el tema del hurto, ha tenido un gran impacto sobre la vida de los defensores de Derechos Humanos”, señaló Vera Salazar.

Con relación a lo anterior, rememoró el crimen el Martiza Quiroz, en la primera semana del 2019, que continúa impune; el de Alejandro Llinás, en el 2020; el de Cristina, ocurrido en este 2021; así como el de Luis García, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quebrada del Sol, y el de los ambientalistas Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, estos últimos, perpetrados hace dos años, acorde con Vera, por Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en ese momento llamadas ´Los Pachencas´.

“Realmente ser líder y defensor de los derechos humanos es una situación de alto riego en Santa Marta, representa también una gran incapacidad por parte del Estado local y Nacional para darle las garantías a la gente, a los ciudadanos. Significa prácticamente tener que enfrentarse al Estado en varios niveles, porque la mayoría realizan una gran cantidad de denuncias, muchas sobre la inoperancia del Estado y sobre la incapacidad de proteger al ciudadano del común, ser defensor de derechos humanos es estar en la mitad entre un escenario de riesgos y pasar la peor de las partes con que al final no tenemos sueldo, no tenemos reconocimiento y mucho menos protección”, concluyó.

A pesar de los reiterados llamados a las entidades del orden Distrital y Nacional, continúan sin hacerse visibles las medidas que realmente garanticen seguridad a los ciudadanos, especialmente a aquellos dedicados a defender las causas que muchos consideran perdidas.