El charco del deterioro

En días recientes, un fallo proferido por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA, conminó a la superintendencia de servicios públicos, a llevar a cabo diligencias perentorias para suspender la resolución mediante la cual se dispuso la intervención de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARTA (ESSMAR). En la decisión judicial se estableció un término de cuarenta y ocho (48) horas  a partir de la notificación del fallo, sin embargo, de manera intempestiva y con los insumos probatorios de la decisión, el GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, irrumpió en las instalaciones de la empresa, solicitando autorizaciones de ingreso de manera airada y sugiriendo el desalojo inmediato de los funcionarios que se encontraban en labores en el recinto de la entidad.

Más allá del carácter improcedente de la acción de tutela, del alcance de su decisión, las imprecisiones en sus componentes jurisprudenciales o los intereses creados entorno a la motivación de la misma, si es pertinente examinar un conjunto de indicios que estimulan una preocupación inquietante por el indicador de degradación que se va arraigando en el esquema institucional de la ciudad de SANTA MARTA Y EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. El primero, tiene que ver con el término del que disponía el agente especial interventor para acatar el fallo y las formas establecidas en el debido proceso que determinaban cómo debía acatarse: era lógico que la orden judicial concedía a la superintendencia de servicios públicos un término de cuarenta y ocho horas (48 ) desde la notificación sin embargo y aunque parezca elemental, aterrorizados presenciamos, como el GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, irrumpió de manera violenta y con su sequito de aduladores, en las instalaciones de la empresa, denotando una conducta dictatorial permeada de formas complejasde odio y delirio provinciano de superioridad. El segundo tenía que ver con la falta de competencia:no era el GOBERNADOR DEL MAGDALENA autoridad competente con jurisdicción en la empresa ESSMAR o actor legitimado como accionante en el amparo constitucional para exigir la ejecutoria del fallo, lo que ha juzgar por su intemperancia solo se pudo examinar en un enfoque de preocupación y alerta, pues devela el rasgo enfermizo en la dinámica que le imprime a su gestión como mandatario. El tercer indicio tuvo que ver con el actor legitimado para acatar el fallo, quien a juzgar por la decisión proferida en el despacho mencionado  era el SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÙBLICOS Y NO EL AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR, a quien se le generó una carga de riesgos y amenazas que pudieron haber desencadenado un final trágico. La superintendente de servicios públicos necesitaba a su vez, la notificación del fallo, su estudio, su análisis y la evaluación de las medidas legales que emprendería, dentro de las que se incluía un eventual acto administrativo revocando la resolución que ordenaba la intervención. El cuartoindicio tiene que ver con la violencia y es lo más inquietante. El GOBERNADOR DEL MAGDALENA,  ha escalado las formas de dirimir sus desacuerdos en un ámbito permeado por violencia y esto va a generar una secuela convulsa en el departamento y la ciudad de SANTA MARTA, secuelas que van a desencadenar una etapa oscura de macartismo, descoordinación institucional confrontacionesestériles y unanimismo, algo que nos recuerda las etapas horrorosas del influjo paramilitar. El quinto y último indicio, tiene que ver con el beneplácito de sus áulicos, la falta de autonomía de sus funcionarios y el tributo nervioso a la personalidad, a veces tan frágil como inesperado en la adversidad de sus efectos.

Quizá la intervención no se suspenderá, bien porquecon la impugnación se solicitaría el estudio de una medida cautelar orientada a congelar los efectos del fallo, pero lo que si preocupa es que la institucionalidad en MAGDALENA Y SANTA MARTA, está andando en charcos que embarran un mejor porvenir.