Superservicios solicita investigación contra juez que ordenó suspender intervención de la Essmar

Por medio de un documento firmado por la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, fue elevada ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial del Consejo Superior de la Judicatura una queja en contra del Juez Santander Ortiz Marín, por el fallo que ordenó suspender por cuatro meses la intervención a la Essmar, en respuesta a una tutela interpuesta por el exalcalde de Santa Marta y actual candidato al Senado, Rafael Martínez.

En el oficio, la Superintendente se refiere a una falta disciplinaria por parte del juez “al actuar en forma contraria a sus deberes y del ordenamiento jurídico” al darle trámite a una tutela presentada por una persona que no contaba con legitimidad en el caso, pues no se desempaña en el papel de representante legal o apoderado judicial de la empresa en cuestión, tal como lo establece el Decreto 2591 de 1991.

“Respecto de la Resolución 20211000720935 del 22 de noviembre de 2021, en ninguno de los apartes de la misma se vincula al accionante o se ve que pueda su derecho fundamental estar vulnerado, en este sentido, el accionante carecía de legitimación por activa para interponer la acción ya que el actuar de la Superservicios no ha afectado o amenaza con afectar ningún derecho fundamental al mismo”, señala la Superintendente.

Así mismo, aclara que Martínez no probó la vulneración de ninguno de sus derechos, tal como lo presentó en la tutela y que el juez Santander Ortiz “desconoce que la toma de posesión puede ordenarse de manera preventiva”, basando su decisión en “exigencias no previstas en la Ley”.

“De la lectura del fallo, no se demuestra que se haya probado la vulneración o la existencia de un perjuicio irremediable derivado de la actuación u omisión de la entidad accionada como consecuencia de la toma de posesión por parte de esta Superintendencia de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta ESSMAR E.S.P., llevada a cabo por medio de la Resolución 20211000720935 del 22 de noviembre del 2021”, establece el documento.

De igual manera, la funcionaria manifiesta que, acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, debería existir un perjuicio irremediable, inminente, “que las medidas a adoptar sean urgentes y que se trate de un peligro grave”, que derive en una acción de tutela con características impostergables, situaciones que no fueron comprobadas por Martínez, sumado a que el juez no habría solicitado a la Superintendencia información sobre la intervención de la empresa.

“Cometió faltas en la medida en que adoptó decisiones que desconocen el marco legal aplicable, incluso para la procedencia de las acciones de tutela, en la medida en que tuteló los derechos invocados por el tuteante, sin que este tuviese legitimación en la causa para el efecto y sin que se hubiese probado el perjuicio irremediable, y basando su decisión en disposiciones legales que no corresponden”, señaló Avendaño, en la solicitud de iniciar un trámite disciplinario en contra de Ortiz Marín.