Nación
Imputación de cargos para exdirector del Invías por el Caso Odebrecht
La Fiscalía General de la Nación anunció recientemente, a través de un comunicado, haber obtenido material de prueba suficiente para tomar decisiones judiciales contra nuevos posibles implicados en dos de los más grandes entramados de corrupción del país: el caso Odebrecht y el direccionamiento de fallos a cambio de dádivas.
El Grupo de Tareas Especiales para el Caso Odebrecht radicará solicitud de audiencia de imputación contra Daniel Andrés García Arizabaleta, como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.
García Arizabaleta se desempeñó como Director General de Coldeportes, desde el 2003 hasta el 2006. En el 2007, fue director del Instituto Nacional de Vías – Invías, estaba aspirando al Senado de la República con el Centro Democrático, no obstante, tras conocerse la información emitida por la Fiscalía, el partido pidió la renuncia a su candidatura.
“Esta persona, entre 2009 y 2013, habría recibido pagos de la Constructora Norberto Odebrecht. Para hacerle llegar los dineros y no dejar trazabilidad de las transacciones, la multinacional lo hizo a través de la empresa Consultores Unidos S.A.S., representada por Eduardo José Zambrano Caicedo, suscribiendo para esto dos contratos ficticios”, explicó el ente judicial con relación al caso de García Arizabaleta.
Así mismo, indicó que “la empresa Consultores Unidos, al parecer, recibió cuentas de cobro y facturas falsas por servicios que nunca se prestaron, y desembolsó los recursos al señor García Arizabaleta sin dejar rastro de su relación con Odebrecht”, luego de la investigación, la Fiscalía determinó que el implicado presentó un incremento patrimonial de $360’000.000, sin justificación.
Por otro lado, anunció la entidad que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará al exgobernador de Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, por el delito de cohecho por dar u ofrecer.
El material de prueba indica que el exgobernador, presuntamente, acudió a la red de corrupción conformada por el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, abogados y otros exintegrantes de la Rama Judicial para que intercediera y fueran direccionadas a su favor investigaciones que se seguían en la Fiscalía.
Por esta actuación se habría pactado el pago de 1.000 millones de pesos. Hay elementos que acreditan que Abadía Campo, al parecer, entregó inicialmente $400’000.000, a través del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera.
