Este viernes se daría la diligencia de lanzamiento de inmueble en el Centro con siete años en disputa

Desde hace siete años, la ciudadana Victoria Rodríguez se encuentra librando una batalla jurídica en contra de dos personas, identificadas como Yeisi Maiguel y Yusney Suárez, quienes desde el 2013 se encuentran ocupando un inmueble propiedad de Rodríguez, al cual llegaron como arrendatarios cuando se efectuó la venta del mismo y, desde hace casi una década han logrado evadir el pago del arriendo, así como el abandono del lugar, en donde funcionaba una discoteca.

Lo anterior, amparados en que, en el 2012, Maiguel vendió a Suárez, su pareja sentimental, los derechos del establecimiento comercial, que funciona en el local de Rodríguez, sobre el cual buscó recuperar sus derechos con una demanda de restitución de inmueble arrendado con la que resultó favorecida en el 2015.

“El argumento que ella da es que, como no la incluyeron en el proceso, no la pueden sacar porque le están violando sus derechos”, explica el abogado Ariel Quiroga Vides, socio fundador de la firma de abogados Uno Legal, que se encuentra al frente del caso, añadiendo que dichas declaraciones no están apegadas a la realidad, pues ella, Yusney Suárez, mantiene una relación amorosa con Yeisi Maiguel, desde hace más de seis años y tienen un hijo en común, tal como lo evidencian sus redes sociales.

La estrategia, de acuerdo con el jurista, consistiría “en hacerle creer al juzgado que es una extraña”.

La situación ha tenido un sinnúmero de serios inconvenientes, pues Rodríguez asegura que, aunque en seis ocasiones los juzgados han emitido medidas de desalojo, no ha tenido el apoyo suficiente por parte de las autoridades para efectuarlas y, finalmente, retomar el poder de su predio.

Ante lo problemático del proceso, la propietaria decidió proceder ella misma con una estrategia para agilizar la salida de Maiguel y Suárez: con el apoyo de familiares, decidió irrumpir en el sitio. EL CALLEJERO estuvo en el lugar de los hechos, en donde quedó evidenciado el altercado entre ambas partes.

Así las cosas y tras la llegada de Quiroga al caso, se logró que el Juzgado Segundo Civil Municipal estableciera una nueva fecha para la diligencia de lanzamiento, que se debería desarrollarse este viernes, sobre el tema ya se ofició al comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia de Santa Marta y a la Personería, para que hagan el respectivo acompañamiento e intervengan de ser necesario. “No sería extraño que lleven al sitio a un discapacitado, a un niño o a un adulto mayor para decir que no podemos desalojarlos porque se le vulnerarían los derechos”, manifiesta.

“Veo con extrañeza, a esta gente que debe casi $30 millones en arriendo y $30 millones más en servicios, por qué se aferrarían tanto a algo que saben que no es de ellos. Hay denuncias de vecinos, cuyas identidades no puedo revelar, que en ese sitio se ha convertido en una olla de microtráfico”, expresó, asegurando que, incluso, la Corporación Centro Histórico de Santa Marta anunció un comunicado oficial de apoyo al proceso de lanzamiento “por todas las irregularidades y quejas”.

Ante el avance de la situación y el inminente desalojo de Maiguel y Suárez, hoy martes 19 de abril los implicados presentaron cuatro tutelas con medida provisional para impedir la diligencia de lanzamiento, las cuales fueron asignadas a distintos juzgados de la ciudad.

Quiroga, por otro lado, confirmó a este medio de comunicación que se dio en la labor de poner al tanto a los jueces de cada despacho de las circunstancias que rodean estas tutelas, para evitar la admisión de las mismas y así prevenir más estrategias dilatorias. Hasta el momento, los juzgados no se han pronunciado sobre las medidas provisionales.

Así las cosas, se espera entonces que este viernes el aparato judicial de Santa Marta cumpla con la mencionada orden y, finalmente, se dé la razón a quien corresponde en esta ocasión.