¿Qué proponen los candidatos presidenciales para prevenir la corrupción?

Para las elecciones del próximo domingo 29 de mayo, OPINIÓN CARIBE busca contribuir con el objetivo de generar votos informados, es por eso que, en esta tercera entrega, informa a sus lectores sobre las principales propuestas con relación a la corrupción de los tres candidatos presidenciales que vienen liderando la intención de voto, de acuerdo con las encuestas: Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro.

¿Qué propone Federico ‘Fico’ Gutiérrez?

En su plan de gobierno, el candidato del Equipo por Colombia reconoce “tres retos fundamentales” que enfrenta el país en cuanto a la corrupción, estos serían atacar este aspecto, al cual define como un cáncer “de manera urgente y efectiva”, mejorar e implementar de manera efectiva los mecanismos existentes en contra de este problema y la ayuda de la ciudadanía, con denuncias, vigilancia y la sanción moral hacia “los políticos y funcionarios que utilizan sus cargos para enriquecerse y beneficiar a sus clientelas”.

Textualmente, el documento de Gutiérrez propone “una estrategia integral” para la lucha contra los corruptos, que contempla:

1. Máximas sanciones para los corruptos: deben pagar las más altas penas de cárcel, sin beneficios de ninguna naturaleza, que impliquen además su muerte política, de modo que no puedan volver a manejar recursos públicos ni contratar con el Estado directamente o por interpuesta persona.

Además, perseguir su patrimonio, promoviendo la extinción de dominio a los bienes que hayan adquirido con recursos provenientes de la corrupción y dispondremos de un sistema de cobro efectivo para las sanciones económicas que se les impongan.

Así mismo, acabar con las condiciones especiales de reclusión para los servidores públicos y particulares condenados por corrupción.

2. Acabar con las “normas negocio” que obligan al ciudadano a hacer pagos por revisiones o requisitos hechos a la medida de negocios de particulares para capturar rentas.

Para esto, las normas que se expidan desde el ejecutivo, contarán con un estudio del impacto económico que las normas generan a los particulares y promoveremos las reformas necesarias para que el mismo ejercicio se haga desde el legislativo.

3. Herramientas tecnológicas para evitar la corrupción en la contratación pública: esto implica disponer de los recursos para que las entidades públicas cuenten con la infraestructura tecnológica requerida para gestionar todos sus procesos de contratación a través de SECOP II.

Igualmente desarrollar herramientas tecnológicas adicionales que complementen SECOP II y la hagan más segura (blockchain) e incluso predictiva de eventuales casos de corrupción (inteligencia artificial), de modo que produzca alertas tempranas que impidan la pérdida de recursos.

Con esto, será obligatorio el uso de estas plataformas para todo tipo de contratos estatales, de manera que los que no se desarrollen a través de este sistema serán nulos.

4. Hacer obligatorio el uso de pliegos y proyectos tipo, se extenderá su uso más allá de la infraestructura, para impedir los contratos a la medida y los sobrecostos, de donde deriva buena parte de la pérdida de recursos por corrupción.

5. Audiencias Trimestrales de Rendición de Cuentas en la Lucha contra la Corrupción.

6. Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, creada por la Ley 2195 de 2021. Promover su uso y dotaremos a las entidades públicas de todas las herramientas para su adecuado aprovechamiento.

7. Fortalecer la acción de repetición y el llamamiento en garantía contra los corruptos, para que el Estado pueda recuperar los recursos perdidos por las acciones de los responsables de actos de corrupción y hacer más transparente la solicitud de particulares de estas medidas, así como el seguimiento de estos por medio de la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

8. Mejorar las condiciones de integridad en el sector privado: a través de la Ruta de Integridad Empresarial, se dotará a las empresas de las herramientas necesarias para adoptar estrategias de lucha contra la corrupción.

¿Qué propone Gustavo Petro?

El candidato del Pacto Histórico, habla en su plan de gobierno de restaurar “el equilibrio y la independencia de los poderes públicos, fortaleciendo su autonomía funcional y financiera”, destacando que se respetará el “sistema de pesos y contrapesos” para derrotar “a las mafias que han cooptado los poderes públicos y amenazan su estabilidad y seguridad”.

Para lo anterior, Gustavo Petro propone una reforma a la justicia que tendría como pilares “la independencia judicial, la meritocracia, autonomía administrativa y presupuestal, lucha contra la corrupción, acceso expedito de la ciudadanía al sistema judicial mediante herramientas tecnológicas y fortalecimientos de los mecanismos alternativos para solución de conflictos”.

Así mismo, manifiesta que el “mecanismo de elección del fiscal general igualmente debe estar basado en los méritos y la total independencia del gobierno de turno”.

“Propondremos una reforma a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para responder al mandato que la Constitución Política de 1991 les otorgó, respetando el sistema de pesos y contrapesos y el equilibrio de poderes, para lo cual deben eliminarse la duplicidad de funciones, las grandes, ineficientes y costosas nóminas nacionales y territoriales”, establece el documento.

1. Justicia restaurativa. La justicia restaurativa busca la humanización de las justicias transicional y retributiva, en la medida que, apuesta por el reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad de los victimarios u ofensores, la reparación del daño y la reintegración social de éstos. La cárcel no será más un espacio de violación de derechos, se convertirá en un espacio de resocialización. Asimismo, contribuye a la paz urbana de abajo hacia arriba, en una espiral ascendente-incluyente, que va desde el diálogo restaurativo entre víctima-victimario-comunidad, reparando las relaciones rotas, produciendo convivencia familiar y barrial, mejorando la seguridad ciudadana y por ende, aportando a la paz nacional urbana y rural.

La iniciativa contempla ofrecer servicios de justicia restaurativa en “Casas de Justicia” y “Centros de Convivencia Ciudadanos”, en la Fiscalía General de la Nación, en los juzgados penales y centros penitenciarios a través de mediadores penales restaurativos. Propone, además, crear cárceles restaurativas municipales y promoveremos sanciones pedagógicas restaurativas en los Centros de Atención Especial (CAE) para adolescentes.

2. Fortalecimiento de la carrera administrativa. Protegeremos la Función Pública, consolidando la carrera administrativa y eliminando la contratación precaria para garantizar continuidad y compromiso de los equipos de trabajo. Suprimiremos las nóminas paralelas, ejerceremos mejor control del talento humano y dignificaremos el servicio público. Eliminaremos la tercerización y la intermediación privadas en los aspectos administrativos, técnicos y financieros en tareas esenciales del Estado.

3. Un sistema electoral para la nueva cultura democrática. Al sistema electoral del Legislativo colombiano de lo define como censitario, difuso y caudillista. Por esto, propone reformar el sistema de elección del Congreso de la República, principalmente, para que permita a los ciudadanos exigir cuentas a sus representantes y participar efectivamente en las decisiones que los afectan; depurar, legitimar y fortalecer los partidos políticos, garantizar el financiamiento público y racional de las campañas electorales; la construcción de nuevos estímulos para participar activamente en los procesos electorales y lograr mayor representación. Así mismo, habla de la eliminación de la comisión de acusaciones.

En el plan de gobierno, también se menciona el impulso para una reforma a la Registraduría, y el Consejo Nacional Electoral, “órganos cooptados por intereses clientelistas, criminales y corruptos. Garantizaremos su independencia, la diversidad en la representación y la soberanía informática y tecnológica de la nación sobre todo el sistema electoral con garantías efectivas de participación y veeduría ciudadana. Promoveremos la creación de un Tribunal Electoral que garantice la total independencia del poder electoral de las demás ramas del poder público y ofrezca seguridad y transparencia ante la ciudadanía”.

4. Participación democrática en los medios de comunicación estatales. Reformaremos a RTVC para asegurar su carácter institucional, popular e independiente para que sea la voz de las multitudes, expresión de la democracia multicolor. Impulsaremos su independencia funcional, administrativa y financiera del Ministerio TIC. Promoveremos una ley de radio pública, cultural e institucional que se articule y contenga parámetros similares a la ley de TV. Fortaleceremos los contenidos culturales y educativos, así como su infraestructura (física y equipos), presencia territorial (descentralización) y sus alianzas con orquestas sinfónicas y filarmónicas.

5. Lucha frontal contra la corrupción. El proceso de democratización del Estado pasa por asegurar un mayor nivel de participación vinculante de la ciudadanía en las de- cisiones públicas incluyendo el impulso a los presupuestos participativos y el acceso a la información pública sobre todo el ciclo de gestión de los recursos en todos los niveles del Estado en la perspectiva de garantizar el carácter público de las finanzas. Se fortalecerá la vigilancia efectiva a toda la contratación pública para garantizar transparencia, economía y eficacia. Pro- moveremos una legislación de protección al denunciante de la corrupción.

¿Qué propone Rodolfo Hernández?

Aunque en su plan de gobierno no hay un aparte de aborde de manera textual el área de la corrupción, el candidato del movimiento Liga de Gobernantes contra la Corrupción, si menciona el término 24 veces en el documento, en varias de esas, afirmando que el gobierno debe ser consciente de “la lucha frontal contra la corrupción”.

En el rubro de seguridad ciudadana y defensa nacional, el documento indica, puntualmente, que buscará “alcanzar la meta de ‘cero impunidad’ para personas que generan la inseguridad, entre ellos, los políticos corruptos que hacen más lejanas la seguridad social y las necesidades básicas satisfechas, en el sentido -ya expuesto- de que la politiquería es generadora directa de violencia por la desatención de las necesidades ciudadanas. Así mismo, promoveremos la no prescripción de los delitos cometidos por los políticos si estos atentan contra el patrimonio público; habrá cero tolerancia frente a la corrupción. Por eso se impulsará una norma que exija revisar la vida económica de los servidores y funcionarios del Estado, con sanciones ejemplares a los miembros de los entes de control, dejándolos de por vida inhabilitados para tener vínculos con el Estado”.

Así mismo, en cuanto a la seguridad, propone la creación de “un sistema central de control fiscal para disminuir la corrupción, que hoy le cuesta al país 50 billones de pesos al año aproximadamente. Revisaremos las funciones y resultados de las contralorías. Estas cuestan mucho dinero a los colombianos. Se deberá exigir resultados para acabar con las entidades que solo gastan y se dejarán aquellas que demuestren verdaderos resultados”.

“Diseñar un marco para el ejercicio del derecho con cero tolerancia a la corrupción. Se creará un fondo de recompensa. Pagaremos el 20 % de la plata recuperada a los ciudadanos que denuncien a los corruptos”.