Nación
Comisión de la verdad: 450.664 muertos dejó el conflicto armado

Luego de tres años de trabajo, el día de ayer la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad presentó su Informe Final, un documento distribuido en 10 capítulos que abordaran temas de lo que fue la violencia entre 1958 y 2016.
En el capítulo de Violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, la Comisión incluyó un análisis que hizo de la mano de la Jurisdicción Especial para la Paz y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, por su sigla en inglés), donde integraron 112 bases de datos de distintas entidades para estimar cuántas víctimas dejó la guerra en términos de homicidios, desaparición forzada, secuestro, reclutamiento y desplazamiento forzado.
Estos fueron los datos finales relevados por la Comisión:
Homicidios
Según el informe entre 1985 y 2018, el conflicto armado dejó un total de 450.664 personas asesinadas. El periodo entre 1995 y 2004 fue uno de los más violentos y donde ocurrieron casi la mitad de las victimas (45 %), siendo los Grupos paramilitares los principales responsables de estos homicidios.
Cabe resaltar que, en estas cuentas están incluidas las víctimas de masacres y asesinatos selectivos.
Desaparición forzada
121.768 personas fueron desaparecidas forzadamente en el marco del conflicto armado, en el periodo entre 1985 y 2016. Los principales responsables de desapariciones forzadas: Grupos paramilitares, con 63.029 víctimas (el 52 %), FARC-EP con 29.410 víctimas (el 24 %), Responsables «múltiple», con 10.448 víctimas (el 9 %), Agentes estatales 9.359 víctimas (8 %).
El Informe concluyó que “la práctica de la desaparición forzada ha estado asociada en Colombia a finales de los años setenta y ochenta con la implementación del Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), cuando la desaparición forzada empezó a llevarse a cabo como una práctica contrainsurgente por parte de miembros de la institucionalidad armada. En los años noventa, los grupos paramilitares usaron esta práctica, y en la década del 2000 de forma a veces masiva. A partir de 1995 inicia un crecimiento sostenido hasta llegar a su nivel más alto en 2002, para luego descender hasta 2006 y tener un nuevo aumento en 2007″.
Violaciones a la libertad
Entre 1990 y 2018, 50.770 personas fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes en el marco del conflicto armado. La década entre 1995 a 2004 fue donde ocurrieron la mayor parte de secuestros (77 %) y solo entre 2002 y 2003 fueron 11.643 (23 % del total).
Los principales responsables en el secuestro fueron: Las FARC-EP: 20.223 víctimas (40 %), los grupos paramilitares con el 24 % (9.538 víctimas), el ELN con 19 % (9.538). También los secuestros fueron llevados a cabo en un número considerable por otros grupos (9 %).
Reclutamiento de niños y niñas
De acuerdo con el informe, “el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años es un crimen de guerra prohibido por el DIH. Esta práctica común y generalizada se ha dado desde hace décadas y persiste en la actualidad”.
En total fueron 16.238 casos de reclutamiento, de niños, niñas y adolescentes desde 1990 hasta 2017, siendo el año 2000 el pico más alto (1320 víctimas); luego 2002 (1.305 víctimas) y 2003 (1.253 víctimas).
Los principales responsables fueron: Las FARC-EP con 12.038 víctimas (75 %), los Grupos paramilitares con 2.038 víctimas (13 %) y el ELN con 1.391 víctimas (9 %).
Desplazamiento forzado
La Comisión ratificó que el crimen que ha tenido más víctimas es el desplazamiento. Entre 1985 y 2019, 7.752.964 personas fueron desplazadas. A partir de 1995 hasta el 2002 hubo un crecimiento mayor de víctimas.
Según el informe en el 67 % de los hechos de desplazamiento no se identifica a los responsables del desplazamiento forzado o aparece autor desconocido. De los datos conocidos, el 17 % refieren a la responsabilidad de grupos guerrilleros, el 12 % a grupos paramilitares y menos del 1% a agentes del Estado. Estos datos la Comisión no los considera representativos.
“Huir se convirtió en una fórmula denigrante de salvar la vida perdiendo cosas y valores y, a veces, quedarse inmóvil por la fuerza representó también una coerción a la libertad, uno de los derechos más preciados del ser humano”, indicó el informe final.
