Metrópolis
Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos sugiere repensar la política criminal en Colombia
OPINIÓN CARIBE tuvo acceso a una entrevista en exclusiva con Julián Bello y Pedro Niño, miembros de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, quienes, desde Santa Marta, están dando continuidad a las indagaciones en territorio sobre la necesidad de reestructurar la política criminal que rige actualmente en Colombia, la cual, acorde con sus declaraciones, descuida a los pueblos indígenas del país, así como sus costumbres y tradiciones.
La ONG, que tiene presencia en todos los países del continente, señala la necesidad latente de comprender los sistemas punitivos de las comunidades indígenas y generar nuevas herramientas que tengan en cuenta el tema humano y étnico que viven, hoy por hoy, los aborígenes que se encuentran en prisión.
“Nosotros hemos hecho un estudio desde las cárceles del país, en donde, en este caso, por ejemplo, las personas que están en extradición muchos son de la cultura wayuu, koguis, arhuacos, del Cauca, Nariño, Catatumbo, y es necesario identificar por parte del Estado, la importancia de construir cimientos importantes para determinar cuál debe el tratamiento diferencial para esas personas que se encuentran privadas de la libertad en esa categoría”, explicó Niño.
Desde la Comisión Latinoamericana de DD. HH., el objetivo principal es llevar a cabo un recorrido sobre las costumbres y un aspectos antropológicos-sociológicos, para determinar hacia dónde debe dirigirse el Gobierno Nacional con una política criminal. Su misión, será prestar al Estado una herramienta que les ayude a encausarse y darle una mirada muy humana aquellas personas indígenas que están detenidos en las diferentes cárceles de la nación.
Dicha ONG ha estado analizando este campo desde el 2015, con base en las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional al respecto. Acorde con lo manifestado por Bello, las recomendaciones que actualmente dan los organismos internacionales es la de reevaluar toda la política criminal, pues en los últimos años ha estado enfocada, en mayor proporción, a la infraestructura carcelaria y penitenciaria.
“Lo que nosotros estamos analizando y proponiendo es, primero, brindar elementos diferentes de políticas carcelaria, hoy se habla en el ámbito académico, de que es necesario repensar esta política porque esta es la que tiene, en gran medida, la responsabilidad de cosas como el hacinamiento carcelario, vulneración de Derechos Humanos en las cárceles y mientras no se cambie, esto va a seguir pasando, así tengamos cárceles grandes y una gran infraestructura, entonces, de lo que se trata es de recontextualizar”, añadió.
“Hoy la misión que nos encomienda la Comisión, es cómo hacemos para analizar esa misma política criminal, pero en el contexto de los pueblos indígenas, qué función puede cumplir la jurisdicción especial indígena, las leyes indígenas, los usos y costumbres tradicionales, también como aporte a esta reevaluación. Y, por último, mirar cómo esta política criminal del Estado se va convirtiendo en una política restaurativa”, expresó, teniendo en cuenta el mecanismo utilizado actualmente, que contempla sólo la extradición sin una reparación concreta en el territorio.
Es decir, pensar en una justicia cada vez más retributiva y con mayor reparación, por eso una de las recomendaciones, es que, a partir de una reevaluación, se entienda cómo condenar a las personas que infringen la Ley Penal, teniendo en cuenta el enfoque diferencial étnico.
“En esa proposición, creemos que es necesario que, antes de extraditar a la persona, se revise el convenio que existe de colaboración con Estados Unidos frente a este tema, para entender por qué la persona en el territorio delinque (…) Al entenderlo, podemos entonces concluir que necesitamos políticas criminales más humanas que conlleven a que se extradite, pero que antes de ser llevados fuera del país, puedan reparar en su territorio y puedan tener una posibilidad de compromiso con su comunidades y, sobre todo, de enseñanza con los miembros menores para que los niños y niñas indígenas no sigan los caminos que ellos han transitado”, concluyó Pedro Niño.
