Desde la regional Magdalena del ICBF se dispuso el accionar necesario para garantizar la transparencia: Mario Ariza Monsalve

En contacto telefónico, con la Coordinadora de la UTL de la representante María Fernanda Carrascal aseguró que sus denuncias no están enfocadas hacia el comportamiento del funcionario, sino que los documentos utilizados de referencia hacen parte de una macro investigación que servirá de sustento a un debate de control político a los procedimientos contractuales del instituto.

A continuación presentamos la opinión y las explicaciones que sobre el asunto en comento dio a este medio el implicado.

Por: José D. Pacheco Martínez

El pasado miércoles 13 de diciembre del presente año, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal expuso en la sesión plenaria de esa corporación que existía en el país una red de corrupción a la que había denominado ‘El Cartel de la Experiencia’, porque valiéndose de certificaciones falsas en ese sentido, algunos contratistas estarían ganando los procesos licitatorios que realiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la atención y asistencia de la niñez menos favorecida.

En su vehemente intervención, la Congresista apremió: “No podemos ceder ante la cooptación de las entidades y los recursos de la niñez, la adolescencia y las familias por parte de la politiquería. Ojo a esto: estamos frente a un ‘Cartel de la Experiencia’ al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hemos recibido denuncias en múltiples zonas del país donde nos prosperan las denuncias ante los entes de control de supuesta falsificación de certificados de experiencia para adjudicarse contratos y la operación del ICBF en esos territorios”.

Como uno de los documentos que hacen parte de su macro investigación sobre este accionar en todo el país tiene origen en el departamento del Magdalena, la contactamos para preguntar si tenía más elementos materiales de prueba sobre presunta corrupción en procesos contractuales de esa regional, aseguró que sí, pero, que como hacen parte de un debate de control donde van a solicitar control especial buscando que todas las indagaciones sean tramitadas en la Procuraduría en Bogotá, no los puede compartir.

La Congresista también fue enfática en que la constancia que dejó en la plenaria del miércoles no está referida concretamente al director del ICBF en el Magdalena, Mario Ariza Monsalve, sino que es una queja generalizada sobre las falencias observadas luego de la implementación de la plataforma BETTO para la recepción de propuestas y adjudicación de contratos.

Hoy la noticia se ha regado como pólvora en los medios nacionales y, en redes sociales ya se empiezan a escuchar algunas voces afirmando cosas que podría pensar un ciudadano sensato, son competencia exclusiva de los jueces de la República, OPINIÓN CARIBE obtuvo en exclusiva una entrevista con Mario Ariza Monsalve, director del ICBF en el Magdalena para conocer su versión sobre los hechos expuestos por la representante María Fernanda Carrascal en la citada plenaria y que de una forma u otra tienen que ver con las funciones que debe desempeñar en ocasión de su cargo, entre ellas, la suscripción de los contratos con los operadores de servicios para la niñez, la adolescencia y la familia.

OPINIÓN CARIBE: ¿Cómo es el paso a paso del proceso de contratación del ICBF y qué papel juega dentro de ese proceso la plataforma BETTO?

MARIO ARIZA MONSALVE: La plataforma BETTO fue un sistema contratado por la sede nacional del Instituto n la administración de Lina Arbeláez, es una plataforma a través de la cual se contratan todos los servicios de primera infancia a nivel nacional, es un ejercicio en el que de manera central se intentó concentrar todo el proceso contractual, es una plataforma que apertura una convocatoria por un término de unos dos o tres días para que todas aquellas entidades que están inscritas en el Banco Nacional de Oferentes puedan presentar sus manifestaciones de interés para acceder y contratar la prestación de servicios de atención a la primera infancia con el instituto.

Se apertura y le llega notificación a todas las entidades, y todas las entidades se presentan en todo el territorio con el propósito de poder acceder a obtener un contrato con el Instituto. A partir de ese momento, se abre una etapa contractual donde hay unos requisitos de habilitantes y unos requisitos ponderables establecidos en la Resolución 7946 del 2021, expedida por el Instituto.

Hay que hacer una acotación importante, la contratación contemplada para el Instituto en la Ley 80 es un Régimen Especial conocido como Contrato de aporte, es una contratación directa a través de la cual el Instituto podía contratar los servicios de Bienestar Familiar, no obstante en la regulación se establece esta nueva Resolución que parametriza el proceso y lo convierte en una pequeña licitación pública, en un proceso o en una convocatorio pública. Para esa convocatoria, luego de que los interesados manifiestan su interés de contratar con el Instituto, entra un equipo evaluador a hacer, valga la redundancia, la evaluación de cada una de las manifestaciones presentadas.

Para el proceso contractual vigencia 2022 en el mes de junio, la dirección Nacional de Instituto y así lo dejé consagrado en el acto administrativo de designación del equipo evaluador, por instrucción clara y rotunda de la Directora Nacional debían designarse 60 evaluadores de la Sede Nacional del Instituto para adelantar el proceso en el Magdalena y en cada uno de los departamentos, es decir que el proceso de evaluación y de verificación estaba en cabeza de la sede nacional.

O.C.: ¿Qué papel juega la seccional Magdalena en esa suerte de proceso de licitación para adjudicar los contratos que benefician a los niños?

M.A.M.: Bajo el esquema que se montó en la anterior administración , los directores regionales lo que hacíamos era recibir ese informe de evaluación de la sede nacional, arrojado por la plataforma BETTO que aplica unos algoritmos que determinan quienes son los ganadores de acuerdo a la trayectoria, experiencia, contrapartida ofrecida y sancionatorio que son las cuatro variables que determinan la puntuación, establece quienes son los ganadores y publica en la página del Instituto quienes son los beneficiarios de cada uno de los contratos. Es la plataforma BETO, quien determina, con el informe que realiza ese equipo evaluador, lo ingresa al algoritmo BETO y este determina quiénes ganas el contrato.

O.C.: Es decir, ¿solo suscriben el contrato que ya viene direccionado con ganadores desde Bogotá?

M.A.M.: Nosotros suscribimos el contrato de acuerdo a los resultados que arroja la plataforma BETTO esa es la función de los directores regionales en este proceso.

O.C.: ¿La regional tiene algún proceso extra de verificación de la documentación que aportan esas personas que ganan los concursos en aras de hacer más transparente la contratación?

M.A.M.: En ejercicio del deber objetivo de cuidado como ordenador del gasto para ese proceso contractual se presentaron varias denuncias, no es solo la que manifiesta la Congresista, se presentaron unas en el Municipio de Ciénaga, donde al momento de hacer la verificación por decisión de la dirección regional, al conocer una presunta irregularidad, fuimos a verificar en sitio y determinar si las denuncias presentadas por otros operadores interesados.

Esto se trata de un juego entre operadores, cuando se presenta el proceso, un operador empieza a denunciar a otro y en ese sentido recibimos cerca de 200 observaciones sobre ese proceso contractual de los otros operadores, siempre manifestando que la certificación de la otra entidad era falsa, porque venía de una entidad privada y ese es un juego macabro en el que entraron ellas, porque entonces señalan que toda experiencia que venga de los privado se presume ficticia.

En ese orden de ideas cuando recibimos en la regional, teniendo el deber objetivo de cuidado, varias denuncias con algo de asidero, que superaba la posibilidad de la sola manifestación de que es falso, fuimos a verificar en sitio. En el municipio de Ciénaga al momento de verificar, la entidad manifestó experiencia en colegio, era un colegio también en Ciénaga, cuando fuimos y visitamos el colegio, este manifestó que las certificaciones aportadas por la entidad no eran veraces, toda vez que nunca había celebrado ningún convenio o contrato con esa Institución Educativa.

Caso distinto sucedió en Santa Marta, que cuando se envió el equipo de verificación, la Directora del Instituto, en acta registrada por el equipo que hizo la visita, manifiesta que la habían visitado antes, que se había confundido cuando unos veedores la habían cuestionado, inclusive manifestaba algún tipo de constreñimiento de unos veedores y que la habían sometido a presión pero que revisando los archivos de la actividad, encuentra que sí se prestaron los servicios y hacen visibles los contratos celebrados y los soportes correspondientes, bajo esa premisa remitimos esa visita a nivel nacional para que tomara esa decisión al respecto y determinaron que bajo el principio de buena fe y ante la manifestación de la Directora no podía hacerse nada distinto.

O.C.: ¿Qué puede decirnos sobre el informe de la Procuraduría Regional del Magdalena referido a este mismo asunto?

También en esa misma situación recibimos visita en la Regional, en sitio, en el marco de una acción preventiva, que es el documento que de manera descontextualizada cita la Congresista, toda vez que ahí está claro que no se encuentran méritos para abrir una investigación, porque desde la regional se dispuso el accionar necesario para garantizar la transparencia, tan es así que determina archivar la acción preventiva, toda vez que desde la regional aportamos todos los documentos necesarios para determinar que fuimos minuciosos al momento de verificar esa denuncia.

Así las cosas en la visita del señor Procurador Regional de Magdalena, así como te lo estoy expresando, se les entregaron los documentales que determinaron que nosotros en la regional no teníamos ninguna incidencia en el proceso de validación de las certificaciones, toda vez que ni siquiera teníamos la posibilidad desde la regional de contestar, las observaciones hechas por los contratistas, éstas se contestaban desde ese grupo de 60 personas en la sede nacional, yo no podía contestar cuando una entidad presentaba algún requerimiento, me decían absténgase, desde el nivel nacional lo contestamos, inclusive los derechos de petición que se presentaron en el marco de ese proceso contractual, me dijeron que me abstuviera de contestarlos y le diera traslado a la sede nacional para ellos contestarlos desde allá, desde la Oficina de Primera Infancia y desde la Oficina de Tecnología que maneja la plataforma BETTO.

O.C.: La Congresista Carrascal aseguró que el dinero invertido en la implementación de la plataforma BETTO se perdió, pues el proceso en etapa precontractual parece haber perdido objetividad y rigor y atado a otros elementos, terminan desdibujando totalmente los parámetros legales, como interpreta uno pasó en el caso que nos ocupa ¿Por qué cree usted que se presentan este tipo de situaciones?

Es una situación que no es exclusiva del Departamento del Magdalena, la situación de denuncias entre entidades por certificaciones privadas, es una situación de orden nacional, hemos puesto en evidencia en la nueva administración que hay que hacer algo para brindarle mayor rigor a las experiencias privadas, pues todas vez que se está viendo que las experiencias privadas son válidas para acreditar la experiencia al momento de contratar.

Entonces desde ya estamos trabajando, vamos a hacer una mesa de trabajo el 21,22 y 23 de diciembre con todos los directores regionales, pues todos sienten que la situación se presenta por la forma cómo está regulado el proceso administrativo contractual, que abre las puertas a que cualquier certificación privada pueda ser validada para acceder a los servicios y contratar con el Instituto.

Hay otras debilidades como que no existe límite en contrapartida y otras situaciones que los directores regionales hemos expuesto, pues esta situación es homogénea en todo el territorio nacional.

O.C.: ¿Dentro de los procesos de auditoría interna han encontrado anomalías en otro tipo de contratos que indiquen que bajo ese modus operandi de falsificar certificados de experiencia se hayan obtenido contratos?

M.A.M.: En el Estado colombiano tenemos una norma constitucional que nos implica que en las acciones administrativas, judiciales y de toda índole que desarrolle el Estado y los particulares se debe presumir la buena fe, en ese orden de ideas podría decirte que es muy posible que estas entidades que de manera fraudulenta y particular puedan inventar una certificación y lograrla con un particular, toda vez que en la resolución que reglamenta el proceso no pone a límite a de dónde debe provenir la certificación, y tenemos situaciones donde hay entidades que prestan el servicio en el Instituto que certifican a otras y puede entrar ese juego macabro, es muy posible, certifícame que yo te certifico para poder adquirir la experiencia, pero frente a esa situación solo podemos presumir la buena fe y hacer las visitas correspondientes para determinar si existen los soportes correspondientes de que el ejercicio se desarrolló.

No puedo aseverar, mal me quedaría como Director que existen más documentos falsificados, porque no tengo pruebas ni elementos de juicio suficientes para determinar que efectivamente los hay, pero es posible que entre particulares entren en ese juego de certificarse para poder acreditar la experiencia que requiere el Instituto.

Es por eso que hemos levantado la voz y durante a vigencia anterior en muchas reuniones en entre los directores con la directora nacional anterior, la doctora Lina Arbeláez, manifestamos nuestra preocupación frente a no poner un límite y mayor rigurosidad a esas experiencias privadas, inclusive en esas reuniones planteábamos que debería dársele una mayor ponderación a la experiencia de entidades públicas sobre las privadas precisamente no dejar abierto ese camino de que entremos a recibir certificaciones dudosas pero que no podemos hacer cosa distinta que presumir la buena fe en la actuación de los particulares.

O.C.: Finalmente ¿Cómo se ha dado la ejecución de ese contrato, en qué estado se encuentra?

M.A.M.: Ese es un contrato que se firmó por el término de tres meses, se le adicionó por instrucción de la sede nacional, para prestar los servicios hasta el día de hoy 15 de diciembre, que terminan la atención de niños, entran en fase de cierre y va hasta el 31 de diciembre. Es un contrato bastante corto.

Hoy quiero contextualizar, hay una animadversión generalizada del país frente al Instituto por la situación que se presenta en el vecino departamento de La Guajira, para mí es muy importante contextualizar en esta entrevista que de parte de muchos Congresista hoy hay ataques descontextualizados, a veces temerarios del Congreso frente a la gestión del Instituto, pero que realmente no obedecen a elementos veraces que les permitan hacer esos pronunciamientos, tal es el punto que, ahora te comparto el acta de la Procuraduría Regional del Magdalena donde evidencian que no hay elementos para abrir ni siquiera una investigación preliminar toda vez que se guardó el deber objetivo de cuidado.

Psdta: Aunque en muchos apartes de la entrevista Mario Ariza Monsalve hace referencia a las conclusiones a las que arriba la Procuraduría Regional del Magdalena, es oportuno indicar que éstas se encuentran contenidas en el documento que cita de manera literal en su constancia la representante María Fernanda Carrascal. 

Este medio, quiere, en aras de la objetividad, reproducir también de manera literal, el acápite de Decisiones, visible en el documento compartido a la redacción por la Unidad de Trabajo Legislativo de la Representante: “[…] el ICBF hace llegar videos de la visita efectuada por parte de los funcionarios ICBF Regional Magdalena teniendo en cuenta la denuncia efectuada por FUNDAPROBIC

En consecuencia, al observar que se dio trámite a la solicitud del proceso Preventivo en cuestión se sugiere al despacho, salvo mejor criterio que se den por terminadas las presentes diligencias preventivas, dado a que el objeto por el cual fueron iniciadas se ha cumplido. En este orden de ideas se observa que el ICBF Regional Magdalena, cumplió con la información solicitada por lo que se considera procedente el CIERRE, es de anotar que este archivo no hace tránsito a cosa juzgada 

A su vez, teniendo en cuenta las explicaciones suministradas y sustentadas en documentación por parte del Director del ICBE Regional Magdalena MARIO ARIZA, se sugiere al Despacho compulsar copias de la presente diligencia a la PROCURADURIA DISTRITAL, teniendo en cuenta que las decisiones referentes al tema de contratación lo maneja el nivel central del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.” 

Cualquier situación que pueda controvertir la constitucional presunción de inocencia solo puede provenir de un juez penal, luego de un proceso donde se demuestre sin atisbo de duda la participación del implicado en cualquier acto contrario a la moral pública, cuando eso suceda, en esta tribuna también se hará el despliegue informativo que el caso amerite.

Ver documento compartido por la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante María Fernanda Carrascal y que motivó la entrevista aquí publicada.

https://drive.google.com/file/d/1-9vyvThZ_zwsnIdNe5X5lz3OmMl8oQVd/view?usp=drivesdk