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Contraloría del Magdalena imputó responsabilidad fiscal al ‘Nene’ Pérez y Rivelino Mendoza
La Contraloría General del Magdalena en virtud de sus facultades de vigilancia y control fiscal sobre la gestión de los recursos públicos del orden departamental, imputó responsabilidad fiscal a título de culpa grave a los ex alcaldes de Ciénaga Edgardo Pérez Díaz y Ariguaní, Rivelino Mendoza Ballestas.
Caso Edgardo Pérez Diaz
De acuerdo al documento, en el caso del ex Alcalde de Ciénaga, el motivo de la imputación es el presunto detrimento patrimonial que se origina en la celebración de un contrato de prestación de servicios por valor de noventa y cinco millones de pesos ($95.000.000) con la Fundación Social Visión Guajira, cuyo objeto era: “La prestación de servicios para el apoyo a la gestión en la elaboración del diagnóstico integral del archivo municipal, actualización y ajuste de la tabla de retención documental y elaboración de instrumentos archivísticos.”.
Además de esta imputación, se siguen otros procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal en su contra, en los que el valor del presunto detrimento patrimonial asciende a la suma de dos mil millones de pesos ($2.000.000.000), aproximadamente.
Caso Rivelino Mendoza Ballestas
Por su parte, en relación al ex alcalde de Ariguaní, la imputación se sustenta en que el ex mandatario como representante legal de la administración municipal, no presentó, ni canceló oportunamente las obligaciones tributarias de la entidad territorial a su cargo, contrariando lo reglado en el artículo 376 del Estatuto Tributario Nacional, generando el pago de intereses moratorios y sanciones económicas, los cuales pudieran constituir un presunto detrimento patrimonial.
Así mismo, el ente de control adelanta otros procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal en su contra, por hechos relacionados con su gestión como alcalde de Ariguaní – Magdalena, cuyo presunto daño al patrimonio público supera los ciento sesenta millones de pesos ($160.000.000), sin perjuicio de la probable indexación a la que haya lugar.
“La Contraloría General del Magdalena mantiene su postura en contra de los hechos que atenten contra el recto ejercicio de la administración de los recursos del Estado”, se lee en el documento.
