“Con dolo directo de primer grado Caicedo cometió los tres delitos”: Fiscalía

Por: Caroline Bernier

Redacción OPINIÓN CARIBE

Por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público agravada, en calidad de autor, según la Fiscalía General, fue imputado el gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar en la tercera de las audiencias que se le adelantan en el Tribunal Superior de Bogotá por la presunta corrupción en contratos millonarios cuando fue alcalde de Santa Marta.

El fiscal delegado señaló que el mandatario departamental avaló la ejecución del contrato firmado el 1 de 2015, para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil, CDI, y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento de Bonda, en la capital del Magdalena, de las cuales indicó que el contrato aún no ha sido liquidado y las obras presupuestadas hasta el día de hoy no han sido entregadas para el uso y disfrute de la comunidad infantil de la ciudad.

“Permitió la apropiación en provecho de terceros de más de $979 millones. Dineros pertenecientes a la Alcaldía de Santa Marta cuya administración se le había confiado. También, faltó a la verdad al realizarse afirmaciones de hecho o circunstancias inexistentes en un documento público con el cual se produjo el pago de unos dineros al contratista por una labor incompleta desarrollada al interior de un contrato de prestación de servicios de diseño”, aseveró el ente investigador.

Dolo director de primer grado

El fiscal destacó que en dichos delitos Caicedo actuó con dolo directo de primer grado, es decir, “tenía como meta la realización de las tres infracciones penales, pues, conocía con certeza que, como alcalde de Santa Marta y dentro del ejercicio de sus funciones, concretamente la de ordenador del gasto, estaba tramitando el contrato de obra a través de la apertura del proceso de licitación pública por medio del cual, terminaron desembolsándose recursos públicos a un contratista por un monto de más de $6 mil 606millones”.

De igual forma, el fiscal afirmó que el mandatario del departamento no estaba garantizando la correcta ejecución de los recursos que se habían destinado para dicho contrato. Así como tampoco, estaba asegurando la selección objetiva ni buscaba el cumplimiento de los fines de la contratación, pues, “se evidencia que tramita y celebra ese contrato sin velar porque este estuviera presidido de diseños completos y adecuados, de estudios serios, pero además, cuando usted decide radicar y luego celebrar un contrato con tales déficits y protuberantes violaciones al principio de selección objetiva, termina incumpliendo con los deberes que le imponía el ejercicio como alcalde de Santa Marta”.

Consecuencias jurídicas

El delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales tiene tres consecuencias jurídicas: la primera es una pena de prisión de 64 a 216 meses; la segunda, una multa de 66.66 Salarios mínimos mensuales vigentes; y la tercera, una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses.

En la infracción penal de falsedad ideológica en documento público agravado se establecieron dos consecuencias jurídicas: pena de prisión de 64 a 216 meses, y una inhabilitación para el ejercicio de derecho de funciones públicas de 80 a 270 meses.

En cuanto al delito de peculado por apropiación a favor de terceros el monto de lo apropiado, de acuerdo a la Fiscalía General, superó el valor de los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, “toda vez que como ya se dijo, el valor de los dineros de la Alcaldía de Santa Marta que de forma ilícita terminaron en manos de un contratista fue de más de $979 millones”.

Implicados en los tres delitos imputados a Caicedo

Según el fiscal, por el delito peculado por apropiación a favor de terceros, participaron Juan David Bello Montes, Darío Luis Cogollo y Michel David Meza Díaz.

De Evelyn Ovalle Gómez, gerente de Infraestructura para ese entonces, la entidad destacó su participación en el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y en la infracción penal de falsedad ideológica en documento público, donde también se señaló la participación del contratista Juan Manuel Peláez Freidel.

Por último, el juez causa procedió a preguntar al sindicado si entendió las imputaciones, terminando así, el gobernador del Magdalena, imputado por los tres delitos ya mencionados, quien manifestó entender, pero destacando que no se allanaba a los cargos y se declaraba inocente.

Por lo pronto se espera la fecha de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, la cual no se fijó porque la defensa manifestó tener otros compromisos.