Crisis financiera de las EPS en Colombia pone en peligro el derecho a la salud

La Procuraduría General de la Nación ha expresado su profunda preocupación por la crisis financiera que están enfrentando las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia. Esta situación ha generado alarmantes consecuencias para la garantía del derecho fundamental a la salud de los ciudadanos colombianos.

Diversas Agremiaciones de las EPS han advertido tanto al Ministerio Público como al Ministerio de Salud sobre la difícil situación financiera que están atravesando. La capacidad de estas entidades para brindar servicios de calidad y acceso oportuno a la atención médica está siendo seriamente comprometida debido a la crisis económica que enfrentan.

Las principales causas de esta crisis financiera han sido identificadas por las propias EPS. Entre ellas se encuentran el pago inoportuno y la acumulación de deudas por servicios que no están siendo financiados adecuadamente con recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) asignada por el Ministerio de Salud. Este problema ha sido agravado por la insuficiencia en el cálculo de la UPC, lo que afecta la disponibilidad de recursos para garantizar los servicios del Plan de Beneficios en Salud.

La insuficiencia de recursos se ha visto influida por factores como la inflación, los cambios demográficos, la incorporación de nuevas tecnologías en el Plan de Beneficios y el aumento en la frecuencia de uso de los servicios debido a la incertidumbre relacionada con posibles reformas en el sistema de salud. Además, los efectos a largo plazo del «Long Covid-19», las liquidaciones de EPS que generan transferencias masivas de usuarios con mayores necesidades y la desigual distribución de la carga de enfermedades en algunas EPS también han contribuido a la crisis.

La Procuraduría ha tomado medidas contundentes para abordar esta situación. Ha instado al gobierno nacional y al Ministerio de Salud a revisar la metodología de cálculo de la UPC y los procesos administrativos de reconocimiento y pago de servicios no financiados con dicha unidad. También se ha enfocado en la necesidad de saldar las deudas pendientes para evitar un colapso financiero del sistema de salud, lo que tendría un impacto directo en la salud de los colombianos.

En su más reciente requerimiento, la Procuraduría solicitó información sobre la aprobación de presupuestos máximos para el segundo semestre de 2023 y ajustes a los presupuestos máximos de 2022 en la comisión asesora de beneficios, costos, tarifas y condiciones de operación del aseguramiento en salud.

Ante los pronunciamientos de las EPS Sura, Sanitas y Compensar, la Procuraduría ha urgido al Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, a tomar medidas inmediatas para pagar las deudas pendientes con el sistema de salud. Esto es fundamental para asegurar que las EPS puedan continuar brindando sus servicios y garantizar la prestación de atención médica a la población colombiana.