Ni paz Total, ni Paz Local. Aterricemos en la realidad

Es el momento de ponderar lo que ha sido el trámite de la Paz Total en la Sierra Nevada de Santa Marta; discursos banales y contradictorios de los cuales hoy podemos decir: no hay mucho y después de cerca de un año, estamos casi que en ceros y peor de cómo estábamos y en esto le cabe una responsabilidad enorme al Estado colombiano. Lo que acabó de pasar hace unos días, con un par de reuniones en la cárcel Rodrigo de Bastidas y otra en las montañas, no son más que acercamientos para apaciguar ánimos y generar tranquilidadante tantas inconsistencias. En últimas la situación está tan fracturada que incluso se ha venido perdiendo, progresivamente la confianza y como es de esperarse, cuando esto ocurre, se juega tirar la piedra y esconder la mano y se piensa en el engaño como primera instancia. Nada diferente de lo que pasó en el Proceso de Paz con las AUC.

Los Conquistadores de la Sierra -ACSN- fueron una de las primeras organizaciones que le dijo sí a este proceso y se firmó con ellos un decreto que duró seis meses. Un decreto bastante cuestionado, pero después de julio de 2023, jurídicamente no hay amparo y en estos momentos, no hay nada para ofrecerles, salvo el sometimiento y menos en las condiciones que este grupo pretende. El Estado no les va a dar reconocimiento ni estatus político, es que ni siquiera son para el Estado un GDO -Grupo Delictivo Organizado- sino que son un GAO -Grupo Armado Organizado- y de esto depende el alcance del proceso de negociación. Las ACSN., se denominan a sí mismas como una organización político-militar y quieren quizá un tratamiento similar al que se les dio a la Farc-EP., pero no por esto se lo van a dar. Es más: no va a pasar nunca.

Les queda una carta y es revivir la Ley de Justicia y Paz o la Ley 975 del 2005. Una Ley que todavía no ha cerrado procesos y está lejos de hacerlo. Una Ley en la que varios de ellos no creen porque el tiempo de la privación de la libertad ha sido complejo y porque las inhabilidades para ejercer cargos políticos o públicos son muy altas y los mecanismos de reparación, de verdad, justicia y no repetición siguen siendo difusos. De hecho, un porcentaje alto de quienes van a negociar son justamente, ex-975.

Para acabar de ajustar, las ACSN., tienen a la principal fuerza política del departamento en su contra, a los ordenadores del gasto y los responsables de la política de seguridad, de reintegración económica y social y de acompañamiento. Se han hecho serias acusaciones en ambos sentidos que deben ser probadas o desmentidas, pero ya de por sí, hay un ambiente tenso que no favorece un acercamiento y las Conquistadoras podrán decir que no les importa esto, pero les tiene que importar porque así funciona la administración política en Colombia. No pueden hacer un proceso sin que no esté la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta, entonces esto hay que aterrizar al plano local.

Pero lo local es tan bien vago, porque las dinámicas violentas no les favorecen. Homicidios, masacres y extorsiones son los principales delitos que hay en la ciudad y en sus alrededores y estos delitos no salen de la nada. Alguien los está cometiendo y ese alguien ostenta un poder militar grande y una capacidad de dominio territorial. Sino son las ACSN., entonces son las AGC., o son ambas, pero tiene que haber responsabilidades y el Estado tiene que garantizar la tranquilidad en una ciudad que, ni siguiera en el aislamiento de la pandemia (Covid) ha dejado de matar a personas. Santa Marta ha venido cerrando los últimos años con cerca de 200 homicidios y este año, no va a ser la excepción, las cifras van por las nubes y se incrementan día a día.

De modo que esto que el Estado llama: diálogos socio-jurídicos, sin una base jurídica clara, son manifestaciones insulsas que en un año no ha llegado a tener avances importantes ¿Qué han ganado los samarios con esto? Es una pregunta que debe responder el Alto Comisionado para la Paz, pero como no hay líneas de comunicación, pues no queda otra que concluir de manera especulativa y soportado las respuestas en lo que se está viviendo en esta zona del país. Hoy las ACSN., dicen que tienen más de 1200 hombres, quiere decir que en 4 años que tienen de estar fungiendo como organización armada han tenido un crecimiento enorme y han crecido sin ninguna resistencia. Es posible que los números también sean especulativos, pero hoy deberíamos tener o al menos conocer algún informe técnico por parte de esta Oficina del Gobierno que nos diga, por los menos qué pasó en esos 6 meses de cese bilateral al fuego y que se ganó con eso, porque lo que tenemos son organigramas con líneas de mando diferentes entre la policía y el ejército.

Entonces en cerca de un año, ni Paz Total, ni Paz Local. Ni mesas de negociación, ni foros académicos, ni debates jurídicos, sociales o ambientales. No se ha definido la figura de quienes serán los negociadores y si estos van a actuar desde las cárceles, pero este año, no pasó nada y así va a terminar. Un año de desgaste que unos sí supieron aprovechar.

El próximo año, en febrero viene el cambio de Fiscal y esto quizá ayude a destrabar un poco esto de la Paz Total, mientras eso pasa, seguir sosteniendo el discurso de que todo está bien, así todo está mal para no ser encasillado como personas que están en contra de la Paz Total. Pero hoy, hay muchas familias esperando una respuesta, no solo del actor armado sino también del Estado que creó una burbuja enorme, que necesita ser reevaluada en su totalidad.

Históricamente noviembre y diciembre han sido los de mayor tensión violenta, pedirle a estos grupos voluntariedad para cesar la violencia en estos dos últimos meses no es posible y menos por las confrontaciones que están llevando, porque al bajar la guardia uno implica una ventaja para el otro que va querer aprovechar, de modo que la violencia va a seguir y posiblemente se vaya a incrementar y esto es responsabilidad de esta burbuja que crearon y que llamaron la Paz Total y, dejo la claridad que la única forma de acabar con este conflicto es justamente mediante una paz negociada o una Paz Total, pero con avances, compromisos, seguimientos y resultados que se midan en la disminución de delitos de alto impacto, en asumir responsabilidades y en mitigar daños.