Alcaldía hizo público el informe de empalme: estos son los pormenores

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Luego de dos semanas de haber dado inicio al nuevo periodo de Gobierno, finalmente la Alcaldía de Santa Marta, liderada por Carlos Pinedo Cuello, reveló el informe final del proceso de empalme ejecutado con el gabinete de Virna Johnson, que se desempeñó como alcaldesa hasta el 31 de diciembre de 2023.

En el proceso, por parte del actual mandatario, participaron Sarita Vives, quien estuvo a cargo del empalme con la oficina Privada de Despacho; Stephanie Barliza, en la Oficina de Control Interno Distrital; José Becerra, con la Secretaría General; María Choles, en la Alta Consejería para la Paz y Posconflicto; Daniela Gnecco, en la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas; Luis Vives, en la Empresa Distrital de Desarrollo Urbano – Edus; Eduardo Jaramillo, en la Secretaría de Promoción Social y la de la Mujer; Jesús Varela, al frente de la Secretaría de Salud y de la ESE Alejandro Próspero Reverend; Amadis Jiménez, en la Secretaría de Movilidad y la Central de Transporte e Ivon Thompson, en el Dadsa.

Así mismo, Hirán Ramírez lideró esta fase en la Dirección Jurídica Distrital y en la Direfcción de Contratación Estatal; Andrés Gnecco, en la Oficina de Asuntos Disciplinarios; Lucas Gutiérrez, en la Secretaría de Hacienda; Cristian Silva, en la Dirección de TIC; Carlos Jaramillo, en la Secretaría de Desarrollo Económico e Indetur; Camilo George, en la Secretaría de Gobierno, de Seguridad y en la Alta Consejería para la Sierra Nevada; Alberto Lizcano, en la Secretaría de Educación; Alaín Manjarrés, en la de Cultura; Hideraldo Espinoza en el Inred; Joceline Azar, en el SETP y Luis Gutiérrez en la Secretaría de Planeación, la Gerencia de Infraestructura, la Oficina para la Gestión del Riesgo y como coordinador general del Comité.

Secretaría de Planeación

 De acuerdo con el informe,  con esta dependencia se llevó a cabo una primera reunión el 1 de diciembre de 2023, en la que fue entregado un listado de 18 solicitudes, cuyas respuestas fueron entregadas de forma verbal y somera por los encargados del gobierno saliente, bajo el manifiesto de que no estaban autorizados para entregar ningún documento.

“Solo se recibieron cinco archivos contentivos de la entrega de títulos de predios. En la reunión de cierre del empalme realizada el miércoles 27 de diciembre, la secretaria de planeación encargada, en presencia del funcionario de la Contraloría, indico que parte de la información solicitada por la comisión de empalme se entregaría en el informe de gestión de la secretaria general y que la relativa al POT y al control urbano la podrán entregar los subsecretarios en los informes de gestión que deberán rendir al nuevo secretario. No se recibió ninguna documentación adicional”, señala.

Dirección Jurídica y Contratación Distrital

 En cuanto al tema jurídico, los datos señalan que el gobierno entrante recibió cerca de un 80% de la información solicitada, destacando, entre otras cosas, que en contra del Distrito cursan cerca de 2.800 procesos judiciales, que la dependencia no cuenta con el personal suficiente para atender la demanda de trabajo y que, entre 2020 y 2023, se “ ha ordenado por parte de autoridades judiciales y administrativas, el embargo de $132.740.675.713, configurándose la retención y pago de dineros por valor de $41.175.271.639.

Por otro lado, en Contratación Distrital, se recibió alrededor del 60% de los datos solicitados, entre los que se identificaron falencias como la entrega no adecuada de los contratos celebrados respecto a la vigencia 2023, así como el porcentaje de ejecución financiera, ejecución material, la descripción cualitativa del estado actual del contrato y el interventor externo.

“Hoy no se tiene claridad de que contratos quedan pendiente de ejecución o de recibo a satisfacción en el año 2024. No se ha hecho entrega por parte de la administración saliente del inventario de contratos que se encuentran en etapa de liquidación. Frente a esto, se recomienda que mediante de forma conjunta las comisiones de empalme de infraestructura, hacienda, planeación y contratación, se revisen estos aspectos”, indica el documento, en el que también se aclara que hay procesos de selección en curso cuya adjudicación está programada para el 2024, lo que definen como “una violación al principio de planeación del contrato”.

Control Interno y Asuntos Disciplinarios

 El informe entregado por el equipo de empalme indica que, en Control Interno, se dio un proceso que les permitió recolectar la totalidad de información solicitada, relacionada con el Plan Anual de Auditorías, informes de responsabilidad, avance de los planes de mejoramiento internos y externos, evaluación de control interno contable, informes de auditorías, actas de posesión, nombramientos, manual de funciones, entre otros.

Caso contrario fue el de la Oficina de Asuntos Disciplinarios, que, acorde con el documento, no entregó tres de los seis puntos solicitados, correspondiente a los expedientes de cada uno de los procesos disciplinarios, las copias de las 31 quejas en proceso de evaluación y los procesos en etapa de investigación e indagación.

Oficina Asesora de Comunicaciones

En este aparte, el equipo del gobierno entrante indicó que, “aunque se ha proporcionado el Decreto sobre la Red de Medios Comunitarios, no se ha entregado información correspondiente”, haciendo énfasis en que no fueron entregados los “detalles sobre el proceso previo (diagnóstico y formación) de la política pública de comunicaciones para periodistas alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos del distrito de Santa Marta, base de datos de los medios de comunicación comunitaria de Santa Marta y documentos relacionados con la constitución, aprobación de estatutos, elección de dignatarios y órganos de fiscalización de la red de medios”.

Gerencia de Infraestructura

Desde esta dependencia, fue aportada la información concerniente a los contratos vigentes y liquidados durante el 2023, que no incluye los proyectos de obra con toda la información requerida, así mismo, los informes digitales parciales de los  de supervisión de obra por parte de las interventorías de los proyectos CDI de Bonda, IED Taganga, Malla Vial El Rodadero, Playa Salguero y el de Construcción y Puesta en Marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Pozos Sistema Sur en la ciudad de Santa Marta; informes digitales de los contratos de supervisión de obra por parte de las interventorías de los proyectos Puesto de Salud de Gaira, Colector Sanitario Bellavista, Colector Sanitario Pescaito Fase II Etapa I y Reposición de Redes de Alcantarillado en los barrios Pescaito y Corea y la liquidación unilateral del “contrato GI 003 DE 16 DE JULIO DE 2018, el cual tiene por objeto Diseño Y Construcción De Infraestructura Para La Institución Educativa Taganga En El Distrito Turístico Y Cultural De Santa Marta (IED de Taganga), en el cual se le impone una multa al contratista de obra Unión Temporal Taganga $367.471.779.56”.

Ogricc

Con relación a la Oficina de la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, el informe se refiere a los detalles del empalme, asegurando que no se entregó la mayoría de información requerida sobre los componentes del Marce General de Funcionamiento de la Ofricc, el proceso de reconocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, que debían ser suministrados en 21 documentos diferentes.

Así mismo, establece que, se relacionaron actividades sobre ejecución presupuestal entre el 2020 – 2023, sin ningún proceso de planeación de ejecución que estuviese cobijado por la política nacional para la gestión de riesgo de desastres, “obteniendo como resultado una ejecución en los 4 años de gobierno un total de $10.215.640.845 millones, a los cuales no se encuentran evidencias o soportes de su ejecución”.

Entre otras cosas, señala que no se relacionó el estado actual de la maquinaria, la tarjeta de registro, la hoja de vida, mantenimientos preventivos, ni la póliza de las 6 máquinas en poder de la oficina. Además, destacó que no se implementaron políticas públicas que permitieran la correcta ejecución de acciones presupuestales, lo que, a su juicio, dio como resultado una ciudad “sin una política clara para el manejo de las emergencias y desastres, sin trazabilidad de las acciones entre un gobierno y otro”.

“Hoy la OGRICC no cuenta con una infraestructura organizada, que permita brindar los lineamientos claros para la proyección e implementación de acuerdos y/o decretos que permitan que nuestra ciudad continúe creciendo de manera responsable y coherente con los objetivos de desarrollo sostenibles planteados por las Naciones Unidad”, establece.

Dadsa

En esta sección del archivo, el comité del gobierno entrante aclaró de entrada que la “información suministrada es muy general y no se aportó la documentación relevante relacionada con la función misional” de la entidad.

Entre los datos faltantes, se encuentran las resoluciones que otorgan permisos ambientales y los de conceptos básicos ambientales y de seguimiento ambiental, así como los de temas financieros, recaudo y el presupuesto con el cuenta la entidad para gastos de funcionamiento.

“En términos generales la información aportada en el proceso de empalme no es suficiente para poder determinar un diagnóstico general de la entidad; la información ambiental, jurídica, financiera será aportada con él informe de gestión y en ese momento se podrá determinar el estado funcional de la entidad”, concluye.

Edus

 En lo concerniente a la Empresa Distrital de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible – Edus, el informe señala que la dependencia cuenta un equipo escaso, conformado por solamente dos funcionarios de planta y que el resto son contratistas, de igual manera, destaca que hubo falta de claridad respecto a la entrega de documentos, así como en la entrega de información sobre temas como el funcionamiento de Catastro, malla vial, estado financiero de la entidad, acta de junta directiva y proyecto a cargo de la entidad.

De la misma manera, se permitió concluir que la Edus reporta un déficit económico y problemas con el flujo de caja, razón por la cual se recomendó “una capitalización para sanear la empresa y lograr un óptimo funcionamiento”.

Secretaría General

Así como en otras dependencias, la Secretaría General tampoco habría suministrado la información solicitada ni los requerimientos específicos, tales como los contratos y la certificación de la deuda de servicios públicos, de vigilancia y servicios generales.

La administración saliente, afirma el informe, dejó una deuda de servicios públicos (certificada por Atesa) de $1.027.904.993, con corte a noviembre de 2023.

En la sección de observaciones, la encargada del empalme destacó, entre otras cosas, que la deuda de energía, acueducto y alcantarillado no fue entregada por la secretaria, quien tampoco dio información ni contrato de comodato casa adjunta a la terminal de transportes, ni contrato de adecuación de la misma, ni mantenimientos de ninguna clase.

“Nuestra deuda actual por pasivos pensionales por cuotas partes sin pagar y bonos pensionales sin pagar ascienden a $10.743.679.536”, indica, añadiendo que, al momento de entregar las conclusiones, existían deudas de cánones de alquiler en todos los inmuebles donde funcionan las secretarías.

Hacienda y Desarrollo Económico  

En el área de Hacienda, se señaló una preocupación especial relacionada con el software correspondiente a la nómina, denominado ‘Humano’, pues no contaría con un contrato con el Distrito.

Igualmente, asegura que no fue entregada en su totalidad la DATA tributaria requerida, calificando lo recibido como “información incompleta y parcial”.

“No se observa aplicación de normas de archivo, no fueron evidenciadas Tablas de Retención Documental. Las diferentes Direcciones de la Secretaría de Hacienda no evidencian orden en los procesos de archivo y custodia de las distintas carpetas”, añade.

En cuanto a la de Desarrollo Económico, se estableció que “hay dos funcionarios nuevos por concurso y 10 funcionarios en provisionalidad los cuales no ganaron concurso”, aclarando que, por parte de la CNSC “ya hay nombres asignados para estos puestos”.

Indetur

En el Instituto Distrital de Turismo, el informe explica que el proyecto de bilingüismo no se terminó en el 2023 “por no realizar su componente contractual a tiempo, según información recibida por los funcionarios y contratistas” de la entidad. Así mismo, recomienda revisar “la naturaleza jurídica de la entidad, puesto que considera que de la actual manera tiene poca herramientas para el impacto que debería tener esta dependencia en la ciudad”.

“Los documentos que se deben cargar en el SUIT, no están completos, se argumenta que esto no se ha realizado porque solo hasta hace poco se hizo el cambio de instrucción, antes solo lo realizaba la Oficina de Planeación según indicaron los funcionarios”, agrega.

Promoción Social, Inclusión y Equidad

En las recomendaciones, se reporta como urgente “atender a las poblaciones vulnerables bajo el criterio de selección interno por parte de la administración Distrital en la secretaria de promoción social, inclusión y equidad, con la prestación del servicio funerarios”.

Así mismo, se refieren al Centro transitorio habitante de calle como tema prioritario, dada la grave problemática de salud pública que atraviesa actualmente el Distrito.

Secretaría de la Mujer

 En cuanto a esta dependencia, el informe explica que no fue aportado el informe de funciones.

“Es necesario requerir u oficiar a la Secretaría de Hacienda distrital las certificaciones de los recursos aportados por las localidades en los presupuestos locales y/o fondos locales, con la finalidad de aclarar si fueron apropiados recursos con destinación a la Secretaría de la Mujer”, explica.

Movilidad

El empalme, indica el documento, se completó en tres reuniones, en las que se establecieron puntos primordiales, como la solicitud inmediata del manual de funciones del personal adscrito a la Secretaria, el listado del personal administrativo y operativo, con sus respectivos contratos y /o forma de vinculación, el listado del personal vinculado por órdenes de servicio a la secretaria, con sus respectivos contratos, así como los inventarios de vehículos inmovilizados y en proceso de chatarrización, que se encuentran ubicados en los patios de la antigua terminal de transporte y en Gaira.

SETP

 En reunión con el entonces gerente del SETP, Diego López, se presentaron los pormenores del proyecto y su funcionamiento, en la que solicitó información financiera y técnica que permitiera evidenciar el estado del sistema, aclarando que muchos de los datos requeridos no fueron recibidos.

“El proyecto no se encuentra implementado, es decir que no se ha instalado aún la tecnología y no se han terminado los patios talleres requeridos para que el SETP esté ejecutado al 100%. Si al final del año 2024, el sistema no se encuentra operando por lo menos en un 60%, el Distrito tendría que devolver los recursos designados del CONPES”, establece.

Así mismo, aclara que el SETP no cuenta con ningún vehículo propio y que la flota existente pertenece a terceros.

“Revisado el Plan Operativo de Inversión con corte a noviembre de 2023, se observa la existencia de una fuente de financiación llamada ‘Recursos ADI’ que no corresponden a contrapartidas provenientes de la Nación o del Distrito, esto representa un presunto faltante por más de 178 mil millones de pesos que se requieren para terminar las obras”, agrega.

De igual manera, especifica que el perfil de aportes del Distrito presenta retrasos en los giros por más de $25 mil millones y que, para el 2023, no se programó ningún aporte del Distrito.

“Según la información recibida, el distrito de Santa Marta se encuentra obligado a realizar un esfuerzo adicional superior a 200 mil millones de pesos, esto para culminar las obras que fueron contempladas en el proyecto del SEPT y que a esta fecha se encuentran pendientes de construcción”, determina.

Secretaría de Educación

En esta área, hubo dos reuniones preparatorias y cuatro reuniones entre los equipos de empalme y el de la Secretaría de Educación, en las que se solicitó un informe con 49 preguntas.

Entre los hallazgos, se reportó que la ciudad no cuenta con la infraestructura ni con el número de docentes necesarios para cobijar la demanda estudiantil, sectorizada en las zonas de crecimiento poblacional.

“En tal sentido, la Secretaría ha optado por realizar contratos de arrendamientos (16 en la vigencia 2023), contratos con Confesiones religiosas para suplir la falta de docentes, garantizando la atención de estudiantes en los 3 megacolegios (con infraestructura del distrito) y otro contrato con confesiones religiosas que incluye el arrendamiento, pero donde los docentes son oficiales”, expresa.

En el reporte, se señalan temas de importancia para revisión, como el proceso contractual para la atención de los estudiantes que inician calendario escolar, el estudio de insuficiencia; atención a población con discapacidad, el incremento en la atención de estudiantes venezolanos, continuidad en las estrategias de modelos educativos flexibles, revisión de Jornada Única, los contratos de PAE, transporte escolar, y el piloto para atención de niños y niñas de 3 a 4 años.

INRED

Con relación al INRED, el documento indica que no se realizó la entrega ningún documento del área jurídica, ni del manual de interventoría y supervisión.

Así mismo, destaca compromisos incumplidos, relacionados con la relación de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) presentada ante el instituto, la gestión contractual y ejecución presupuestal, falta de actualización en la política y modelo de seguridad y privacidad de la información, procedimientos de seguridad y privacidad de la información, entre otros.

Salud

Por último, en el área de salud, las observaciones indican que la “información entregada no satisface las necesidades y requerimientos que por marco legal y reglamentario debe entregarse, lo que hace necesario reportar al Ministerio Público la situación presentada”.

Así mismo, indica que no se aportó información integral de las funciones adscritas en la oficina de Apoyo a la Gestión.

Un caso similar fue relacionado con el área de calidad, desde la cual aseguran solo haber recibido los datos sobre la cantidad de prestadores de servicios radicados en el Registro Especial de Prestadores, aclarando que no se realizaron visitas IVC por la falta de Talento Humano contratado.

Sobre la ejecución presupuestal tampoco hubo información, pues el entonces secretario habría manifestado no ser ordenador del gasto. En cuanto a la información jurídica, establece que no hubo información sobre el cumplimiento de fallos ni sobre los procesos de especial observación en pro de la Defensa Judicial de la entidad.

Así las cosas, el informe va acorde con las afirmaciones ya hechas por el actual gabinete de gobierno, en las que señalaron una serie de falencias que no permitieron el normal desarrollo del proceso de empalme, que en varias ocasiones fue definido como “traumático”.