Taganga le dice NO al Puerto de las Américas

Este viernes 5 de abril, en la Gallera del corregimiento de Taganga en Santa Marta, la Comisión Quinta del Senado de la República realizó una Audiencia Pública sobre la situación ambiental, social y económica que se presenta por el licenciamiento del proyecto de construcción de un puerto de insumos líquidos en Punta Voladero.

A la cita acudieron representantes del Distrito, autoridades ambientales, líderes y la comunidad de Taganga, quienes manifestaron su inconformismo con el proyecto por los problemas ambientales que este traería para el sector.

El Representante a la Cámara por el Atlántico, Germán Gómez, en entrevista con Opinión Caribe, mencionó que la jornada buscó escuchar los argumentos de las personas para finalmente tomar una decisión que le convengan no solo a los ciudadanos sino también al medio ambiente.

Por otra parte, indicó que, aunque el proyecto tenga “una licencia, no quiere decir que irremediablemente se tenga que cumplir eso”, pues si las instituciones ambientales, por medio de mesas técnicas, determinan que no es viable el puerto, se anulan las licencias que se hayan otorgado anteriormente.

El proyecto

El Puerto de las Américas es un proyecto que busca construir infraestructura portuaria para el cargue y descargue de graneles líquidos en la bahía de Taganga, específicamente en el punto conocido como Punta Voladero.

En el año 2007 a través de la resolución 028 de enero de 2007, el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente de Santa Marta – hoy Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental (DADSA)– le otorgó la licencia ambiental a la Terminal de Graneles Líquidos del Caribe SAS (Terlica) para la construcción y operación de un atracadero para insumos líquidos. Esta licencia fue modificada por medio de la Resolución 142 de 2010, que amplió el término de la licencia de 5 a 20 años.

En el año 2008, la empresa Terlica fue responsable del derrame de 89 toneladas de aceite vegetal que tuvo un efecto devastador en el ecosistema marino y en las comunidades de pescadores.

Luego de ser sancionada, en el año 2011 Terlica le cedió la licencia a la Sociedad Portuaria Las Américas, encargada ya no de construir un atracadero (como se autorizó en 2007) sino un puerto multipropósito destinado al cargue de graneles líquidos e hidrocarburos.

Cuatro años después, es decir, en el 2015, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) otorgó la concesión para la construcción, administración y operación de un puerto privado, autorizando la ocupación temporal de zonas marítimas de uso público.

En el 2017, la Sociedad Las Américas solicitó la modificación de la licencia, esta vez ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con el fin de movilizar hidrocarburos y derivados del petróleo, entre otras sustancias, aparte de los graneles líquidos previstos inicialmente. Esta licencia fue concedida a través de la Resolución 00178 del 12 de febrero de 2018, para construir el puerto entre el emisario submarino de aguas servidas de Santa Marta (El Boquerón) y la desembocadura del colector pluvial norte, a 2 km de la playa de Taganga.

Durante todos estos años, la voz de la comunidad se ha hecho sentir, a tal punto que ha generado protestas sociales y la construcción de veedurías ciudadanas para defender los derechos de las comunidades de Taganga. Así mismo, se han venido de acciones que han impedido la construcción.

Opinión de la comunidad

Durante la audiencia, la comunidad dejó en claro que no quiere la construcción del puerto, pues aseguran que pone en riesgo el ecosistema y la salud de la comunidad taganguera.

“Somos un pueblo unido cuando sabemos que están en riesgos nuestros derechos fundamentales, nuestras tierras y nuestro territorio. Sabemos que de acá no va a salir una solución, pero sí tienen que salir mesas técnicas para empezar a solucionar nuestros problemas y derechos fundamentales que nos están violando”, precisó Lilibeth Cantillo, moradora del sector.

Además, afirman que la construcción de un muelle iría en contra de la vocación turística y pesquera de las Playas de Taganga.

“Hacer un Puerto de las Américas representa seguir desplazando a las poblaciones campesinas del Magdalena y de la región, además también representa seguir secuestrando las aguas que vienen de la Sierra Nevada”, indicó David Cantillo Matos.

Chela Pacheco, pescadora de Taganga, señaló que el Puerto podría contaminar el mar y con ello afectaría la actividad de la pesca, la cual es una de las principales actividades económicas del lugar.

Daniels De Andrís, cabildo gobernador de Taganga, en entrevista con Opinión Caribe, mencionó que la comunidad no está de acuerdo con el proyecto porque es un tema que afecta la vida diaria de las personas y del ecosistema. Por otra parte, indicó que cuando se otorgó la licencia ambiental la comunidad no fue consultada sobre el proyecto.

“Desde cualquier punto de vista, el puerto afecta a un grupo vulnerable, que son la comunidad indígena pescadora, pero además de eso, está ubicado dentro de un punto de la Línea Negra, lo que significa que cualquier proyecto que se pretenda hacer allí debe ser consultad no solamente con el pueblo de Taganga, sino también con los cuatro indígenas de la Sierra”, precisó.

Comunidades indígenas se unen a la voz de tagangueros

Miguel Bolaño, miembro del pueblo indígena Kogui, indicó que todos los hermanos de la tierra deben cuidar y conservar la naturaleza. “Nosotros como indígenas venimos a hacer los pagamentos aquí, este sitio es importante para nosotros”, dijo.

Por otra parte, hicieron mención del Decreto 1500 de 2018, mediante la cual el Gobierno colombiano redefinió y precisó el territorio ancestral de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, conocido como la Línea Negra.

Para los Kogui la Línea Negra es muestra de la importancia que tiene la conexión de los ecosistemas de la Sierra y las dinámicas de los pueblos indígenas que la habitan, por ello, el puerto, al estar ubicado dentro de un punto de la delimitación del territorio ancestral de los pueblos indígenas, representaría un riesgo para la naturaleza.

Al finalizar las intervenciones, la comunidad de Taganga pidió a la Comisión Quinta del Senado hacer presencia en el territorio el próximo mes para se realicen mesas técnicas con las comunidades, con presencia de las autoridades nacionales competentes para definir una solución definitiva sobre el tema.