Por presunta contratación a dedo de más de 42 mil millones, la Procuraduría abrió una investigación en contra del ICBF Magdalena

Tras la denuncia de OPINIÓN CARIBE, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra funcionarios del ICBF Magdalena, por presunto direccionamiento de contratos por $42.000 millones y por haber presuntamente desconocido las instrucciones impartidas desde la Dirección General del ICBF para contratar.

El pasado 13 de abril, OPINIÓN CARIBE dio a conocer que desde la Regional Magdalena del ICBF al parecer se seguía adjudicando y celebrando contratos con fundaciones bajo la modalidad de contratación directa, saltándose las directrices señaladas en el memorando enviado desde la dirección nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde dicta que estos contratos se deben hacer con Asociaciones de Padres de Familia (APF) o con grupos étnicos.

Así mismo, este medio de comunicación reveló que, al parecer el director de la Regional Magdalena, Leonardo Alfonso Pérez Medina, adjudicó a dedo más de $42.290 millones de pesos manteniendo estos contratos con las mismas fundaciones que vienen operando desde hace mucho tiempo, yendo en contra de las nuevas directivas.

Tras la denuncia de OPINIÓN CARIBE, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra funcionarios del ICBF Magdalena, por presunto direccionamiento de contratos por $42.000 millones y por haber presuntamente desconocido las instrucciones impartidas desde la Dirección General del ICBF para contratar los servicios de educación básica a la primera infancia de Hogares Comunitarios de Bienestar, en donde se establece que dichos contratos deben hacerse con Asociaciones de Padres de Familia (APF) o con grupos étnicos.

“El equipo directivo de esa regional habría adjudicado más de $42.290.000.000 a las mismas fundaciones que vienen operando este servicio desde hace mucho tiempo, a pesar de que las asociaciones de grupos étnicos en la región (Organizaciones Indígenas, asociaciones de padres y madres usuarias del servicio o madres comunitarias) se encontraban debidamente legalizadas para contratar”, señaló la Procuraduría a través de un comunicado.

La Procuraduría señaló que entre las pruebas solicitadas por el ente investigador están el listado de contratos entregados de manera directa por el equipo directivo regional, así como un informe en el que se determinen los funcionarios que han participado en dichos procesos de contratación durante la administración actual.