El desgobierno en el Magdalena estaría generando que otros actores ejerzan el rol de autoridad

54 personas, pertenecientes a 13 familias, se han desplazado al corregimiento de Palmor huyendo de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y, según la Procuraduría, se teme que el número de desplazados aumente.

Las autoridades del Magdalena necesitan retomar el control del territorio, que las comunidades sientan que tienen un gobernante y que se vean las acciones de los Consejos de Seguridad que, al parecer, se han convertido más que todo en un protocolo.

A pesar de que en días pasados una comisión de funcionarios de la Oficina de Paz, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto se desplazó hasta el corregimiento de Palmor para realizar un proceso de verificación de las familias afectadas por los desplazamientos generados por los enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, la incertidumbre y el abandono gubernamental en estas comunidades persiste.

Durante años, estas comunidades han estado en medio del conflicto armado que se vive en esta zona por la disputa territorial entre grupos armados ilegales. Es por ello que el escepticismo entre los pobladores persiste, pues la presencia de las autoridades nacionales o de la gobernación del Magdalena, incluso de la alcaldía de Ciénaga, al parecer solo sería cuando estos hechos de relevancia ocurren; de lo contrario, son otros actores quienes presuntamente ejercen la autoridad.

Y si se conoció que hasta allí, en la zona de los enfrentamientos que generaron desplazamiento forzado de más de 13 familias, llegaron las comisiones de atención a las víctimas para implementar un plan de contingencia para atender la situación humanitaria, donde estuvieron escuchando a la población. ¿Pero y después? La presencia de las autoridades debería enfocarse en una verdadera acción que recobre la tranquilidad en este sector del departamento del Magdalena que históricamente ha padecido los estragos de la violencia.

Es por esto que la Procuraduría General de la Nación también hizo un llamado enérgico al gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, a los alcaldes y personeros de Ciénaga, Aracataca, Zona Bananera y Fundación, así como a la Fuerza Pública, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Unidad para las Víctimas para la implementación de medidas urgentes y coordinadas para proteger y asistir a las comunidades del corregimiento de Palmor, ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Según las investigaciones adelantadas por la Procuraduría en el terreno, 54 personas, pertenecientes a 13 familias, se han desplazado al corregimiento de Palmor, Ciénaga, para declarar y acceder a las ayudas de emergencia disponibles para las víctimas. Sin embargo, se teme que el número de desplazados aumente si los enfrentamientos continúan.

Las autoridades del Magdalena necesitan retomar el control del territorio, que las comunidades sientan que tienen un gobernante y que se vean las acciones de los Consejos de Seguridad que, al parecer, se han convertido más que todo en un protocolo. Los magdalenenses esperan que en verdad la institucionalidad se haga presente en todas las zonas que hoy por hoy los actores armados ilegales al parecer controlan y que sin sonrojarse se hacen notar.