Documentos del SECOP revelan una arquitectura de contratación diseñada para la opacidad: anticipos girados al 100%, interventorías que comparten el canal de comunicación del vigilado, obras sin acta de liquidación y convenios donde los municipios renunciaron expresamente a las cláusulas excepcionales de la Ley 80. Más que una cadena de irregularidades, el análisis expone un patrón sistemático donde el Estado abdicó de su rol de control y la defensa de los recursos públicos se redujo a un simple trámite.
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