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La Contraloría del Magdalena: cuatro años capturada por “los acuerdos políticos”
Aunque la entidad abrió 160 procesos durante el cuatrienio, solo 39 terminaron en fallos con responsabilidad fiscal. La gestión de Alberto Mario Garzón Wilches evidencia una Contraloría debilitada y permeada por intereses políticos que comprometieron su función de proteger el erario, luego de haber sido elegido bajo “acuerdos políticos” que él mismo reconoció públicamente.
Por: Arnol Sarmiento
La rendición de cuentas del contralor del Magdalena, Alberto Mario Garzón Wilches, realizada el pasado 2 de diciembre, terminó convertida en un retrato fiel de su gestión: improvisación, escaso rigor técnico y una alarmante confesión que compromete la credibilidad del ente de control. En vez de ofrecer un balance sólido de su administración entre 2022 y 2025, Garzón centró su intervención en elogios a funcionarios, citas bíblicas y referencias musicales, mientras esquivaba los detalles de los indicadores que revelan un desempeño débil y una eficiencia mínima en el control fiscal del departamento.
El momento más crítico de su intervención llegó cuando admitió que su elección respondió a acuerdos políticos y no a méritos profesionales. Una declaración que no solo socava la confianza pública, sino que expone uno de los problemas estructurales más graves del sistema de control: la captura política de las contralorías territoriales.
#EnVideoOC “La elección del contralor es producto de un acuerdo político”.
Estas fueron las polémicas declaraciones del contralor del Magdalena, Alberto Mario Garzón Wilches, durante la rendición de cuentas de la entidad realizada el día de ayer 2 de diciembre.
“El contralor,… pic.twitter.com/fOXy1x65jO
— Opinión Caribe (@opinioncaribe) December 3, 2025
Más allá de la polémica, las cifras del cuatrienio evidencian un balance institucional pobre. La Contraloría abrió 160 procesos de responsabilidad fiscal derivados de 132 hallazgos, pero solo 71 avanzaron a imputación y apenas 39 terminaron en fallos condenatorios. En términos globales, su efectividad apenas llegó al 24,4% desde que se inicia cada proceso.
El panorama empeora al revisar la recuperación efectiva del patrimonio público. De los $6.836 millones declarados en fallos con responsabilidad fiscal, solo se recaudaron $1.306 millones: una tasa de recuperación del 19,1%. Para un órgano cuya misión es resarcir el daño al erario, este indicador es un síntoma de ineficiencia estructural.
El modelo operativo también muestra fallas profundas. Solo el 42% de los hallazgos pasó por indagación preliminar; más de la mitad de los procesos abiertos nunca llegó a imputación, lo que implica desgaste de recursos y baja capacidad investigativa. Asimismo, la entidad se apoyó casi exclusivamente en la jurisdicción coactiva y en 45 acuerdos de pago, sin evidencias de embargos efectivos ni estrategias modernas de recuperación.
El balance final es claro: la Contraloría del Magdalena cerró un cuatrienio con más ruido mediático que resultados tangibles. Mientras el contralor presentó una exposición cargada de adornos discursivos, los datos muestran un órgano debilitado, con bajo impacto en la protección del patrimonio público y atrapado en las lógicas políticas que su propio jefe reconoció sin reparos.
En un departamento históricamente golpeado por la corrupción y la ineficiencia administrativa, la Contraloría del Magdalena concluye el cuatrienio sin haber recuperado siquiera una quinta parte de los recursos perdidos y sin mostrar avances significativos en su labor misional. Aunque el discurso del contralor se adornó con citas y elogios, los resultados reflejan una realidad incómoda: la entidad encargada de vigilar el uso del dinero público terminó atrapada por los mismos acuerdos políticos que, según él mismo admitió, lo llevaron al cargo.
Con indicadores que evidencian fragilidad operativa, limitada capacidad sancionatoria y un recaudo fiscal marginal, la Contraloría del Magdalena cierra este periodo marcado por la ineficacia y una aparente falta de independencia.
