Los muertos no votan

Por Norma Vera Salazar

En el Magdalena, la violencia dejó de ser una noticia extraordinaria y se convirtió en paisaje. No porque haya disminuido, sino porque se naturalizó. La muerte volvió a ocupar el centro de la vida cotidiana sin provocar conmoción política, sin abrir debates públicos y sin responsables visibles. El silencio se volvió política de Estado.

Las cifras no admiten lecturas complacientes. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró 571 homicidios en el departamento del Magdalena, incluidos 35 feminicidios, de los cuales 14 corresponden a presuntos crímenes instrumentales contra mujeres. El promedio es brutal: casi dos personas asesinadas cada día.

La violación de los derechos humanos no se distribuye de manera homogénea. Seis municipios concentran cerca del 81 % de los asesinatos: Santa Marta (166), Zona Bananera (95), Ciénaga (94), Fundación (51), Aracataca (30) y Pivijay (29). No es una coincidencia: estos territorios coinciden con zonas de control o disputa armada de las AGC y las ACSN.

Los datos históricos refuerzan una conclusión inquietante: el Magdalena se aproxima peligrosamente a los niveles de violencia del periodo más álgido del control paramilitar. En 2003, en pleno dominio de las Autodefensas Unidas de Colombia, se registraron 650 homicidios. En 2024, la cifra volvió a escalar hasta 559.

No se trata de una violencia nueva. Es una violencia conocida: Los hechos recientes exhiben patrones propios de la violencia armada organizada: tortura, desmembramientos, ejecuciones selectivas y la exhibición de cuerpos como mensaje. La sevicia no es un exceso; es pedagogía del terror. Se valida a través de la justicia por mano propia, mediante la mal llamada limpieza social, y se amplifica con la difusión de videos en TikTok y otras plataformas, publicados sin filtros ni análisis, que masifican el horror y evidencian la ausencia de autoridad legítima.

Las víctimas se repiten: jóvenes, mototaxistas, mujeres, campesinos, trabajadores informales, habitantes de barrios populares. La violencia tiene clase social.

Frente a este escenario, la respuesta política ha sido el silencio. Dirigentes de todas las corrientes ideológicas y candidatos están más concentrados en acuerdos politiqueros que en la protección de la vida. Ni siquiera un mensaje de solidaridad con las familias, aunque sea por hipocresía política.

La Alerta Temprana 020 de 2025 de la @DefensoriaCol advirtió sobre el riesgo de control territorial armado. No hubo una respuesta proporcional, ni pronunciamientos públicos, y mucho menos acciones institucionales para mitigar los riesgos.

La desconexión con el dolor social es profunda. ¿Importa menos esta violencia porque las víctimas son pobres? En el Magdalena, los muertos no votan. No marchan. No reclaman. Quizás por eso no importan.

Pero cada cuerpo es una acusación irrefutable contra la indiferencia política. Cada asesinato es un acto de gobierno por omisión, una firma silenciosa del Estado sobre la muerte de los pobres. Cuando el silencio se vuelve norma, la violencia deja de ser excepción y se convierte en sistema. En el Magdalena, la política no protege la vida: la administra. Y mientras sigan celebrando el circo juepaje de la política parroquial, los muertos seguirán sin importar, porque los muertos no votan.