972 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde los “Acuerdos de Paz”

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se han documentado 972 homicidios de personas defensoras de derechos humanos en Colombia, evidenciando que la violencia contra liderazgos sociales no solo persiste, sino que se ha reconfigurado en los territorios con alta disputa armada y débil presencia estatal.

Por: Arnol Sarmiento

Un informe técnico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió a encender las alertas sobre la crítica situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. El documento, que analiza el periodo 2022-2025, concluye que la violencia contra estos liderazgos se mantiene como un fenómeno estructural, sin que el Estado haya logrado revertir las tendencias de asesinatos, amenazas y ataques.

Según el reporte, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 se documentaron 410 homicidios de personas defensoras, mientras que desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 la cifra asciende a 972 casos. Pese a algunos avances institucionales, la ONU advierte que Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la defensa de derechos humanos.

Violencia sistemática y control territorial

El informe identifica que el 73% de los homicidios estarían relacionados con actores armados no estatales, quienes buscan imponer control social, consolidar economías ilícitas y disputar territorios estratégicos.

Esta dinámica se intensificó tras la salida de las FARC-EP de varios territorios, donde —según el análisis— el Estado no logró establecer una presencia integral. En estos vacíos de poder, grupos armados han ejercido coerción violenta contra liderazgos comunitarios, utilizando asesinatos y amenazas como mecanismos de intimidación colectiva.

Liderazgos más vulnerables

La ONU advierte que la violencia impacta de manera desproporcionada a sectores específicos, entre ellos:

• Pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes
• Líderes campesinos y comunales
• Defensores ambientales
• Mujeres lideresas
• Personas defensoras LGBTIQ+
• Personeros municipales

El patrón, según el informe, evidencia que los ataques se concentran en liderazgos de base con alta incidencia territorial, fundamentales para la organización social y la gobernanza local.

Concentración geográfica y expansión nacional

Los homicidios se registraron en 28 departamentos y 184 municipios, con una alta concentración en regiones como Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Arauca y Putumayo, que agrupan el 76% de los casos.

Este comportamiento confirma que la violencia no es aislada, sino extendida y asociada a disputas territoriales, economías ilegales y debilidad institucional.

Fallas estructurales del Estado

Aunque la ONU reconoce avances del actual Gobierno —como el diálogo con organizaciones sociales y la priorización del problema—, el informe es crítico frente a la efectividad de las respuestas estatales.

Entre los principales hallazgos se destacan:

• Fragmentación institucional entre niveles nacional, departamental y municipal
• Debilidad del nivel local, con baja capacidad técnica y financiera
• Falta de respuesta efectiva a las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo
• Altos niveles de impunidad
• Persistencia de la estigmatización contra defensores

El documento advierte que el modelo actual de protección, centrado en esquemas individuales a cargo de la Unidad Nacional de Protección, es insostenible y requiere una transformación hacia enfoques colectivos y preventivos.

Factores que explican la crisis

El análisis identifica causas estructurales que perpetúan la violencia:

• Persistencia de conflictos armados regionales
• Expansión de economías ilícitas (narcotráfico, minería ilegal, tala y trata de personas)
• Ausencia o débil presencia estatal en territorios
• Falta de resolución de conflictos de tierras
• Impunidad judicial
• Discursos de estigmatización desde sectores institucionales

Recomendaciones: hoja de ruta para el Estado y el próximo Gobierno

La ONU plantea una serie de medidas urgentes dirigidas al Gobierno actual, al Congreso, la Fiscalía y la Procuraduría, así como al próximo gobierno que asumirá en 2026.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

• Implementar la Política Nacional de Garantías para Personas Defensoras
• Articularla con políticas de seguridad, paz y desmantelamiento criminal
• Fortalecer la investigación de estructuras criminales
• Mejorar el control disciplinario frente a omisiones institucionales
• Aprobar una ley estatutaria que reconozca y proteja la labor de los defensores
• Combatir la estigmatización mediante medidas normativas y campañas públicas
• Reforzar la coordinación entre Nación y territorios

Una crisis sin solución inmediata

El informe concluye que no existen soluciones de corto plazo debido al carácter estructural del problema. Sin embargo, advierte que las recomendaciones constituyen una hoja de ruta clara para avanzar en la protección efectiva de quienes defienden derechos en los territorios.

La ONU fue enfática en su llamado: defender los derechos humanos no debería costar la vida, una consigna que, según el informe, sigue lejos de cumplirse en Colombia.