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Ejército ingresa 15 toneladas de alimentos a comunidad arhuaca en la Sierra Nevada

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En respuesta a la emergencia humanitaria que enfrentan comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, tropas del Ejército Nacional de Colombia lograron el ingreso de 15 toneladas de alimentos a la comunidad arhuaca en Serankua, jurisdicción del Magdalena, donde cientos de familias permanecen confinadas por la violencia armada.

La operación fue ejecutada por soldados de la Segunda Brigada de la Primera División, quienes, en medio de complejas condiciones de acceso y seguridad, desplegaron capacidades logísticas para hacer llegar la ayuda humanitaria a este territorio indígena afectado por enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

El ingreso de estos alimentos se da en un contexto crítico advertido por la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre el confinamiento de al menos 465 familias —2.581 personas— desde el pasado 6 de marzo en los asentamientos de Serankua y Dwanawimaku, lo que ha limitado su acceso a bienes básicos como alimentación, salud y movilidad.

Aunque la entrega representa un alivio inmediato para las comunidades, también se convierte en una de las primeras acciones concretas para atender la emergencia, en medio de retrasos en la distribución de otras ayudas humanitarias. De acuerdo con la Defensoría, parte de los suministros aún permanecen almacenados o a la espera de transporte, lo que ha dificultado una atención oportuna y suficiente frente a la magnitud de la crisis.

Desde el Ejército se aseguró que esta misión hace parte del compromiso institucional con la protección de las comunidades ancestrales y la atención de situaciones humanitarias en zonas afectadas por el conflicto. Sin embargo, el panorama en la Sierra Nevada sigue siendo complejo, con comunidades que continúan en condición de confinamiento y expuestas a riesgos derivados de la confrontación armada.

En medio de este escenario, el ingreso de ayuda por parte de las Fuerzas Militares se posiciona como un paso clave para mitigar la crisis, mientras persisten los llamados a una respuesta estatal más amplia, articulada y sostenida que garantice la protección integral de las comunidades indígenas del territorio.