Connect with us

Departamento

Los grises del proyecto vial de los 100 mil millones entre Apure y Chibolo

Published

on

Subcontratistas del proyecto vial denunciaron retrasos salariales de hasta ocho meses, mientras la Gobernación asegura estar al día con el contratista, traslada la responsabilidad a este y anuncia posibles sanciones.

 

En la mañana de este martes se registró el bloqueo de la Vía de Los Contenedores, a la altura del corregimiento de Apure, en el departamento del Magdalena, por parte de subcontratistas vinculados al proyecto vial Apure–Chibolo, quienes denuncian retrasos en el pago de sus salarios durante los últimos ocho meses.

La protesta interrumpió el tránsito en este corredor estratégico, evidenciando un conflicto que, más allá de la afectación inmediata a la movilidad, plantea interrogantes sobre la cadena de pagos en la ejecución de obras públicas y la responsabilidad entre contratistas y entidades territoriales.

Denuncia de los trabajadores

De acuerdo con los manifestantes, el incumplimiento en los pagos se ha prolongado por varios meses, situación que habría motivado la toma de la vía como mecanismo de presión para exigir soluciones. Aunque no se han precisado cifras oficiales sobre el número de afectados, los subcontratistas aseguran que la situación es generalizada dentro del proyecto.

Respuesta de la Gobernación

Frente a estos señalamientos, la Gobernación del Magdalena emitió un pronunciamiento en el que rechaza cualquier incumplimiento en sus obligaciones contractuales y traslada la responsabilidad al contratista principal.

Según la administración departamental, los pagos se han realizado conforme a los avances de la obra, que actualmente registra un 78 % de ejecución física y un 72 % de avance financiero. En ese sentido, la Secretaría de Infraestructura certificó que no existen cuentas pendientes por parte de la Gobernación con el consorcio encargado del proyecto, identificado como Consorcio Vías Universal Magdalena.

El gobierno departamental informó, además, que la gobernadora Margarita Guerra designó al secretario de Infraestructura, Efraín Vargas, para mediar entre las partes y buscar una solución inmediata que garantice el pago a los trabajadores.

Investigación en curso

Como parte de las medidas adoptadas, la Gobernación ordenó la apertura de una investigación administrativa para establecer posibles responsabilidades del contratista. No se descarta la imposición de sanciones, incluyendo multas o incluso la caducidad del contrato, en caso de comprobarse incumplimientos.

El proyecto

El proyecto contempla la pavimentación de 22 kilómetros en doble carril, con una inversión superior a $100 mil millones. Su objetivo es conectar territorios donde se concentra el 38 % del inventario ganadero del Magdalena, lo que la convierte en una infraestructura clave para la competitividad rural.

Sin embargo, el conflicto actual y las inconsistencias en los reportes ponen en entredicho no solo la ejecución contractual, sino también los mecanismos de seguimiento y control institucional.

Inconsistencias en los reportes de avance

Más allá del conflicto laboral, hay un elemento que emerge: la variación en los datos oficiales sobre el avance del proyecto.

Mientras en el comunicado emitido este martes se habla de un 78 % de ejecución, el pasado 1 de marzo la propia Gobernación había informado que la obra alcanzaba un 83 %. La diferencia de cinco puntos porcentuales en menos de un mes plantea interrogantes sobre la consistencia de los reportes técnicos y la trazabilidad real del avance.

Preguntas

¿A qué obedece la diferencia entre el 83 % reportado el 1 de marzo y el 78 % informado actualmente?

¿Qué mecanismos de verificación respaldan los porcentajes de avance físico y financiero del proyecto?

¿Cómo se garantiza que los recursos girados al contratista lleguen efectivamente a los trabajadores?

¿Qué responsabilidades recaerán sobre el contratista en caso de comprobarse incumplimientos en los pagos?

El desarrollo de la investigación y la claridad en la información oficial serán determinantes para establecer responsabilidades en una obra que no solo impacta la movilidad, sino también el núcleo productivo del Magdalena.