Héroes de papel: cómo el Gobierno Petro dejó sin presupuesto a quienes cuidan a Colombia

Por: Harold Castañeda Robles

En la mañana del 23 de marzo de 2026, un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial de Colombia despegó de Puerto Leguízamo, en el corazón selvático del Putumayo, transportando a 127 uniformados con destino a Puerto Asís. Apenas unos segundos después, la aeronave sufrió un problema y se precipitó a tierra.

No hubo tiempo para el miedo. No hubo tiempo para despedirse. En su gran mayoría eran soldados profesionales y policías que habían sido trasladados allí para garantizar la seguridad durante las elecciones del pasado 8 de marzo —jóvenes que fueron a cuidar la democracia y no regresaron a casa. ¿cuántas muertes más necesita este país para entender que mandar hombres al cielo en aeronaves sin mantenimiento adecuado es condenarlos antes de que despeguen? En los últimos 20 años, Colombia ha registrado 604 siniestros aéreos, de los cuales 396 fueron accidentes con consecuencias fatales, desapariciones o daños estructurales graves.

Las cifras no son estadísticas frías: son madres que esperan en la puerta, son hijos que no vuelven a la mesa, son nombres grabados en monumentos que pudieron evitarse. Porque en Colombia se les pide a sus soldados que mueran por la patria, pero nadie parece dispuesto a invertir en que primero puedan vivir para defenderla.

Mientras el Gobierno celebra cifras nominales récord, el 60% de las aeronaves está en tierra, la tropa opera sin dotación completa y los grupos armados crecieron un 23,5% en un año. El costo real de la paz sin presupuesto. Colombia destina hoy el 4,1% de su PIB al sector defensa y seguridad, cifra que el Gobierno Petro exhibe como prueba de compromiso histórico con las Fuerzas Militares. El presupuesto apropiado para 2024 alcanzó los 59,3 billones de pesos.

En papel, una suma imponente. En la realidad de las bases, una promesa que no se ejecuta. El dato que cambia todo es este: al cierre del segundo trimestre de 2025, el sector defensa había ejecutado financieramente apenas el 19,2% de sus recursos de inversión. El Ejército Nacional, con un avance del 13,1%. La Policía Nacional, con unos cero absolutos en proyectos de infraestructura y tecnología.

No es error de transcripción. Es el estado real de una institución que tiene dinero asignado en planillas y no tiene cómo convertirlo en operatividad. La trampa está en la estructura del gasto. El 79% —algunos análisis técnicos elevan esa cifra hasta el 95% si se incluyen todas las obligaciones prestacionales— se va en nómina, pensiones y asignaciones de retiro. Lo que sobra para modernización, mantenimiento y dotación táctica no llega siquiera a los niveles de décadas anteriores en términos reales. El presupuesto de inversión cayó de 3,2 billones de pesos en 2024 a una proyección de 2,5 billones para 2025: una reducción del 23% que nadie llama por su nombre.

El déficit identificado supera el billón de pesos. Hay bases sin servicios públicos, sin mantenimiento, sin dotaciones, sin raciones de campaña. Estamos hablando de una crisis de operatividad, no de un ajuste
administrativo; — Procuraduría General de la Nación Alerta urgente al Congreso, 2024. La Procuraduría General de la Nación lo puso en términos inequívocos: el faltante crítico supera el billón de pesos, de los cuales 847.000 millones corresponden a las Fuerzas Militares. El ente de control identificó un vacío de 490.000 millones solo para gastos operativos mínimos: servicios públicos de las bases, mantenimiento de equipos, uniformes y raciones de campaña. No estamos hablando de misiles o cazabombarderos. Estamos hablando del combustible, la comida y la ropa de los soldados.

El Decreto 0766 de junio de 2024 congeló fondos clave para operaciones en zonas de alto riesgo como el Catatumbo —precisamente el territorio donde meses después estallaría la peor crisis humanitaria del año—. Las Fuerzas Militares asumieron gastos imprevistos como vuelos de repatriación desde Estados Unidos que superaron los 40.000 millones de pesos, sin reembolso del Ministerio de Hacienda. El Estado le debe al Ejército.

La crisis aeronáutica es quizás el síntoma más elocuente. De 731 aeronaves de la Fuerza Pública, solo 298 están operativas. El 60% está en tierra: 223 en mantenimiento, 55 en proceso de baja, 29 inhabilitadas por accidentes. La Fuerza Aeroespacial Colombiana reporta un déficit de 228.127 millones de pesos que la obliga a volar solo el 62% de las horas programadas. El contraste con el discurso oficial resulta doloroso. La Paz Total; prometió un nuevo paradigma de seguridad humana que dignificara al uniformado y redujera el conflicto a través del diálogo. Los datos muestran otra película: los ataques con drones explosivos pasaron de 119 en 2024 a 277 en 2025.

Los grupos armados crecieron de forma sostenida hasta superar los 27.000 integrantes. Las zonas de disputa armada se duplicaron hasta alcanzar 13 territorios activos en 2026. Los asesinatos de miembros de las Fuerzas Militares aumentaron un 32%. El secuestro, un 133%. Estos no son números de un gobierno que está ganando la paz.

No escribo esto para pedirle al país que vuelva a la Seguridad Democrática ni para alimentar ninguna campaña electoral. Lo escribo porque soy ciudadano colombiano y el Estado me debe, nos debe, unas Fuerzas Militares capaces de defender la vida. Mientras los recursos asignados se congelen en la burocracia y el presupuesto de inversión se evapore sin ejecución, el que paga el precio no es el ministro ni el presidente: son nuestros soldados y policías que muchas veces pagan con sus vidas cuando no se ejecutan los presupuestos.

Colombia no merece llorar así. No merece enterrar a sus hijos en cajones de madera mientras los presupuestos firmados por este gobierno duermen intactos en carpetas sin ejecutar y los aviones se oxidan en hangares abandonados. Cada soldado que cayó en Puerto Leguizamo tenía un nombre, una madre, un sueño que nunca aterrizó — y sin embargo, la misma administración que hoy decreta duelo nacional de tres días es la misma que recortó la operación aérea, paralizó contratos de mantenimiento y dejó sin ejecutar más de $432 mil millones destinados a salvar precisamente esas vidas. Un gobierno que abraza la paz con
discursos encendidos, pero abandona a sus soldados con aeronaves desvencijadas, no merece llamarse guardián de nada. Porque el dolor más profundo no es solo el de las familias que hoy visten de negro: es el de una nación que entiende, con rabia y con vergüenza, que estas muertes no fueron un accidente inevitable — fueron el resultado directo de la negligencia de quienes gobiernan. Y eso, en cualquier idioma, en cualquier tribunal de la historia, tiene un nombre: indolencia de Estado.

Fuentes documentales Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024 (MinHacienda) · CONFIS · Portal de Transparencia Presupuestal · SIIF Nación · Procuraduría General de la Nación · Contraloría General de la República.

Fuentes de análisis Fundación Ideas para la Paz (FIP) · CERAC · Indepaz · Ministerio de Defensa Nacional · Informes de la Comisión de Paz del Senado 2024–2025.