Proceso contra Caicedo por Coliseo de Gaira sigue su curso: destituyeron a funcionario que pidió preclusión

El escrito de acusación da cuenta de pruebas periciales, informes de interventoría y comunicaciones electrónicas, que la Fiscalía usará para demostrar la responsabilidad del procesado. La abrupta salida del fiscal Jorge Velásquez refuerza la tesis de que hubo una tentativa indebida de terminación anticipada, obviando un expediente que señala direccionamiento, sobrecostos y violación de normas contractuales.

Trascendió a la opinión pública que la Fiscalía General de la Nación hizo oficial en un acto administrativo la destitución del fiscal Jorge Velásquez Niño, después de que este solicitara la preclusión del proceso penal en contra del exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar por las presuntas irregularidades en el contrato para la remodelación del Coliseo de Gaira.

Velásquez Niño había retirado el escrito de acusación contra Caicedo, previo a una audiencia programada para el 7 de mayo pasado. La investigación involucra un presunto desfalco superior a 600 millones de pesos. El proceso había avanzado desde la imputación realizada el 9 de marzo de 2023 ante el Tribunal Superior de Bogotá.

El escrito de acusación elaborado por su antecesor, Leonardo Augusto Cabana Fonseca cuenta con 352 folios y presenta detalles y pruebas contundentes que deberán ser debatidas en juicio.  Ante esta inesperada decisión del delegado de la Fiscalía, los representantes de víctimas manifestaron que la solicitud de preclusión afectaba los derechos a la verdad, justicia y reparación.  Por razones de interés general, OPINIÓN CARIBE presenta una breve reseña del contenido de dicho documento.

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Solidez probatoria y documental

En el escrito de acusación, la Fiscalía detalla una serie de situaciones, presenta argumentos y pruebas que, en su opinión, podrían dar al traste con la presunción de inocencia con la que hoy goza el exalcalde Carlos Caicedo Omar, quien, según el documento, habría transgredido las normas que rigen la contratación en la adjudicación y ejecución del contrato para la adecuación del Coliseo de Gaira.

Los principales elementos invocados por el ente investigador para sustentar la continuidad de la dilatada acción penal contra el exalcalde de izquierdas son, en primera medida, el pliego de condiciones, documento base para toda licitación pública, el cual, según los expertos de la entidad, incluía requisitos técnicos y económicos diseñados para favorecer a un oferente particular.

Peritos expertos, determinaron luego de un análisis, que los términos relativos a experiencia en obras de “más de 50 millones de pesos” y “capacidad técnica para manejo de estructuras metálicas” eran desproporcionados y no correspondían a la naturaleza del proyecto, hecho que, a los ojos de la Fiscalía, vulnera el principio de competencia equitativa exigida por la Ley 80 de 1993.

Otro de los elementos presuntamente irregulares de los que echa mano la Fiscalía para sustentar la persecución penal contra Caicedo en este caso en concreto, es la falta de estudio de diseño definitivo y disponibilidad presupuestal. El escrito de acusación disponible en esta nota, indica que el contrato se firmó el 28 de julio de 2015 sin contar con los diseños definitivos de la obra ni con la certificación de disponibilidad presupuestal, expedida posteriormente por la Secretaría de Hacienda.

Sobre este tema, los auxiliares de la justicia que acompañan la labor del ente acusador concluyeron que la ausencia de estos requisitos viola la Ley 1150 de 2007, precepto normativo que obliga a garantizar los recursos financieros antes de comprometer erario. Como si fuera poco, dentro del material probatorio que deberá valorarse en el proceso, está el informe de interventoría en el que se da cuenta de avances del 85 % de la obra.

Sin embargo, una visita técnica posterior reveló que los datos eran falsos, porque la obra presentaba en ese momento un avance real inferior al 30 %. La Fiscalía sostiene que Jaime Durán Manrique, interventor designado, falseó la verdad y omitió observaciones críticas bajo presunta presión de la Alcaldía Distrital de Santa Marta.

A pesar de la presunta falta de colaboración de varios funcionarios y entidades adscritas a la Alcaldía de Santa Marta, el fiscal Leonardo Augusto Cabana pudo estructurar una tesis con pruebas sólidas y documentos para respaldarlas.  Como un peritaje elaborado por la firma CT Ingenieros el 10 de diciembre de 2024, mediante el cual se determinó un sobrecosto superior a los $420 millones, atribuible a partidas infladas en los rubros de cimentación y montaje estructural. Los expertos contrastaron los pagado por el ente territorial y los precios del mercado y concluyeron que los valores facturados superan en un 35 % los estándares de la región Caribe.

Finalmente, la Fiscalía aportó comunicaciones electrónicas entre Caicedo y varios de sus subalternos, entre estos, el secretario de Infraestructura del Distrito de Santa Marta, en las que ordena “dejar lista la firma del contrato antes de la feria de Gaira”. Según el ente acusador, esos mensajes evidencian la intención de direccionar el proceso y el involucramiento directo del alcalde como ordenador del gasto.

Todos estos elementos sirvieron para sustentar la imputación a Carlos Caicedo por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica. El escrito de acusación, respaldado por documentación técnica, pericial y testimonial, dieron al traste con la temeraria solicitud, pues, la fiscal General Luz Adriana Camargo determinó que la pretensión de preclusión carecía de fundamento jurídico, situación que, a juicio de muchos expertos, motivó su destitución del cargo. Así las cosas, el caso contra Caicedo por las presuntas irregularidades en el Coliseo de Gaira continúa su curso.