Banderas al viento y aguas al límite

Desde hace casi una década, Bello Horizonte presenta contaminación bacteriológica recurrente, documentada por la RedCam. La expansión urbanística desbordó el sistema sanitario y hoy el mar refleja esa carga, sin que empresarios ni autoridades respondan con la ética que se espera. Mientras tanto, se sigue vendiendo un espejismo.

Por: José D. Pacheco Martínez

En octubre, cuando llegue el receso escolar, Santa Marta volverá a llenarse de valijas pequeñas y expectativas grandes. Cuatro noches para dos adultos y dos niños en un apartamento de Bello Horizonte cuestan entre $700.000 y 2 millones: no es un capricho, es una decisión de gasto que compra descanso, paisaje y, sobre todo, confianza. El visitante no examina tablas ni percentiles; confía en que el mar que le venden como “exclusivo y tranquilo” es un mar seguro. Ahí empieza el problema.

La postal funciona porque selecciona lo que mira: atardeceres intactos, resorts que prometen experiencias a la medida, una línea de costa que parece inmune al desgaste. La evidencia, en cambio, mira todo. La Red de Vigilancia de la Calidad Ambiental Marina y Costera (RedCam), operada por INVEMAR y ajena a los hoteles, viene midiendo desde 2015 la estación Aeropuerto/Pozos Colorados, que corresponde a Bello Horizonte, y el registro es persistente: excedencias de coliformes termotolerantes por encima de los límites legales; clasificación de desempeño bajo en 2022; ausencia de mejora en 2023; y, en enero de 2024, excedencias simultáneas en coliformes totales y termotolerantes.

No es un tropiezo de temporada; es una deriva sostenida. La causa no está escondida en el fondo marino sino a ras de suelo. Bello Horizonte y Pozos Colorados crecieron más rápido que su alcantarillado. La multiplicación de torres, hoteles y condominios desbordó un sistema sanitario que ya venía al límite; cuando esa red colapsa, lo que la ciudad no puede tratar termina por encontrar salida en la playa.

Invemar lo ha dicho con sobriedad técnica: los niveles bacteriológicos se asocian con vertimientos domésticos sin tratamiento. Es difícil pedirle al mar que permanezca limpio cuando le exigimos absorber lo que la infraestructura no resuelve. Mirado con el prisma de Bandera Azul, el contraste es todavía más severo.

La certificación exige demostrar, durante cuatro años, que la playa mantiene parámetros “excelentes” de E. coli y Enterococcus; pide, al menos, ocho muestreos anuales —quincenales en temporada— y que los resultados estén visibles, comprensibles y recientes en la propia playa; ordena, además, bajar la bandera cuando haya episodios de contaminación y prohíbe certificar donde existan descargas de aguas residuales sin tratamiento secundario o terciario.

Ver documento completo aquí

Este es claramente un estándar pensado para proteger al bañista con datos, procedimientos y decisiones inmediatas. Bello Horizonte hoy queda fuera de esa ecuación: la RedCam mide, sí, pero con una frecuencia insuficiente para ese protocolo; la ciudad no cuenta con laboratorios acreditados que aseguren la trazabilidad que exigen los auditores; y, lo que es más delicado, no hay evidencia pública de muestreos quincenales ni de tableros actualizados a la vista del bañista en los frentes de playa que presumen certificación.

Aquí la obligación empresarial no es estética, es ética. Quien monetiza la primera línea de costa tiene que sostener el bien común del que depende su negocio. Si un hotel ondea Bandera Azul, debe exhibir —sin rodeos ni retrasos— sus resultados microbiológicos con fecha, punto de muestreo, método y cadena de custodia; mantener disponible el histórico; activar cierres preventivos cuando el agua no cumpla; y sostener, con presupuesto y continuidad, educación ambiental, gestión de residuos y accesibilidad. No se trata de un gesto reputacional: es la traducción operativa de lo que significa ofrecer una playa segura. En Bello Horizonte, esa traducción, según mi experiencia, está en deuda.

El Estado, por su parte, no puede seguir administrando el problema con eufemismos, sus colaboradores en las Curadurías Urbanas deben entender que autorizar nuevas licencias en una zona cuyo alcantarillado está colapsado es desplazar el costo sanitario hacia el mar y hacia el turista. Promocionar playas como seguras cuando los informes oficiales muestran lo contrario es confundir política de promoción con política pública. Gobernar, aquí, es ordenar el crecimiento a la capacidad real de saneamiento; es financiar y ejecutar las obras que devuelvan al sistema su función; es exigir estudios de laboratorios acreditados en la región; es establecer calendarios de muestreo que cumplan el estándar; es instalar, en cada acceso a la playa, tableros que informen al ciudadano con la misma claridad con la que lo invitan a reservar.

Conviene decirlo sin dramatismo, pero sin atenuantes: el modelo vigente privatiza beneficios y socializa riesgos. Los dividendos del paisaje quedan en los balances de los complejos turísticos; las bacterias y la pérdida de confianza quedan en la espalda de la ciudad. La discusión sobre Bandera Azul no es una guerra de símbolos, sino, el recordatorio de que una playa certificada no se sostiene con fotografías, sino con sistemas de saneamiento que funcionan, con datos publicados a tiempo y con decisiones que privilegian la salud por encima de la ocupación hotelera de un fin de semana.

Tampoco es una invitación a boicotear el turismo como me ha dicho muchas veces Omar García cuando lo entrevisto: el empresariado, la sociedad, la academia y los medios de comunicación, deben entender todo el trabajo periodístico en torno a este tema como una exhortación a hacerlo bien. Santa Marta puede y debe competir en estándares internacionales, pero para eso necesita un pacto básico y de imperativo cumplimiento, porque el viajero que llegará en octubre no tiene por qué cargar con esta discusión técnica; bastante hace con decidir su presupuesto y elegir destino.

La responsabilidad de que el mar sea seguro recae en quienes lo explotan y en quienes gobiernan el territorio. Si algo nos enseñan los últimos años es que el mar no olvida: devuelve lo que le arrojamos, y también lo que le negamos. Mientras el alcantarillado siga vencido y los datos no estén donde deben estar —en la playa, actualizados, entendibles—, cualquier bandera será corta. El atardecer puede ser hermoso; la ética y la responsabilidad social empresarial, en cambio, no admiten filtros.