El detrimento por más de $12 mil millones no se detiene: la IED Taganga será demolida

Tras siete años de contrataciones fallidas, prórrogas, suspensiones y decisiones administrativas sin resultados, la construcción del Megacolegio I.E.D. Taganga será demolida por representar un riesgo estructural.

Una obra que prometía transformar la educación en el corregimiento de Taganga, en Santa Marta, ha terminado convertida en un símbolo del abandono institucional, el detrimento patrimonial y la falta de planificación pública. El Megacolegio I.E.D. Taganga, que debía beneficiar a cientos de estudiantes con una infraestructura moderna y completa, será demolido tras más de siete años de contrataciones fallidas, prórrogas, suspensiones y decisiones administrativas que no lograron concretar su entrega.

El 16 de julio de 2018, la Alcaldía Distrital de Santa Marta, bajo la administración del entonces alcalde Rafael Martínez, suscribió el contrato GI-003 con la Unión Temporal Taganga por un valor de $9.414.512.824. El objeto del contrato, con un plazo de ejecución de siete meses, era el diseño y construcción de la infraestructura educativa para la Institución Educativa Distrital Taganga. La interventoría del contrato de obra fue realizada por el Consorcio Interventoría IED Santa Marta 2018, en virtud del Contrato No GI-002 del 14 de septiembre de 2018, por un valor de $1.858.399.200, con un plazo de ocho meses de ejecución.

Entre 2018 y 2022, el contrato acumuló al menos siete prórrogas, cinco suspensiones formales, y cuatro reinicios, reflejando una ejecución intermitente. Las prórrogas extendieron el plazo original de siete meses a más de cuatro años, mientras que las suspensiones respondieron a observaciones de diseño, falta de recursos y ajustes técnicos. Los otrosí firmados incluyeron ampliaciones de plazo y una adición presupuestal de $1.401.824.400 en julio de 2021, sin que la obra lograra completarse.

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Por medio de la resolución No.193 del 19 de abril de 2023, la Alcaldía de Santa Marta, en ese entonces bajo la dirección de Virna Johnson, declaró la terminación y liquidación unilateral del contrato de obra G1003 de 2018, suscrito con la Unión Temporal Taganga. La decisión se fundamentó en el vencimiento del plazo de ejecución y en el estado financiero del proyecto, que revela una ejecución del 72.02% y un saldo no ejecutado de $2.818 millones.

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El 21 de noviembre de 2023, la administración abrió una nueva licitación pública por $6.716.066.664 para la “terminación de la construcción de la infraestructura educativa para la IED Taganga”, con un plazo de ejecución de seis meses. Este nuevo intento buscaba completar el 26% restante de ejecución.

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La obra, que debía contar con 6 aulas de preescolar, 12 de básica primaria, 14 de secundaria, biblioteca, sala de informática y laboratorios de física, química y biología, nunca fue entregada. Esta situación fue denunciada en reiteradas ocasiones por OPINIÓN CARIBE, que alertó sobre las condiciones de la obra y su impacto en la comunidad.

Tras las denuncias de este medio de comunicación, la Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena, emitió el 28 de febrero de 2024 un Auto ordenando la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra los exalcaldes Rafael Martínez y Virna Johnson, los exsecretarios de Infraestructura Idark Barrios Johnson, David De Marchena González y Jonathan Nieto Gutiérrez, así como contra el contratista Unión Temporal Taganga.

El 7 de marzo de 2024, emitió el Auto No. 054, ratificando la apertura del proceso fiscal y reconociendo la veracidad de las irregularidades denunciadas por el medio. La entidad también determinó que el presunto daño patrimonial al Distrito de Santa Marta se fija en $9.050.742.010, correspondientes a las cuantías canceladas al contratista ($7.998.194.491) y a la firma interventora ($1.613.276.879).

Ver documento de la Contraloría aquí. 

En 2025, el alcalde Carlos Pinedo Cuello propuso reactivar el proyecto con una inversión de $9.000 millones. No obstante, el 19 de septiembre de este año, anunció que un estudio de patología estructural determinó que la edificación representa un riesgo para la comunidad y debe ser demolida. Esta decisión marca el punto final de una obra que nunca cumplió su propósito y que, lejos de beneficiar a la comunidad, se convirtió en una carga financiera y social.

En total, los samarios han visto comprometidos más de $12.674 millones en una infraestructura que nunca funcionó y que ahora será destruida. El Megacolegio de Taganga, que debía ser un referente educativo, se ha transformado en un caso emblemático de mala gestión pública, falta de seguimiento técnico y ausencia de voluntad política para garantizar el derecho a la educación.

La demolición no solo representa una pérdida económica, sino también un golpe a la esperanza de cientos de familias que durante años esperaron una solución. Mientras tanto, la comunidad de Taganga sigue sin contar con una institución educativa digna.