Una elección suspendida a tiempo y por exceso de poder

Las advertencias fueron claras, pero la Asamblea decidió ignorarlas, confiada en que nadie frenaría la maniobra. La justicia intervino antes de que se consumara un acto de captura institucional que, más que continuidad, representaba un proyecto de control absoluto sobre el control fiscal.

Por: Víctor Rodríguez Fajardo

La historia reciente del Magdalena enseña que las advertencias institucionales rara vez son escuchadas a tiempo. En este caso, la Procuraduría General de la Nación alertó, mediante el oficio PD2VPFP N.º 1356 del 21 de octubre de 2025, que la elección del contralor departamental mostraba señales de desviación: un contrato cuestionado con la Universidad de Medellín, una terna sin equilibrio de género y una verificación de inhabilidades tan laxa como el entusiasmo por votar rápido.

Nada de eso fue un rumor. La advertencia era formal, documentada y dirigida expresamente a la Mesa Directiva de la Asamblea del Magdalena, que debía responder antes del 24 de octubre. Pero la respuesta nunca llegó. Se optó por el silencio, ese que en la política local se ha vuelto la forma más cómoda de desobedecer. El silencio tuvo consecuencias. Una tutela interpuesta por una de las aspirantes fue admitida con medida provisional de suspensión, y un juez ordenó detener el proceso hasta decidir de fondo.

La justicia actuó donde la política eligió avanzar sin freno. Lo que se detuvo no fue solo una elección, sino la posibilidad de consolidar un proyecto de continuismo político disfrazado de mérito. En la Asamblea, el ambiente lo decía todo. Algunos aspirantes respondían con aires de suficiencia, convencidos de que su elección era un trámite. No hablaban como candidatos, sino como delegados de un acuerdo ya cerrado. Había más certeza que competencia, más respaldo que mérito.

Y es que cuando el poder se siente dueño del resultado, el proceso se vuelve una formalidad incómoda.

La presidenta de la corporación, Ángela María Cedeño, no puede alegar sorpresa. Tenía sobre la mesa el exhorto de la Procuraduría, las reclamaciones ciudadanas y la obligación legal de detener el trámite. Eligió ignorar las alertas, como si la prudencia fuera un lujo y no un deber. Esa decisión —aparentemente técnica— terminó siendo un acto político de desobediencia institucional.

Detrás de la prisa no había sentido de urgencia pública, sino el propósito de mantener bajo control una Contraloría dócil, garante de un equilibrio ficticio: un ente que, a pesar de auditar todas las entidades del departamento, nunca reportó pérdidas ni hallazgos significativos. Una perfección contable tan improbable que ya no genera confianza, sino sospecha. Lo que se detuvo, entonces, no fue una terna, sino una estructura de poder. La suspensión judicial no debe verse como obstáculo, sino como una defensa del orden democrático frente a su distorsión más peligrosa: la captura de los órganos de control por los mismos a quienes deben vigilar.

La Asamblea aún puede corregir, pero no rehaciendo el procedimiento con las mismas intenciones, sino asumiendo que la transparencia no se delega ni se finge. El mérito no se improvisa. La confianza no se decreta. La legalidad, cuando se desprecia, termina regresando desde los estrados, a veces demasiado tarde. Esta vez, sin embargo, llegó a tiempo.

Y aunque el proceso esté en pausa, la lección queda en pie: el poder no puede seguir confundiendo la autonomía con la impunidad, ni la representación con la obediencia. La democracia no necesita más contralores de bolsillo, sino instituciones que se atrevan a mirar de frente al poder que las nombra.