Sistema de salud al borde del colapso: ANDI lanza alerta por posible liquidación de EPS

La advertencia pone en evidencia el riesgo de una crisis humanitaria de gran escala y cuestiona decisiones del Gobierno frente al manejo financiero del sector.

En medio de una de las coyunturas más delicadas del sistema de salud colombiano, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia encendió las alarmas ante una posible liquidación de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), una medida que podría desencadenar un impacto masivo sobre millones de usuarios en el país.

El pronunciamiento advierte que la crisis financiera que atraviesa el sistema no solo compromete la sostenibilidad de las EPS, sino que ya estaría generando efectos directos sobre los pacientes, configurando lo que califican como una “crisis humanitaria” por la dificultad en el acceso oportuno a servicios médicos, medicamentos y tratamientos.

Según el gremio, el problema estructural radica en la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y en los retrasos en los pagos de los llamados Presupuestos Máximos, recursos clave para garantizar la operación del sistema. Esta situación, señalan, ha puesto en jaque el pago a clínicas, hospitales, médicos y demás personal de salud, debilitando toda la cadena de atención.

El pronunciamiento también lanza un señalamiento directo al Gobierno nacional, al sostener que la crisis ha sido “inducida” por decisiones administrativas que han ignorado órdenes de la Corte Constitucional, especialmente en lo relacionado con el ajuste de la UPC y el reconocimiento del rezago financiero acumulado desde 2021.

En ese contexto, la ANDI cuestiona la legitimidad de intervenir o liquidar EPS basándose en indicadores financieros que, según argumenta, no reflejan una realidad estructural corregida por el Estado, lo que podría traducirse en decisiones arbitrarias con graves consecuencias.

Uno de los puntos más críticos es el eventual traslado masivo de afiliados. El gremio advierte que no existe claridad sobre qué EPS serían liquidadas, ni a qué entidades serían trasladados los usuarios, lo que pondría en riesgo la continuidad de tratamientos médicos, especialmente en pacientes con enfermedades de alto costo como cáncer, VIH, enfermedades huérfanas o condiciones crónicas.

Las cifras son contundentes: solo considerando las EPS actualmente intervenidas, cerca de 11,8 millones de afiliados podrían verse afectados. El panorama podría ser aún más grave si se amplía el alcance de las liquidaciones.

Además, se advierte que esta estrategia podría convertirse en un mecanismo indirecto para concentrar afiliados en la Nueva EPS, una hipótesis que cobra fuerza tras la suspensión del decreto de regionalización del aseguramiento por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, que frenó la medida para evitar afectaciones a los derechos fundamentales de los usuarios.

El impacto no sería únicamente asistencial. La ANDI alerta sobre un posible colapso operativo en las EPS receptoras, que tendrían que asumir una carga masiva de pacientes sin garantías de capacidad instalada, además de un golpe económico por el desconocimiento de deudas acumuladas en el sistema, lo que pondría en riesgo pagos, empleos y la estabilidad del talento humano en salud.

El mensaje del gremio es contundente: avanzar en liquidaciones sin resolver los problemas estructurales del financiamiento podría profundizar la crisis en lugar de solucionarla.

En un sistema ya debilitado, la advertencia no es menor. Lo que está en juego no es solo la viabilidad de las EPS, sino el acceso mismo a la salud de millones de colombianos.