Nación
Caen en la mira jefes de la Segunda Marquetalia por crimen Miguel Uribe Turbay
La investigación revela una estructura criminal articulada desde las disidencias de las Farc para ejecutar el asesinato con fines políticos. La justicia apunta a los máximos responsables.
En un avance clave que sacude el panorama político y judicial del país, la Fiscalía General de la Nación confirmó que entró en su fase final la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.
Como resultado, fueron emitidas siete órdenes de captura contra integrantes del denominado estado mayor de la estructura criminal conocida como Segunda Marquetalia, además de quien sería el principal articulador del crimen.
De acuerdo con el ente acusador, el asesinato no fue un hecho aislado. Detrás del crimen habría existido una operación estructurada que combinó la acción de una red urbana contratada —bajo un esquema de “outsourcing criminal”— con la dirección estratégica de un grupo armado organizado residual.
Las órdenes de captura cobijan a Kendry Téllez Álvarez, señalado como el posible determinador del homicidio, así como a figuras clave dentro de la línea de mando de la organización, entre ellos Iván Luciano Marín Arango, Géner García Molina y Alberto Cruz Lobo, junto a otros presuntos integrantes.
A todos se les atribuyen delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas.
Las pesquisas indican que Kendry Téllez Álvarez habría sido el encargado de planear, coordinar y financiar el asesinato. Según la Fiscalía, contactó a Simeón Pérez Marroquín a inicios de 2025 y facilitó encuentros con mandos de la organización en zona de frontera con Venezuela.
El objetivo, según la investigación, estaba claro: el senador Uribe Turbay. Por su muerte se habría ofrecido una suma de 1.000 millones de pesos.
Este entramado criminal, según el expediente, obedecía a directrices de alto nivel dentro de la estructura armada, con la intención de incidir en el escenario político nacional.
En nueve meses de investigación, la Fiscalía, en articulación con la Policía y el CTI, ha logrado judicializar a nueve implicados, quienes permanecen privados de la libertad.
Tres de ellos ya fueron condenados mediante preacuerdos: Simeón Pérez Marroquín: 22 años y 4 meses de prisión. Carlos Mora González: 21 años. Katherine Andrea Martínez Martínez: 21 años y 2 meses.
Además, el adolescente de 15 años que ejecutó el ataque fue sancionado bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
La Fiscalía concluyó que el asesinato cumple con todos los criterios para ser considerado un magnicidio, al estar motivado por la condición política de la víctima y su rol como senador y precandidato presidencial.
